MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8BC50.9475C1D0" Este documento es una página Web de un solo archivo, también conocido como archivo de almacenamiento Web. Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento Web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos, como Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01C8BC50.9475C1D0 Content-Location: file:///C:/72EADAF9/08-4569.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Revisión del Documento

Exp: 08-003439-0007-CORes: 2008-004569=

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA = DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con treinta minutos de veintis= éis de marzo de dos mil ocho.-

Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta p= or los diputados OLIVIER PÉREZ GONZÁ= ;LEZ, ELIZABETH FONSECA CORRALES, RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES, ALBERTO SA= LOM ECHEVERRÍA, RONALD SOLÍS BOLAÑOS, ANDREA MORALES D&Iac= ute;AZ, PATRICIA ROMERO BARRIENTOS, MARVIN ROJAS RODRÍGUEZ, SERGIO ALFARO SA= LAS, JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS, GRETTEL ORTIZ ALVAREZ, PATRICIA Q= UIRÓS QUIRÓS, FRANCISCO MOLINA GAMBOA, LESVIA VILLALOBOS SALAS, JOSÉ ROSALES OBANDO, JOSÉ MERINO DEL RÍO, OSCAR LÓPEZ ARIAS= , Y LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES respecto a la aprobación del proyecto de ley “Ley General de Telecomunicaciones”, que se tramita en el expediente legislativo número 16.398.

1.- La consu= lta se recibió en la Secretaría de la Sala a las 13:40 hrs. de 19= de febrero de 2008. Las copias certificadas del exped= iente legislativo No. 16.398, “L= ey General de Telecomunicaciones” se tuvi= eron por recibidas en la Sala mediante resolución del día 27 de febrero de 2008. En consecuencia, el plazo para evacuar la consulta vence e= l día 27 de marzo de 2008.

2.- Consider= an los legisladores consultantes que el procedimiento seguido en la tramitaci&= oacute;n del proyecto ley que se conoce en el expediente legislativo No. 16.398, “Ley General de Telecomunicaciones” se infringieron aspectos procedimentales y contiene vicios de inconstitucionalidad por el fondo.  Se&= ntilde;alan que en la sesión ordinaria No. 94, celebrada el 15 de noviembre de 2= 007 el Plenario Legislativo aprobó una moción de orden para aplic= arle el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa al expediente legislativo consultado.  Estiman que se aplicó, erróneamente, el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa a este proyecto de ley, t= oda vez que,  su contenido est&aac= ute; excluido de los presupuestos de admisibilidad de esa norma, por requerir de= una votación de mayoría calificada para ser aprobado y regular materias que están previstas en la excepción de la norma de c= ita, en síntesis: A) porque se modifican fines y competenc= ias de instituciones autónomas, así como, se transfieren competen= cias del Poder Ejecutivo a instituciones autónomas, como lo es el crear u= na Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) con administración, asignación, ejecución y control de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad en materia de telecomunicaciones, vaciando y ampliando de forma profunda y sustancial los fines, para los cuales, la Asamblea Legislativa c= reó a la ARESEP. Concluyen que la ARESEP estaría pasando de ser una institución concebida, únicamente, para regular los servicios= públicos a ser una institución ejecutora, con funciones de ejecución de proyectos relacionados con la prestación de servicios público= s de telecomunicaciones, siendo que los objetivos que en el proyecto se le prete= nden encomendar a la ARESEP son objetivos que en la actualidad el legislador le asignó a otra institución autónoma, sea el Instituto Costarricense de Electricidad. Asimismo, el proyecto de ley le asigna a la ARESEP, a través de la SUTEL, la función de promover la competencia en el mercado nacional de las telecomunicaciones entre operador= es de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones; competencias que, actualmente, son ejercidas por el Poder Ejecutivo a través de otro &= oacute;rgano creado para cumplir, específicamente, con dicha finalidad, sea la Co= misión para promover la competencia, órgano de desconcentración m&aa= cute;xima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En igual tesitura, el proyecto de ley consultado traslada a la ARESEP una serie de competencias relacionadas con el control y regulación de las radiocomunicaciones, que en la actualidad son ejercidas por el Departamento= de Control Nacional de Radio, dependencia adscrita al Ministerio de Gobernaci&= oacute;n y Policía. En igual sentido, consideran que las funciones del Departamento de Control Nacional de Radio del Ministerio de Gobernaci&oacut= e;n y Policía se le trasladan a la ARESEP para intervenir en la tramitac= ión de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para la prestaci= ón de servicios de radiodifusión y televisión. B) Que se atribuye mediante el artículo 53 del texto consultado la potestad de revisión de documentos privados a ot= ros órganos de la Administración Pública y se establecen sanciones en los= artículos 74, incisos 8) y 10), a aquellos que se nieguen a entregar la informaci&oac= ute;n que se les requiera. Impone obligaciones en el artículo 58 y sancion= es en el artículo 74. En su criterio, las normas mencionadas son susceptibles de afectar documentos privados protegidos por el artícu= lo 24 constitucional, pues se refieren a las potestades de la Superintendencia= de Telecomunicaciones para exigir la entrega o la divulgación a tercero= s de información en general, sin establecer ningún tipo de excepci= ón para aquella información que tenga el carácter de documento privado. Si bien es cierto, reconocen que mediante la aprobación de = la moción de fondo No. 339-137 (03-81-CE), la Comisión Especial = que conoció de las mociones de fondo presentadas en Plenario, elimin&oac= ute; los artículos 53 y 58 del texto, consideran que, igualmente, no se eliminaron otras normas que requieren de una votación agravada en ra= zón a lo dispuesto en el artículo 24 constitucional, tales como el art&i= acute;culo 74, incisos 8) y 10) y porque la eliminación se produjo una vez apli= cado el artículo 208 bis a ese texto. Por otro lado, refieren que con la aplicación de este procedimiento especial se han establecido variaci= ones que implican una reducción de los derechos de los representantes de = la nación, entre las cuales citan: a) Reducción de los dí= as para presentar mociones de fondo en Plenario, b) Limitación del dere= cho de presentar mociones de fondo en Plenario, mediante un aumento de las caus= ales para declarar inadmisibles dichas mociones, c) Reducción de los plaz= os para defender mociones de apelación, de revisión y de fondo en Plenario y en comisión, d) Fijación de un plazo perentorio de veinte sesiones para la votación del proyecto de ley en Plenario, el cual empezó a correr antes de 5 de diciembre de 2007. C) Asimismo, refieren la imposibilidad de aplicar el= artículo 208 bis del reglamento legislativo a este proyecto, ya que se trata de la apertura de un monopolio del Estado para la prestación de servicios = de telecomunicaciones, específicamente, en lo que se refiere a telefon&= iacute;a celular. Hacen referencia a que el procedimiento consagrado en el art&iacut= e;culo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa no distingue entre monopo= lios de derecho y monopolios de hecho. En otro orden de ideas, los consultantes consideran violentados los artículos 124 y 117 de la Constituci&oacu= te;n Política, por cuanto, la moción de orden aprobada en la sesi&= oacute;n No. 94 de 15 de noviembre de 2007, respecto a la aprobación de un procedimiento especial, nunca fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta.=   Los diputados consultantes explica= n que en el trámite legislativo del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones ha contado con tres textos; uno fue el base presentado a= la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo, el texto sustitutivo presenta= do por varios disputados que es, prácticamente, el texto dictaminado y, finalmente, el texto con las modificaciones realizadas vía mociones = de fondo, según lo establecido en el trámite diseñado para este procedimiento según lo dispuesto en el artículo 208 bis. Reconocen que el texto base y el texto sustitutivo fueron consultados a las instituciones que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asambl= ea Legislativa indicó y, además, se realizaron otras tantas consultas facultativas. Cuestionan que, sin embargo, el texto último= con las modificaciones realizadas por la vía de mociones de fondo, no fue consultado a pesar de que introduce cambios significativos al texto dictaminado. Consideran, en consecuencia, que algunos de los cambios introducidos deben ser, obligatoriamente, consultados a la ARESEP por refer= irse a la concesión del espectro radioeléctrico, pues, de lo contrario, se infringe el artículo 190 de la Constitución Pol= ítica. En otro orden de ideas, refieren que pese a que el procedimiento normado a = la luz del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone que la Presidencia de la Asamblea Legislativa “podrá suspender el conocimiento del expediente hasta la emisión de la resolución respectiva” y a que se presentaron 650 mociones de reiteración, la Presidencia no suspendió el conocimiento del expediente. En consecuencia, las dos sesiones destinadas a recibir mociones de reiteración en Plenario, se contabilizaron como parte del plazo perentorio de veinte sesiones fijado pa= ra la discusión efectiva y votación del proyecto, a pesar de que= en esas dos sesiones no se entró a conocer, en efecto, el expediente po= r el fondo ni a discutir su contenido (Sesiones No. 19 y 111 de 14 y 17 de dicie= mbre de 2007). Lo anterior provocó que quedaron 176 mociones de reiteraci= ón que fueron votadas mecánicamente sin discusión alguna, de las cuales, sólo se votaron 164. Consideran que los actos descritos violentaron los principios de pluralismo político y democráti= co, así como el derecho de enmienda de los legisladores. Cuestionan que = las mociones de reiteración admitidas por la Presidencia fueron puestas = en conocimiento, defendidas por sus proponentes y votadas en tan solo 19 sesio= nes, siendo que en la sesión de 12 de febrero de 2008 no se permiti&oacut= e; la defensa de mociones sino que sólo se procedió a su votaci&= oacute;n, incumpliéndose, además, el procedimiento establecido en la mo= ción 208 bis. La Presidencia de la Asamblea Legislativa consciente de que no se = había dado un trámite adecuado, procedió a emitir la resoluci&oacut= e;n No. 2007-2L-016 en la sesión extraordinaria No. 031 celebrada el 11de febrero de 2008, en la que acordó “extender la discusión del proyecto de ley No. 16.398 por una sesión más”, en virtud que “durante este periodo de 20 sesiones, el conocimiento y discusión de las mociones de reiteraci&o= acute;n se ha visto truncado en razón de varios motivos, entre ellos, los recesos solicitados por distintas fracciones políticas, sesiones cor= tas, así como los continuos rompimientos de quórum”.  Consideran que dicha resolución es arbitrar= ia, insuficiente e incapaz de subsanar las irregularidades apuntadas, por cuant= o, la Presidencia no tomó en consideración que no se habí= an dedicado las 20 sesiones al conocimiento y discusión de las mociones= de reiteración, ya que, en las sesiones No. 019 y 111 no hubo discusi&o= acute;n ni conocimiento de enmiendas; que en varias sesiones se conocieron muy pocas mociones sin un debate efectivo del proyecto; y que otras sesiones fueron levantadas antes de la hora, aún sin que fuera aprobada una moci&oac= ute;n al efecto por 38 diputados. En síntesis, señalan que no hubo = una discusión amplia y efectiva del proyecto, como lo exigiría la fijación de un plazo fatal para su votación. Considera que la Presidencia violentó el propio trámite del artículo 208 bis, pues contabilizó sesiones en que no se conoció ni discut= ió por el fondo el proyecto, violentando con ello el derecho de enmienda y de participación política de los y las legisladoras. Cuestionan, incluso, la práctica del Poder Ejecutivo de alterar el orden del d&i= acute;a a través de la convocatoria y desconvocatoria de proyectos de ley, q= ue provocó que se contabilizaran sesiones en las que no hubo una verdad= era discusión. Los consultantes insisten que la Asamblea Legislativa dio= al proyecto de ley un trámite absolutamente fugaz e impetuoso que impid= ió una discusión reposada del proyecto y lesionó el derecho de enmienda de los diputados, a tal punto que no se conocieron ni votaron por = el Plenario Legislativo doce mociones de reiteración debidamente presentadas y admitidas por la Presidencia. De conformidad con el procedimi= ento 208 bis aprobado para la tramitación de este proyecto de ley, todas = las mociones de reiteración debían ser puestas a conocimiento y votación, siendo que, si finalizadas las 20 sesiones, quedaran mocio= nes pendientes, la Presidencia debía destinar las sesiones subsiguientes necesarias para su conocimiento y votación sin discusión algu= na. Precisamente, en la sesión extraordinaria No. 032 celebrada el 12 de febrero de 2008, la destinada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa para la votación sin discusión de las mociones de reiteraci&o= acute;n pendientes. Sin embargo, en el acta de la sesión indicada, las mocio= nes numeradas 550-1, 549-1, 547-1, 546-1, 548-1, 565-1, 545-1, 555-1, 558-1, 55= 4-1, 557-1 y 566-1, no fueron siquiera sometidas a votación por parte de = la Presidencia, violentando, severamente, con ello el derecho de enmienda de la legisladora proponente. Las mociones indicadas fueron presentadas en tiempo= y forma e, incluso, fueron declaradas como admisibles por resolución emitida por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, al menos sí fueron las numeradas 550-1, 549-1, 548-1, 565-1, 555-1, 558-1, 554-1, 557-1= y 566-1.  Insisten que el hecho = que la Presidencia no haya sometido a votación las mociones admitidas 550-1, 549-1, 547-1, 546-1, 548-1, 565-1, 545-1, 555-1, 558-1, 554-1, 557-1 y 566-= 1 y las 560-1 y 485-1,  configura = un vicio sustancial del procedimiento parlamentario que implica su inconstitucionalidad. Por otra parte, cuestionan que el Presidente apoyado = en el procedimiento del artículo 208 bis y la resolución respect= iva, impidió que se pudieran conocer y discutir varias enmiendas presenta= das por varios diputados referidas a los artículos finales del proyecto = de ley, las cuales, contenían aspectos esenciales que fueron poco debat= idos durante el trámite del proyecto de ley, debido a que siempre quedaro= n al final de la lista de mociones a discutir y nunca se logró terminar c= on el conocimiento y la discusión de todas las mociones presentadas. Po= r lo anterior, el Presidente de la Comisión ordenó que las mociones pendientes fueran votadas en bloque sin discusión alguna y sin lectu= ra del contenido de la moción. En la última sesión de dis= cusión de mociones se le otorgó la palabra por el orden a varios diputados = de la Comisión Especial, pero le limitó el derecho al uso de la palabra y el derecho a apelar al diputado Rafael Elías Madrigal Bren= es. Interpretan que se trató de un levantamiento anticipado de la &uacut= e;ltima sesión de la comisión dictaminadora donde se conocieron mocio= nes de fondo. Cuestionan que en la Sesión Extraordinaria  No. 33 de 14 de febrero de 2008, el Presidente del Directorio procedió en contravención a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento de la Asamblea Legislati= va, a dar por discutido el proyecto de ley No. 16.398. Es decir, no le pregunt&= oacute; al pleno y no brindó el plazo prudencial para dar por discutido el proyecto de ley.  Por lo anter= ior, consideran que se produjo una denegación arbitraria del uso de la palabra de la diputada Andrea Morales Díaz por la inaplicación del artículo 129 del Reglamento de la Asamblea por parte del Preside= nte del Parlamento. En ese mismo orden de ideas, cuestionan que, posteriormente, hubo una denegación arbitraria del derecho de apelación contr= a la resolución de la Presidencia del Directorio que dio por discutido el proyecto de ley. En relación al fondo del proyecto consultado, consideran violentado el principio de reserva de ley  y el derecho al secreto de las comunicaciones, ya que, la propuesta en cuestión crea una habilitaci= ón genérica al Poder Ejecutivo para regular la comunicación de l= os particulares y produce una verdadera deslegalización de materias reservadas a la ley. Asimismo, estiman que en el artículo 66 del proyecto consultado se produce una negación del contenido esencial d= el derecho de contratación privada, por cuanto se le otorgan facultades excesivas al órgano regulador al otorgarle la potestad de sustituir = la voluntad de las partes en el otorgamiento de un contrato y en la regulaci&o= acute;n de una relación negocial. Indican que el artículo 2, inciso h= ), del proyecto establece una violación del deber de contribuir con los gastos públicos, ya que dispone que no debe fomentarse el establecimiento de tributos. De igual modo, señalan que se produce c= on el proyecto en cuestión una ruptura del Estado Social de Derecho, ya= que se aparta del concepto de solidaridad social, al prohibir los subsidios cruzados por considerarlos prácticas monopolísticas relativas= en el artículo 60, inciso c). Alegan la inconstitucionalidad del art&ia= cute;culo 20 del proyecto, que crea una nueva figura contractual administrativa, llam= ada “concesión directa”= por no establecer el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo otorgará la concesión, indicando, simplemente, que “las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma directa,= según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado”=   y agrega que “la SUTEL instruirá el procedimiento de otorgamiento de la concesi&oacut= e;n” sin detallar el procedimiento a seguir para ese fin. Agregan que el proyecto consultado contiene inconstitucionalidades por violación al principio de seguridad jur&i= acute;dica, por la ausencia en el proyecto de la definición de “= servicio telefónico bási= co tradicional”  y la atribución de competenc= ias a órganos inexistentes como el MINAET en el artículo 6 inciso 16, a SUTEL en el artículo 6 incisos 30, 12, 17, 20, 30, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 56, 6= 0, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81 y 82 y al Consejo Sectorial de Telecomunicaciones en el transitorio IV. Señalan que el proyecto es inconstitucional por resultar contrario al principio de razonabilidad, ya que, no hay una gradualidad de la apertura, tal y como se= había previsto en el Anexo 13 del Tratado de Libre Comercio. Más bien, consideran que no existe una etapa de transición entre la prestaci&o= acute;n monopólica y la competencia en el mercado de los operadores y proveedores del servicio de telecomunicaciones, lo que, en su criterio, es violatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Cuestionan que con el proyecto consultado se produce una irrazonabilidad de la contrib= ución parafiscal a establecerle porcentajes mínimos y máximos, meno= res a los concebidos originalmente. Estiman que se produce una transformaci&oac= ute;n y otorgamiento irregular del título habilitante de concesión,= en lugar de la licencia contenida en la Ley de Radio No. 1758, sin tomar en cu= enta el pago del impuesto, el plazo y sin cumplir con los requisitos del concurs= o público. En su criterio, la figura de la licencia ha sido utilizada en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ofrece mayores ventajas que la figura de la concesión. Concluyen que al mudar el concepto de “licencia” que mantiene la Ley de Radio, No. 1758 por el de “concesión” se debió tomar en cuenta la naturaleza jurídica de la figura propuesta y, en ese sentido, debi&o= acute; haberse variado no sólo el contenido del artículo 18 de la Le= y de Radio No. 1758 con el fin de incluir un canon razonable que estuviera acorde con las expectativas retributivas del bien dado en concesión, sino t= ambién, en relación con los plazos, requisitos y demás condiciones propias de un contrato de concesión. Indican que la estructura de la licencia conlleva un derecho de uso a título precario que está limitado en el tiempo y la forma; mientras que si se tratara de una concesi= ón, se le estaría otorgando un derecho subjetivo perfecto para obtener e= l título habitante, en perjuicio del interés general, por tratarse de la pres= tación de servicios públicos y estar en juego los bienes propios de la Naci= ón. Finalmente, cuestionan que se produce una contradicción de la reforma planteada en el artículo 83, inciso a), con el artículo 32 p&= aacute;rrafo cuarto del mismo proyecto. Lo anterior, por cuanto, alegan que partiendo del supuesto de que para prestar servicios de telecomunicaciones se debe contar= con el título habilitante según el artículo 32, pár= rafo 4, y que con la modificación planteada en el artículo 83 sobre varios artículos de la Ley de Radio, No. 1758 se cambia el concepto = actual de “licencia” por el de “concesi&oacut= e;n” se estaría otorgando directamente el título habilitante reque= rido para poder prestar servicios de telecomunicaciones a los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión sin haber pasado por = el proceso previo de concurso público. Consideran que lo anterior viole= nta los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad derivados de la Constitución Política.

3.- En memorial recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:50 hrs. de= 20 de febrero de 2008, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Ant= onio Pacheco, manifiesta que en razón del recibo en la Secretaría = del Directorio de copia del recibido de la consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley No. 16.398, “Ley General de Telecomunicacion= es”, esa Presidencia se enteró de = la existencia de un posible vicio sustancial del procedimiento. En concreto, catorce mociones de reiteración, todas de la legisladora Leda Zamora Chaves, si bien fueron debidamente presentadas y admitidas por esa Presiden= cia, no se pusieron en conocimiento y votación del Pleno. Ante gesti&oacu= te;n de esa Presidencia, el Director de la Secretaría del Directorio veri= ficó que esa omisión se debió a que al momento de ordenar las moci= ones para ponerlas en conocimiento de la Mesa Directiva, el funcionario encargado omitió aplicar el texto expreso de la resolución de Presidenc= ia No. 2007-2L-013 y, en su lugar, hizo uso de un cuadro Excel de trabajo preparado por unos asesores para ordenar cientos de mociones pendientes y q= ue él interpretó erróneamente. Afirma que, desdichadamente, tanto e= sa Asamblea Legislativa como la Presidencia se encuentran imposibilitadas de sanear el procedimiento. El Reglamento de la Asamblea Legislativa solamente prevé los recursos de revisión y de apelación como mecanismos de convalidación. En el presente caso, después de recibida la votación en primer debate, la propia legisladora afectad= a, junto con otros diputados de la bancada, presentaron recurso de revisi&oacu= te;n el día 13 de febrero de los corrientes. Sostiene que tal recurso constituía el único medio que tenía la Asamblea de reencausar el procedimiento, pues había sido presentado en tiempo, a= ntes de la firmeza del acta de la sesión de 3 de febrero. Sin embargo, sus promotores lo retiraron el 19 de febrero después de presentada la consulta ante la Sala. Indica que en auto emitido al efecto, se incorporan = al expediente estas circunstancias.

4.- Mediante resolución de las 10:50 hrs. de 21 de febrero de 2008, se dispuso agregar al expediente las manifestaciones del Presidente de la Asam= blea Legislativa (ver folio 96).

5.- Mediante resolución de las 15:30 hrs. de 21 de febrero de 2008, se tuvo por presentada la consulta formulada, por lo que se solicitó al Director= io de la Asamblea Legislativa la remisión del expediente legislativo No. 16.398, o bien, copia certificada del mismo (ver folios 97-98).

6.- En nota visible a folio 99 del expediente, el Magistrado suplente Federico Sos= to López presentó su inhibitoria para conocer esta consulta (ver folio 99). 

7.- Mediante resolución de las 13:21 hrs., la Presidenta a.i. de la Sala Constitucional aceptó el motivo de inhibitoria del Magistrado Sosto = López (ver folio 100).

8.- Mediante resolución de las 7:55 hrs. de 27 de febrero de 2008, se tuvo por re= cibida copia certificada del expediente legislativo (ver folio 105).

9.-     En memorial reci= bido en la Secretaría de la Sala a las 14:09 hrs. de 9 de marzo de 2008, = las diputadas Elizabeth Fonseca Corrales y Leda María Zamora Chaves, del Partido Acción Ciudadana, se refieren a las manifestaciones del Presidente del Directorio Legislativo. Recalcan las supuestas irregularidad= es en relación a la votación de las mociones de reiteració= ;n. Concluyen que los diputados firmantes de la moción de revisió= n de la votación recaída sobre el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, decidieron su retiro, pues, el Presidente de la Asamblea había sido claro en que la moción no podía cambiar nad= a de lo actuado con el expediente ante la eventualidad que se aprobara, sino que= , lo único que procedía era someter de nuevo a votación la iniciativa, no pudiendo valorar ningún otro acto legislativo (ver original a folios 107-113 y copias a folios 115-122). 

10.-  Mediante resolución de las 15:19 hrs. de 3 de marzo de 2008, la Presidenta a.i. de la Sala Constitucional, o= rdenó agregar a sus antecedentes las manifestaciones de las diputadas del Partido Acción Ciudadana (ver folio 114).

11.-  = En memorial recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:49 hrs. de 12 de marzo de 2008, se apersonaron los diputados Francisco Antonio Pacheco, Mayi Antillón Guerrero, Lorena Vás= quez Badilla, Silvia Charpentier, Oscar Núñez Calvo, Ofelia Taitelbaum, José L. Valenciano, Janina Del Vechio, Jorge Ménd= ez, Luis Carlos Araya, Hilda González Ramírez, José A. Oca= mpo B, Francisco Marín Monge, Xinia Nicolás, Salvador Quiró= ;s, Clara Zomer, Yalile Esna, Sandra Quesada, Gladis González y Jorge E.= Sánchez Sibaja en su condición de “amicus curie”,  se refieren, ampliamente, a los cuestionamientos de los legisladores consultantes. Solicitan a este Tribunal avalar la constitucionalidad del procedimiento y el fondo del proyecto, pue= s, en su criterio, el trámite ha estado apegado a la constitucionalidad= en todos sus aspectos (ver folios 123-218).  

12.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de le= y.

 

Redacta = el Magistrado Jinesta Lobo; y,

:

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. La presente consulta facultativa de constitucional= idad fue efectuada por dieciocho diputados de la Asamblea Legislativa luego de la aprobación en primer debate del proyecto “Ley General de Telecomunicaciones”, <= /i>Expediente Legislativo No. 16.398. Adicionalmente, cabe apuntar que el citado proyecto de ley fue consultado antes de su aprob= ación definitiva.  Por lo expuesto y= de conformidad con lo establecido en el artículo 96, inciso b), de la L= ey de la Jurisdicción Constitucional, esta consulta legislativa de cons= titucionalidad resulta admisible y se procede a evacuarla.

II.-  = OBJETO DE LA CONSULTA. La cons= ulta se plantea para que este Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de presuntos vicios esenciales en la substanciación del procedimiento legislativo del expediente legislativo No. 16.398, así como, algunos aspectos de fondo.

 =          III.- SOBRE EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO No. 16.398.  De previo a analizar en detalle los extremos consultados por los legisladores, conviene realizar un recuento so= mero sobre las vicisitudes del procedimiento legislativo al que fue sometido el expediente legislativo No. 16.398, en el que se conoce el proyecto de la “Ley General de Telecomunicacion= es”:

1)      =     El 3 de octubre de 2006, el Ministro d= e la Presidencia, en representación del Poder Ejecutivo, presentó, ante la Secretaría del Directorio Legislativo, el proyecto de ley <= /i>Ley General de Telecomunicaciones (ver folios 1-1= 02 de la copia del expediente legislativo, Tomo I).

2)      =     El 6 de octubre de 2006, se procedi&oa= cute; a la entrega de la copia del expediente al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos (ver folio 103 de la copia del expediente legislativo, Tomo I).

3)      =     El 23 de septiembre de 2006 (sic) el Direc= tor del Departamento de Archivo Investigación y Trámite, remiti&o= acute; a la Imprenta Nacional el expediente Ley General de Telecomunicaciones para su respectiva publicaci&oac= ute;n en el Diario Oficial La Gaceta, el cual, fue publicado en La Gaceta No. 208= de (ver folios 104 y 116 de la copia del expediente legislativo, Tomo = I).

4)      =     El proyecto en cuestión fue sometido a cons= ulta el 20 de diciembre de 2006, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, al Regulador General= , al Gerente General de Radiográfica Costarricense, al Ministro de Ambien= te y Energía y a la Contralora General de la República (ver oficios visibles a folios 116-120 de la copia del expediente legislativo, Tomo I). =

5)      =     El 18 de enero de 2007 se entreg&oacut= e; el expediente a la Secretaría del Directorio para que el trám= ite se continuara en el Plenario Legislativo (ver folio 129 de la copia del expediente legislativo, Tomo I).

6)      =     En sesión ordinaria del Plenario Legislativo No. 136 de 18 de enero de 2007 se aprobó una moció= ;n que dispensó de trámites al proyecto Ley General de Telecomunicaciones” (ver fo= lios 130-140 de la copia del expediente legislativo, Tomo I). 

7)      =     En sesión ordinaria del Plenario Legislativo No. 137 de 22 de enero de 2007 se aprobó una moció= ;n de orden para crear una comisión especial que conociera y dictaminar= a el proyecto de ley (ver folio 153 de la copia del expediente legislativo, Tomo I). 

8)      =     El 24 de enero de 2007 el expediente = fue enviado a la <= /i>Comisió= n Especial que conocerá= y dictaminará= el expediente = No. 16.398 Ley General de Telecomunicaciones” (folio 170  de la copia del expediente legisla= tivo, Tomo I). 

9)      =     En la sesión No. 2 de la Comisión Especial, realizada el 5 de febrero de 2007,<= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR'> se aprob&oacut= e; una moción para solicitar la comparecencia de las siguientes autoridades: Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Regulador General de la República, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad y, además, los representantes de la C&= aacute;mara de Infocomunicaciones, la Oficina Control de Radio, a los sindicatos ASDEIC= E y SIICE, la Defensora de los Habitantes, al CONARE, al Director de ICE-RACSA,= a la Comisión para la promoción de la competencia, al Frente Interno de Trabajadores del ICE, al Sindicato de Profesionales en Ciencias = Económicas del ICE, a los representantes de RACSA, de la Unión de Cámara= s y a ACOTEL (ver folios 202 y 242 de la copia del expediente legislativo, as&i= acute; como las respectivas convocatorias visibles a folios 244-287 ídem, T= omo I). 

10)      = En fecha , el Presidente de la Comisión Especial le consultó el proyecto al Ministro de Hacienda, así como a los Concejos Municipale= s de San José, Montes de Oca, Goicoechea, Curridabat, Alajuelita, Aserr&i= acute;, Desamparados, Escazú, Santa Ana, Vásquez de Coronado, Tib&aac= ute;s, Moravia, Acosta, Dota, León Cortés, Mora, Puriscal, Tarraz&ua= cute;, Turrubares, Pérez Zeledón, Alajuela, Alfaro Ruiz, Atenas, Gre= cia, Guatuso, Los Chiles, Naranjo, Orotina, Palmares, Poás, San Mateo, Up= ala, Valverde Vega, San Carlos, San Ramón, Peñas Blancas, Heredia, Sarapiquí, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, Flores, Bel&eacu= te;n, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Cartago, Cervantes, Tucurrique, Alvar= ado, El Guarco, Jiménez, Oreamuno, Turrialba, Paraíso, La Uni&oacu= te;n, Nandayure, Abangares, Cañas, Distrito de Colorado, Santa Cruz, Caril= lo, Hojancha, La Cruz, Bagaces, Tilarán, Nicoya, Liberia, Puntarenas, Mo= ntes de Oro, Coto Brus, Lepanto, Corredores, Buenos Aires, Osa, Garabito, Golfit= o, Parrita, Esparza, Aguirre, Cóbano, Distrito de Monteverde, Paquera, = Limón, Siquirres, Guácimo, Pococí, Matina y Talamanca, al Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, al Rector de la Universidad Est= atal a Distancia, a la Rectora de la Universidad de Costa Rica, a la Rectora de = la Universidad Nacional, al Superintendente de Pensiones Complementarias, al Superintendente General de Entidades Financieras, al Ministro de Planificac= ión y Política Económica (ver folios 373-475, 681 y 694 de la cop= ia del expediente legislativo, Tomo II). 

11)      = Mediante oficio= No. CE-50-02-07 de 20 de febrero de 2007, el Presidente de la Comisi&oacu= te;n Especial le solicitó al Presidente de la Asamblea Legislativa una pr= órroga de un mes para que la Comisión rindiera el informe correspondiente (= ver folio 2014 de la copia del expediente legislativo, Tomo  VI). 

12)      = El fue aprobada en Comisión una moción de orden para que= se llamara a audiencia al Presidente del Banco Central de Costa Rica, a la Com= isión Asesora en Alta Tecnología, al Consejo Universitario de la Universid= ad de Costa Rica y a las co-generadoras eléctricas (ver folios 2024, 20= 47 y 2188-2189 de la copia del expediente legislativo, Tomo VI). 

13)      = Mediante la opi= nión jurídica No. OJ-015-2007 de 26 de febrero de 2007, la Procuraduría General de la República rindió= ; su criterio en relación al Proyecto Ley General de Telecomunicaciones (= ver dictamen a folios 2552-2577 de la copia del expediente legislativo, Tomo VI= I).

14)      = En oficio No. DAGJ-0215-2007 de 28 de febrero de 2007, rindió su criterio la Contraloría General de la República (ver folios 2912-2966 de = la copia del expediente legislativo, Tomo VIII).

15)      = En sesión ordinaria No. 159 de 1° de marzo de 2007 del Plenario Legislativo, se aprobó una moción de orden para prorrogar el plazo que tenía la Comisión Especial para dictaminar el proye= cto de ley en cuestión, hasta el 30 de marzo de 2007 (ver folio 2970 y 2= 977 de la copia del expediente legislativo, Tomo VIII). 

16)      = Mediante oficio= No. ST. 032-2007-J de 15 de marzo de 2007, la Directora del Departamento de Servicios Técnicos, remitió a la Comisión Especial el informe jurídico del expediente No. 16.398 (ver folios 3856-3882 de = la copia del expediente legislativo, Tomo XI). 

17)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 174 de 28 de marzo de 2007, el Plenario Legislativo aprob&o= acute; una moción de prórroga a la Comisión Especial que cono= cería y dictaminaría el expediente No. 16.398 para que rindiera el informe hasta el 24 de abril de 2007 (ver folios 4511-4520 de la copia del expedien= te legislativo, Tomo XIII). 

18)      = En la sesi&oacu= te;n plenaria No. 185 de 25 de abril de 2007, el Plenario Legislativo aprob&o= acute; una moción para prorrogar el plazo de la Comisión hasta el 16= de mayo de 2007 (ver folios 5350-5358 de la copia del expediente legislativo, = Tomo XV).  

19)      = Mediante oficio ST.084-2007 de 9 de mayo de 2007, la Directora del Departamento de Servicios Técnicos rindió el informe económico del expediente No. 16.398 (ver folios 5467-5478 de la copia del expediente legislativo, Tomo XV).   =

20)      = En la sesi&oacu= te;n No. 57 de 11 de mayo de 2007 de la Comisión Especial se aprobó una moción que introdujo un texto sustitutivo del proy= ecto “Ley General de Telecomunicaciones” (ver folios 5593-5641 y 5662-5730 de la copia del expediente legislativo, ver Tomo XV).

21)      = En la sesi&oacu= te;n No. 57 de 11 de mayo de 2007, la Comisión Especial apr= obó una moción para que el texto sustitutivo del proyecto en discusi&oac= ute;n fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta (ver folios 5642 y 5662-5730= de la copia del expediente legislativo, ver Tomo XV).

22)      = En la sesi&oacu= te;n No. 57 de 11 de mayo de 2007, la Comisión Especial apr= obó una moción para que el texto sustitutivo fuera consultado al Institu= to Costarricense de Electricidad, a la Autoridad Reguladora de los Servicios P= úblicos y al Ministerio de Ambiente y Energía, asimismo, se aprobó la moción No. 18 para que el texto sustitutivo se pusiera en conocimien= to del Instituto Costarricense de Electricidad, todos los Sindicatos del ICE, = la UCCAEP, todas las operadoras de pensiones, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, todos los Colegios Profesionales, todos los Ministeri= os, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia General de Entidades Financieras, t= odas las Municipalidades del país, Radiográfica Costarricense, Com= pañía Nacional de Fuerza y Luz, Procuraduría General de la Repúblic= a, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Departamento Naciona= l de Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Policía, la Corte Suprema de Justicia, todos los bancos comerciales del Estado, el Fond= o de Garantías y de Ahorro del ICE, la Defensoría de los Habitante= s, todas las instituciones autónomas del país, las empresas de generación eléctrica, CONACOOP, CONAI, DINADECO, ANEP, ANDE, UPINS  (ver folios 5646, 5650-= 5651 y 5662-5730, así como los oficios visibles a folios 5731-6019, as&iacu= te; como folios 6173-6195 de la copia del expediente legislativo, ver Tomos XV,= XVI y XVII).

23)      = En la sesi&oacu= te;n plenaria No. 009 de 15 de mayo de 2007, el Plenario aprobó una m= oción para concederle a la Comisión hasta el 7 de junio de 2007 para que rindiera el dictamen correspondiente (ver folios 6025-6026 y 6028-6034 de la copia del expediente legislativo, Tomo XVII).

24)      = El se recibió en la Comisión Especial, la opinión= de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sobre el proyecto = de ley (ver folios 6078-6106 de la copia del expediente legislativo, Tomo XVII= ).

25)      = El , la Defensora de los Habitantes presentó su informe en relac= ión al proyecto sustitutivo de la “Ley de Telecomunicaciones” (ver folios 6202-6238 de = la copia del expediente legislativo, Tomo XVII).

26)      = El se recibió en la Comisión Especial, la opinión= de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos sobre el Proyecto = de <= /i>Ley General de Telecomunicaciones (ver folios 6509-6540 de la copia del expediente legislativo Tomo XVIII).

27)      = Mediante el ofi= cio No. DAGJ-0592-2007 de 6 de junio de 2007, la Contraloría General d= e la República rindió ante la Comisión Especial el criterio sobre el texto sustitutivo de la Ley General de Telecomunicaciones (ver folios 6897-6910 de la copia del expediente legislativo, Tomo XIX).

28)      = En sesión ordinaria No. 21 de 6 de junio de 2007, el Plenario Legislativo aprob&o= acute; una moción de prórroga a la Comisión Especial para que rindiera su dictamen el 20 de junio de 2007 (ver folios 6981-6990 de la cop= ia del expediente legislativo, Tomo XIX).

29)      = En oficio OJ-047-2007 de 11 de junio de 2007, la Procuraduría General = de la República rindió una opinión consultiva en relaci&o= acute;n al texto sustitutivo del proyecto de ley (ver folios 7258-7275 de la copia = del expediente legislativo, Tomo XX).

30)      = Mediante resolu= ción de 20 de junio de 2007, el Presidente de la Comisi&oacu= te;n Especial dictó una resolución en la indicó que “= faltando treinta minutos para el cierre de esta sesión, se suspenderá la discusión del proyecto, se tendrán por rechazadas las mociones pendiente= s y sin mayor dilación se procederá= a la votació= n del proyecto<= /span>”. La anterior resolución fue puesta en conocimiento de la Comisión= en la fecha indicada y apelada, moción de apelación que no prosp= eró (ver folios 7498-7499, 7635-7660 de la copia del expediente legislativo, To= mo XXI).

31)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 78 de la Comisión Especial, realizada el   = se someti&oacut= e; a votación el proyecto “Ley General de Telecomunicaciones, donde se obtuvo cinco votos favorables y cuatro en contra, emitiéndose un dictamen afirmativo de mayoría (ver acta de la sesión a folios 7627-7711 y espec&iac= ute;ficamente los folios 7706 y 7707, así como el dictamen afirmativo de mayor&iac= ute;a a folios 7713-7795 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXI).

32)      = El se presentó ante la Secretaría del Directorio el info= rme integrado jurídico-económico del Departamento de Servicios T&= eacute;cnicos en relación al texto sustitutivo del proyecto de ley en cuesti&oacut= e;n (ver folios 7799-7896 de la copia del expediente legislativo Tomo XXII).<= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR'>

33)      = El se presentó ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa el dictamen afirmativo de minoría del Diputado Carlos Manuel Gutiérrez Gómez (ver folios 7898-7967 de la cop= ia del expediente legislativo, Tomo XXII).

34)      = El se recibió en la Secretaría del Directorio de la Asam= blea Legislativa  el dictamen negat= ivo de minoría de tres legisladores (ver folios 7968-8189 de la copia del expediente legislativo, Tomos, XXII y XXIII).

35)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 093 de 14 de noviembre de 2007 del Plenario Legislativo, la Primera Secretaria inició la lectura de una moci&oac= ute;n de orden vía artículo 208 bis relacionada con el proyecto de = ley <= /i>Ley General de Telecomunicaciones  (ver folios 8263-8272 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXIII).

36)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 094 de 15 de noviembre de 2007 del Plenario Legislativo, se aprobó una moción de orden vía art&iac= ute;culo 208 bis, para someter el proyecto Ley General de Telecomunicaciones a un procedimiento especial. Posteriormente, se desechó una moción de revisión a la votación recaída sobre la moción anterior (ver folios 8273-8301 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXIII).

37)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 14 de 30 de noviembre de 2007, se inici&oacu= te; la discusión por el fondo del proyecto en cuestión, con la explicación de los dictámenes presentados y se registró= ; la primera sesión para presentar mociones de fondo (ver folios 8302-831= 5 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXIII).

38)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 017 de 27 de noviembre de 2007, continu&oacut= e; la discusión del proyecto de ley en cuestión y se contabiliz&= oacute; la segunda sesión para presentar mociones de fondo (ver folios 8316-= 8323 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXIII).

39)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 102 de 29 de noviembre de 2007, se inici&oacu= te; en el Plenario la lectura de la resolución de la Presidencia No. 2007-2L-011 en relación con la admisión de las mociones de fo= ndo vía artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa (ver folios 8324-8329 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXIV). <= /span>

40)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 103 de 3 de diciembre de 2007, se continu&oa= cute; la lectura de la resolución de la Presidencia No. 2007-2L-011 en  relación con la admisi&oacu= te;n de las mociones de fondo vía artículo 208 bis del Reglamento = de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, se desecharon dos mociones de apel= ación a la resolución emitida y, seguidamente, se desechó una moci&= oacute;n de revisión a la votación recaída sobre la moció= ;n de apelación anterior (ver folios 8334-8767 de la copia del expedien= te legislativo, Tomos XXIV y XXV).

41)      = El , la Comisión Especial entregó a la Secretaría = del Directorio el informe sobre mociones vía artículo 137, indica= ndo que se aceptaron 15 mociones y el resto fueron desechadas, las que fueron conocidas en las sesiones 79 a 91 los días (ver folios 8768-8787 de la copia del expediente legislativo, así como, las mociones a folios 8788-9878 y las actas de las sesiones de la Comisión Especial a folios 9879-11270, Tomos XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII).

42)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 019 de 14 de diciembre de 2007 se continu&oac= ute; en el Plenario con la discusión del proyecto de ley a partir de la lectura del informe de mociones de fondo, se tuvo por recibidas 332 mocione= s de reiteración, se contabilizó como la primera sesi&oa= cute;n de discusión por el fondo del proyecto y la primera sesi&o= acute;n para la presentación de mociones de reiteración (ver folios 11286-11304 de la copia del expediente legislativo, tomo XXXIII).

43)      = En sesión ordinaria No. 111 de 17 de diciembre de 2007 se continu&oac= ute; la discusión del proyecto de ley en su trámite de primer deba= te, se contabilizó la segunda sesi&oa= cute;n de discusión por el fondo y la segunda sesión para = la presentación de mociones de reiteración. Posteriormente, se suspendió la discusión con el objeto de confeccionar la resol= ución de admisibilidad de las mociones  (ver folios 11305-11310 de la copia del expediente legislativo tomo XXXIII).

44)      = En sesión ordinaria No. 112 de 18 de diciembre de 2007 se continu&oac= ute; la discusión del proyecto en su trámite en primer debate, se contabilizó la tercera sesión de discusi&oac= ute;n por el fondo y se dio lectura a la resolución No. 2007-2L-013 de la Presidencia de la Asamblea Legislativa relacionada con la admisibilidad de = las mociones de reiteración vía artículo 208 bis. A contin= uación, se desecharon cuatro mociones de apelación presentadas a la resoluci= ón anterior, una moción para que el proyecto de ley fuera enviado a la Comisión Dictaminadora y catorce mociones de reiteración (ver folios 11311-11484 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXIV).

45)      = En la resoluci&= oacute;n No. 2007-2L-013 de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, se tuvieron p= or admitidas las mociones 548, 549, 550, 554, 555, 557, 558, 560, 565, 566, de= la Diputada, Leda Zamora Chaves (ver folio 11423 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXIV).

46)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 114 de 20 de diciembre de 2007,  se contabilizó la cuarta sesión de discusión por el fondo d= el proyecto de ley en cuestión; se desechó una moción para que el proyecto fuera enviado a la Comisión Dictaminadora por un pla= zo de dos días hábiles y dos mociones de reiteración (ver folios 11496-11513 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXIV).

47)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 020 de 7 de enero de 2008 se continu&oac= ute; la discusión del proyecto de ley; se contabilizó la quinta sesión de discusión por el fondo<= /span>; se desecharon= 22 mociones de reiteración y se aprobó una moción para levantar la sesión antes de la hora señalada (ver folios 11527-11626 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXIV).

48)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 021 de 8 de enero de 2008 se continu&oac= ute; la discusión; se contabilizó la sexta sesi&o= acute;n de discusión por el fondo; se desecharon 15 mociones de reiteración y se aprobó una moción para levantar la se= sión antes de la hora señalada (ver folios 11637-11721 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXV).

49)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 022 de 9 de enero de 2008 continuó= ; la discusión del proyecto; se contabilizó la séti= ma sesión de discusión por el fondo y se desecharo= n 24 mociones de reiteración (ver folios 11730-11844 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXV).

50)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 120 de 14 de enero de 2008 se continuó la discusi&oa= cute;n del proyecto de ley en su trámite de primer debate; se contabiliz&oa= cute; la octava sesión de discusión por el fondo<= /span> y se desecharo= n 4 mociones de reiteración (ver folios 11845-11867 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXV).

51)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 026 de 15 de enero de 2008 se continu&oac= ute; la discusión del proyecto de ley; se contabilizó la novena sesión de discusión por el fondo<= /span> y se desecharo= n 22 mociones de reiteración (ver folios 11868-11966 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXVI).

52)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 121 de 15 de enero de 2008 se continuó la discusi&oa= cute;n del proyecto de ley; se contabilizó la décima sesión de discusión por el fondo y se desecharo= n 3 mociones de reiteración (ver folios 11967-11986 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXVI).

53)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 027 de 16 de enero de 2008, se continu&oa= cute; la discusión del proyecto de ley en primer debate; se contabiliz&oac= ute; la undécima sesión de discusión por = el fondo y se desecharon 26 mociones de reiteración (ver folios 11987-12107 de la copia del expediente legislativo, Tomos XXXVI y XXXVII). =

54)      = En sesión ordinaria No. 125 de 22 de enero de 2008 se continuó la discusi&oa= cute;n del proyecto de ley; se contabilizó la duodé= cima sesión de discusión por el fondo y se desecharo= n 24 mociones de reiteración (ver folios 12108-12215 de la copia del expediente legislativo, Tomo  XXXVII).

55)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 129 de 29 de enero de 2008 se continuó la discusi&oa= cute;n del proyecto de ley; se contabilizó la décima tercera sesión de discusión por el fondo y se desecharo= n 42 mociones de reiteración (ver folios 12221-12398 de la copia del expediente legislativo, Tomo  XXXVII).

56)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 28 de 30 de enero de 2008 se continu&oac= ute; la discusión del proyecto de ley; se contabilizó la décima cuarta sesión de discusión po= r el fondo y se desecharon 28 mociones de reiteración (ver folios 12399= -12524 de la copia del expediente legislativo, Tomo  XXXVIII).

57)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 131 de 31 de enero de 2008 se continuó la discusi&oa= cute;n del proyecto de ley; se contabilizó la décima quinta sesión de discusión por el fondo y se desecharo= n 25 mociones de reiteración (ver folios 12525-12638 de la copia del expediente legislativo, Tomo  XXXVIII).

58)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 029 de 4 de febrero de 2008 se continu&oac= ute; la discusión del proyecto de ley; se contabilizó la décima sexta sesión de discusión por= el fondo y se desecharon 34 mociones de reiteración (ver folios 12639-12784 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXXIX).

59)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 133 de 5 de febrero de 2008 se continu&oac= ute; con la discusión del proyecto de ley; se contabilizó la décima sétima sesión de discusi&oacu= te;n por el fondo y se desecharon 23 mociones de reiteración (ver folios 12785-12896 de la copia del expediente legislativo, Tomos XXXIX y XL).

60)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 030 de 6 de febrero de 2008 se continu&oac= ute; con la discusión del proyecto de ley, se anunció que se contabiliza la décimo octava sesión de discusión por el fondo; y se desecharon 24 mociones de reiteración (ver folios 12897-13009 de la copia del expediente legislativo, Tomo XL).

61)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 135 de 7 de febrero de 2008, se continuó la discusi&o= acute;n del proyecto de ley; se contabilizó la décimo novena sesión de discusión por el fondo de conformidad= con el procedimiento especial y, seguidamente, se desecharon 40 mociones de reiteración (ver folios 13017-13201 de la copia del expediente legislativo, Tomos XL y XLI).

62)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 031 de 11 de febrero de 2008<= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR'>, se continu&oa= cute; con la discusión del proyecto de ley en su trámite en primer debate; se contabilizó la vigésima sesión de discusión por el fondo; se desecharon= 26 mociones de reiteración y se dio lectura a la resolución No. 2007-2L-016 mediante la cual, el señor Presidente extendió la discusión del proyecto de ley por una sesión más (ver folios 13202-13333 de la copia del expediente legislativo, Tomos XLI y XLII= ).

63)      = En la primera p= arte de la sesión ordinaria No. 136 de 11 de febrero de 2008, varios Diputados externaron su criterio en relación con la resolución No. 2007-2L-016, mediante la cual, se extendió la discusión por una sesión más. En la segunda sesi&oacut= e;n continuó la discusión por el fondo y se contabilizó la= vigésima primera sesión de discusión= por el fondo, de conformidad con el procedimiento especial del artículo 2= 08 bis y la resolución No. 2007-2L-016; seguidamente, se desecharon 40 mociones de reiteración (ver folios 13334-13549 de la copia del expediente legislativo, Tomos XLII y XLIII).

64)      = En la sesi&oacu= te;n extraordinaria No. 032 de 12 de febrero de 2008<= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR'> se continu&oac= ute; la discusión del proyecto de ley en cuestión y, posteriorment= e, se desecharon 163 mociones de reiteración, de conformidad con el procedimiento especial del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, asimismo, hicieron uso de la palabra varios diputados (ver folios 13550-14104 de la copia del expediente legislativo, Tomos XVIII, XLIV, XLV).

65)      = Las mociones de reiteración Nos. 560-1, 485-1, 550-1, 549-1, 547-1, 546-1, 548-1, 56= 5-1, 545-1, 555-1, 558-1, 554-1, 557-1, 566-1 presentadas por la Diputada Zamora= Cháves no fueron votadas (ver folios 13888-13916 de la copia del expediente legislativo, Tomo XLIV).

66)      = En la sesi&oacu= te;n ordinaria No. 137 de 12 de febrero de 2008 se continuó la discusi&oa= cute;n por el fondo del proyecto de ley en su trámite de primer debate (ver folios 14105-14182 de la copia del expediente legislativo, Tomo XLV).

67)      = En sesión extraordinaria No. 033 de 13 de febrero de 2008<= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR'> se continu&oac= ute; la discusión por el fondo del proyecto de ley; se desechó una moción de orden para que la votación de primer debate se realizara en forma nominal y se declaró improcedente una moció= ;n de apelación. Finalmente, se dio la aprobación en primer deba= te (ver folios 14183-14224 de la copia del expediente legislativo, Tomo XIVI).   

IV.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 208 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  El a= rtículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone lo siguiente:

 

Artículo 208 bis. Procedimientos Especiales=

Mediante moción de orden, aprobada por dos tercios de sus votos, la Asamblea Legislativa podrá establecer procedimientos especiales para tramitar las reformas a su Reglamento y proyectos de ley cuya aprobació= n requiera mayo= rí= a absoluta, exceptuando la aprobación de contratos administrativos, los relacionados a la ven= ta de activos del Estado o apertura de sus monopolios y los tratados y conveni= os internacionales sin importar la votación requerida para su aprobación. Todo procedimiento especial deberá= respetar el principio democrático, y salvaguardar el derecho de enmienda. (Adicionado mediante Acuerdo N<= i>º 6231 del 8 de marzo de 2005).

 

      =     Sobre el particular, cabe indicar que este Tribunal Constitucional en la sentencia No. 2005-00398 de las 12:10 hrs. de 21 de enero de 2005, con redacció= ;n del Magistrado ponente, se pronunció en relación a la conform= idad del referido procedimiento legislativo con el Derecho de la Constituci&oacu= te;n. En esa oportunidad, se resaltaron las potestades del legislador para autorregular los procedimientos legislativos a la luz de lo dispuesto en el= artículo 121, inciso 22), de la Constitución Política. Asimismo, se detallaron las condiciones, bajo las cuales, el numeral de cita resulta, sustancialmente, conforme con el Derecho de la Constitución.  Se indicó lo siguiente:

 

(...) A) Respeto del principio democrático y de participació= n pol= í= tica y libre de= las minorí= as: Este Tribun= al Constitucional entiende que el proyecto de adición del artículo 208 bis al Reglamento de la Asambl= ea Legislativa resulta conforme con el Derecho de la Constitució= n, siempre y cu= ando se disponga o interprete que la moción de orden ahí dispuesta debe ser aprobada por votació= n no menor de l= as dos terceras partes del total de los miembros de ese órgano, puesto que, establecer o disponer procedimientos especiales para el trámite de la reforma al Reglamento y ciertos proyectos de l= ey, supone una reforma o modificación del Reglamento, esto es, de los procedimientos ordinariamente dispuestos, de modo que para cumplir con lo estatuido  en el numeral 121, inciso 22), de = la Constitució= n Pol= í= tica y, sobre t= odo, para ser congruentes con los principios democrático y de participació= n de las minor<= /span>í= as en la toma de una decisió= n fundamental o trascendental, debe requerirse tal mayoría calificada o agravada que supone la obtenció= n de un consenso legislativo en el que concurran, para su respeto, distintas orientaciones  político-partidarias o ideoló= gicas. A lo anterior, debe agregarse que la observancia de los recaudos establecidos en= el acuerdo interpretativo No. 4084 del 10 de junio de 1999 -por tratarse del ejercicio del poder de reforma- garantiza tales principios, tal y como lo e= xpuso esta Sala en el Voto No. 8408 de las 15:24 hrs. del 3 de noviembre de 1999, parcialmente transcrito en el considerando tercero de esta sentencia. B) Observancia del principio de seguridad jurídica: En aras de ajustar el proyecto de adició= n al principio constitucional de la seguridad jurídica y de evitar cualquier cualquier factor sorpresivo, e= ste Tribunal asume que debe disponerse o entenderse que la moció= n que reforma el reglamento, al establecer un procedimiento especial, debe indicar de forma = suficientemente explí= cita, clara y precisa las diversas fases o etapas en la sustanciación de ese iter especial, de modo que com= o se requiere de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa en su determinación, también, se respeten los principios democrático y de participació= n pol= í= tica y libre de= las minorí= as. (....)<= /i>

 

En consecuencia, la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa a los trámites parlamentarios = no resulta inconstitucional, siempre y cuando, se entienda que la moció= n de orden para un procedimiento especial debe ser aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y que en el acu= erdo se establezca de forma explícita, clara y precisa las fases o etapas= del procedimiento especial dispuesto.

V.- SOBRE LA MOCI&Oacu= te;N DE ORDEN PARA APLICAR EL ARTÍCULO 208 BIS AL CASO CONCRETO. Del aná= ;lisis del trámite del expediente parlamentario No. 16.398 se desprende que= en la sesión ordinaria No. 093 de 14 de noviembre = de 2007 del Plenario Legislativo, la Primera Secretaria inició la lectura de una moción de orden vía artículo 208 bis relacionada con el proyecto de ley. Posteriormente, en la sesión ordinaria No. 094 de 15 de noviembre de 2007, se aprob&oacu= te; una moción de orden vía artículo 208 bis, para someter= el proyecto <= /i>Ley General de Telecomunicaciones a un procedimi= ento especial. Posteriormente, se desechó una moción de revisi&oac= ute;n a la votación recaída sobre la moción de orden indicad= a. Consta en el acta correspondiente que de conformidad con la norma del Reglamento, la moción fue aprobada por una mayoría calificada= , es decir, 38 diputados (ver folio 8293 de la copia del expediente legislativo)= . A mayor abundamiento, dicha decisión fue sometida a revisión mediante una moción de orden, la cual, fue desestimada por un total = de 39 legisladores. Ahora bien, cabe indicar que de la lectura del acuerdo en cuestión se colige que, efectivamente, indica en forma explíc= ita, clara y precisa las fases o etapas del procedimiento especial dispuesto par= a la tramitación específica del proyecto Ley General de Telecomunicaciones<= /i>. Nótese= que se reguló el inicio del trámite en Plenario con la explicaci&= oacute;n general del texto por parte de los diputados dictaminadores. Además,= se estableció la regulación para la presentación de mocio= nes de fondo, así como, las reglas para su admisibilidad y su conocimien= to ante la Comisión Dictaminadora. Igualmente, se reguló el tr&a= acute;mite de las mociones de reiteración, a saber, su presentación, la admisibilidad, el conocimiento y la votación. En el punto sexto de la resolución, se detalla la forma de discusión y votación del proyecto de ley, así como, la votación de las mociones de reiteración o mociones de fondo. En consecuencia, la decisión= de emplear el procedimiento previsto en el artículo 208 bis del Reglame= nto de la Asamblea Legislativa fue adoptada por la Asamblea Legislativa en ejercicio de sus competencias y  mediante la mayoría requerida por la norma reglamentaria. De = conformidad con lo anterior, este Tribunal Constitucional estima que, en el caso concre= to, se cumplieron los recaudos impuestos por el Derecho de la Constitució= ;n y previamente definidos por esta instancia.

VI.- SUPUESTA APLICACIÓN INDEBIDA= DEL ARTÍCULO 208 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL CREARS= E, POR UNA LEY NO APROBADA POR MAYORÍA CALIFICADA, NUEVAS COMPETENCIAS = PARA LA ARESEP -AL ADSCRIBIRSE LA SUTEL A ESE ENTE- Y TRANSFERIRLE COMPETENCIAS = DE ALGUNOS ÓRGANOS DEL PODER EJECUTIVO. Los consultantes estiman que el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones requiere de una mayoría calificada para su aprobación, por cuanto, se modifican los fines y competencias de una institución autónoma como lo es la ARESEP= -al adscribir a ese ente la SUTEL-, dado que, el artículo 189, inciso 3&= deg;), de la Constitución impone que para la creación de nuevas instituciones autónomas se precisa de votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros. En su criterio, se trata de competen= cias y funciones distintas a las que, actualmente, tiene la ARESEP, con lo cual = son modificadas. Asimismo, consideran que se le transfieren a la ARESEP una ser= ie de competencias que, actualmente, ejercen algunos órganos del Poder Ejecutivo como la Comisión de Promoción de la Competencia y la Oficina de Control de Radio. Sobre este extremo de la consulta debe se&ntil= de;alarse que el artículo 189, inciso 3°, de la Constitución Pol&ia= cute;tica aún para las instituciones autónomas con autonomía pol= ítica o de gobierno -de segundo grado-, como el caso de la ARESEP, creadas por ley reforzada, no le impone al legislador ordinario que para atribuirle nuevas competencias o atribuciones o transferirle otras que se encuentran conferid= as a otros entes públicos -sea el Estado u otro ente descentralizado- se precise de una ley reforzada, de haberlo querido así el constituyente originario, así lo hubiere dispuesto para limitar, de manera expresa= , la libertad de conformación del legislador ordinario que debe ser el principio y la regla. A lo sumo, podría estimarse necesaria una ley reforzada cuando las competencias atribuidas o transferidas suponen una var= iación sustancial de los fines y cometidos del ente público descentralizado -previamente asignados-  o una verdadera y real innovación de las que tiene ya asignadas por el ordenamiento jurídico. Al respecto, es preciso señalar que la  SUTEL como órgano adscrito a la ARESEP tendrá por competencia fundamental y caracter&i= acute;stica regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicacion= es (artículo 6°, inciso 27, del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones)  y, más concreta= mente, regular el uso y explotación de las redes y la prestación de = los servicios de telecomunicaciones (artículo 1°, párrafo 1&d= eg;, ibidem) por parte de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional (artículo 1°, p&aac= ute;rrafo 2°, ibidem), atribución que resulta absolutamente congruente y conforme con la competencia previamente asignada a la ARESEP de ente regula= dor de servicios. En efecto, nótese que la Ley No. 7593 de 9 de agosto de 1996 y sus reformas “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios = Públicos”, en su artículo 4°, entre los objetivos fundamentales, de esa ent= idad figuran (incisos f y d) ejercer la regulación de los servicios que determine ese cuerpo normativo, formular y velar por que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad p= ara prestar óptimamente los servicios regulados. De otra parte, el art&i= acute;culo 5°, inciso b), de la Ley de la ARESEP le atribuye como función la fiscalización o supervisión de Los servicios de telecomunicaciones cuya regulació= n est= é= autorizada por= ley<= /i>. A partir de e= sas normas de la Ley de la ARESEP es factible concluir que las competencias asignadas por el proyecto consultado a la ARESEP, concretamente al ó= rgano de esta entidad que se denominará SUTEL, no varían, sustancialmente, la competencia por antonomasia de ese ente de regulaci&oac= ute;n y fiscalización, concretamente, de los servicios de telecomunicacion= es. De otra parte, tampoco se produce una innovación sustantiva o significativa de las competencias previamente atribuidas, toda vez que las = que el proyecto pretende conferir se enmarcan dentro de la competencia original= y fundamental de la ARESEP de regular la prestación de los servicios. Resulta obvio que la SUTEL tendrá&n= bsp; una serie de competencias anexas o complementarias para el cumplimie= nto de su cometido fundamental y característico de regulación de = los servicios de telecomunicaciones, como velar por el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, la promoci= ón de acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad de manera oportuna, eficiente, a precios asequibles y competitivos, reducir la brecha digital, instruir procedimientos para otorgar un título habilitante, administ= rar el FONATEL, etc.. Todas esas competencias,=   evidentemente, son propias de un ente regulador de servicios, de modo que no puede estimarse que se produce una innovación o variaci&oacut= e;n sustancial de éstas, sino, más bien, una especificació= n o concreción de las que ya tiene asignadas la ARESEP de regulaci&oacut= e;n y armonización de los intereses de los consumidores, usuarios y prestatarios de los servicios regulados (artículo 4°, incisos  a y f, de la Ley de la ARESEP). En= punto a la presunta transferencia de competencias de algunos órganos del P= oder Ejecutivo a la ARESEP, debe indicarse que si el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones procura una apertura del mercado de ese segmento de actividad, es lógico que tenga competencias en materia de promoci&oa= cute;n y defensa de la competencia y de regulación del espectro radioel&eac= ute;ctrico en cuanto se encuentra involucrado en el tema de las telecomunicaciones. Ca= be advertir que desde el prisma del Derecho de la Constitución la promo= ción de la libre competencia es un deber que atañe a todos los poderes p&= uacute;blicos y no exclusivamente al Poder Ejecutivo (artículo 46, párrafo = 2°, de la Constitución). En todo caso, el constituyente no le reserva al Poder Ejecutivo como una competencia excluyente y exclusiva la regulaci&oac= ute;n del espectro o campo radioeléctrico en materia de telecomunicaciones, extremo respecto del cual el legislador ordinario puede ejercer su libertad= de conformación. En suma, las competencias conferidas a la ARESEP, concretamente al nuevo órgano que es creado por virtud del proyecto consultado -SUTEL-, no innovan o varían sustancialmente la competenc= ia de ente regulador de esa institución autónoma, por el contrar= io, especifican, concretan o desarrollan -para el caso específico de las redes y prestación de servicios de telecomunicaciones-, las que tiene previamente atribuidas por virtud de la Ley No. 7593 de 9 de agosto de 1996= y sus reformas.

VII.- ADUCIDA APLICACI= ÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 208 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLAT= IVA AL REGULARSE MATERIAS CUBIERTAS POR LA PRIVACIDAD O CONFIDENCIALIDAD DEL  ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUC= IÓN POLÍTICA. Los diputados consultantes consideran que el proyecto de ley en cues= tión, requiere una votación calificada a la luz de lo dispuesto en el ordi= nal 24 de la Constitución Política, pues, la Norma Fundamental im= pone una ley especial aprobada por dos tercios del total de los Diputados para determinar cuáles órganos de la Administración P&uacut= e;blica podrán revisar los documentos que esa ley señale, en relaci&o= acute;n con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia p= ara la consecución de fines públicos. Los legisladores alegan que= en el proyecto consultado se atribuyen potestades de revisión de docume= ntos privados a órganos de la Administración Pública y se establecen sanciones en los casos en que los prestatarios se nieguen a entr= egar la información que se les requiera.=   Específicamente, los legisladores señalan que la moci&= oacute;n para aplicar un procedimiento especial a la Ley General de Telecomunicacion= es se basó en el texto del Dictamen Afirmativo de Mayoría de 20 = de junio de 2007, el cual, contenía las siguientes disposiciones:

 

<= /i>ARTÍCULO 53.-      &nb= sp;   Suministro de información

Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones están obligados a presentar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) los informes y documentación que ésta requiera con las condiciones y la periodicidad que ésta indique y q= ue sea indispensable para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones q= ue se establecen en la Ley.  Los informes contables que solicite la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) deberá= n ser presentad= os debidamente certificados por un contador público autorizado externo.

La información estratégica de desarrollo del negocio que el operador o proveedor presente, podrá ser declarada de oficio o a solicitud de parte como confidencial.  Los funcionario= s, empleados, asesores y cualquier otra persona física o jurídica que preste servicios a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) están obligados a respetar la confidenciali= dad de la información as<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>í= declarada.  El funcionario que viole la confid= encialidad de la referida información incurrirá en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad de la administració= n y las sancion= es penales que correspondan.

ARTÍCULO 58.-  Obligaciones de los opera= dores o proveedores importantes

La Superintendencia de Telecomunicacion= es (Sutel) podrá= imponer a los operadores y proveedores importantes las siguientes obligaciones:

a)&n= bsp;       Hacer pública la información que indique la &n= bsp; Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la cual deber= á= ser suficiente, clara, completa y precisa. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) estará= facultada para exigir el nivel de detalle requerido y la modalidad de publicaci<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>ó= n.

(...)

f)&n= bsp;    Proporcionar a otros operadores y proveedores servicios e informació= n de la misma calidad y en las mismas condiciones que la que le proporciona a sus filiale= s o asociados y a sus propios servicios.

g)&n= bsp;  Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esencial= es y poner a disposición de los operad= ores y proveedores información técnica relevante en relación con estas instalaciones, as= í= como cumplir c= on las obligaciones propias del régimen de acceso e interconexión.

(...)

En circunstanci= as debidamente justificadas la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) = podrá= imponer estas obligaciones a otros operadores de redes públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.

ARTÍCULO 74.- Clases de infracciones

Las infraccione= s en materia de telecomunicaciones pueden ser muy graves o graves.

a)       Son infracciones muy graves:

(...)

8)       Negar= se a entregar la información que de conformidad con la Ley requiera la Superintenden= cia de Telecomunicaciones (Sutel), así como ocultarla o falsearla.

(...)

10)     Incumplir con la obligació= n de facilitar = el acceso oportuno las instalaciones esenciales y poner a disposici<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>ó= n de los operad= ores y proveedores información técnica relevante en relación con estas instalaciones.

(...)= <= /i>

 

Consideran los diputados y diputadas consultantes que las normas mencionadas son susceptibles de afectar documentos privados protegidos por = el artículo 24 de la Constitución Política, pues, se refi= eren a las potestades de la SUTEL para exigir la entrega o la divulgación= a terceros, de información en general. En consecuencia, interpretan qu= e al momento en que se aprobó la moción para aplicar al expediente= No. 16.398, un procedimiento especial de conformidad con el artículo 208= bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, éste contenía mate= rias que se encontraban, expresamente, contempladas bajo el supuesto previsto en= el párrafo quinto del artículo 24 de la Constitución Pol&= iacute;tica y, por ende, requería una votación calificada. Sobre el particular, cabe indicar que los propios diputados reconocen que las disposiciones consagradas en los artículos 53 y 58 fueron suprimidas mediante la aprobación de la moción de fondo No. 339-137, aprobada en la Sesión de la Comisión Especial No. 81 de 5 de diciembre de 2007 (ver folios 8788-8793 de la copia del expediente legislat= ivo, Tomo XXV). Por su parte el artículo 74 fue, finalmente, aprobado en primer debate como el 67, al cual se hará referencia infra. Sin emba= rgo, los legisladores consultantes, insisten que las normas transcritas <= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>supra (artícu= los 53, 58 y 74) estaban en el proyecto original que fue sometido a un procedimiento especial vía artículo 208 bis del Reglamento de= la Asamblea Legislativa. Al respecto, considera este Tribunal Constitucional q= ue no existe razón para retrotraer el procedimiento legislativo sustanc= iado hasta ese momento en el que se suprimieron las normas cuestionadas o para anularlo integralmente, pues, la excepción del numeral de cita aplica para el texto que se va a someter a votación en Plenario, pero no as= í, en relación al proyecto dictaminado en la Comisión Especial. = Es evidente que si existió un vicio ab origine, fue subsanado o enmendado ulterior y oportunamen= te, con motivo del ejercicio del derecho de enmienda de los propios diputados y diputadas, por lo que no existe motivo para tener por inválido todo = el procedimiento legislativo. En suma, los propios diputados y diputadas se percataron de la existencia de un vicio que, a propósito, de la disc= usión inherente al debate parlamentario -incluso en comisiones- fue saneado en tiempo. Debe advertirse, finalmente, que el procedimiento legislativo y, en general, el Derecho parlamentario, se encuentran imbuidos de una flexibilid= ad y dinamismo particulares, con lo que no resultan extrapolables a la actividad legislativa una serie de instituciones rígidas y formales de los procesos jurisdiccionales, menos, aún, cuando se orientan a hacer imperar la nulidad por la nulidad. En otro orden de consideraciones, la normativa sometida a consulta, únicamente, conserva las siguientes disposiciones en relación al tema que nos ocupa:

 

Artículo 27: Prestación de otros servicios<= /span>.

Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios disponibles al público, deberá= n informar a la Sutel acerca de los servicios que brinden. La Sutel hará constar esta informació= n en el Registro Nacional de Telecomunicaciones (...)

 

De otra parte, el numeral 67, que enumera las infracciones en materi= a de telecomunicaciones, entre las que se indican las siguientes:

 

(...) 8) Negarse a entregar la informació= n que de conformidad con la ley requiera la Sutel, así como ocultarla o falsearla (...)

10)    Incumplir la obligació= n de acceso o interconexió= n y las demá= s obligaciones = que de ella se deriven.

Estas normas, como se ve, tienen por fin que la SUTEL, como ó= rgano regulador en materia de telecomunicaciones adscrito a la ARESEP, pueda disp= oner de información de claro interés y relevancia pública, = como los servicios que prestan los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios al público, sin que pueda estimarse como información de carácter confidencial o propia de la esfera de intimidad de las respectivas personas físicas o jurídicas que intervengan en esa actividad, al mediar una relación de sujeci&oacut= e;n especial determinada por el respectivo título de habilitación=

 (concesión, autorización o permiso). Es menester agregar que la obligació= n de entregar información a la ARESEP, como ente regulador de servicios y= que en el caso del proyecto consultado será a la SUTEL como órgan= o de ese ente, no es novedosa, sino que está prevista desde la promulgaci= ón de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que = fue aprobada por una mayoría calificada del Plenario Legislativo. As&iac= ute;, el artículo 14 de la Ley No. 7593, dispone lo siguiente:

 

Artículo 14.-

Obligaciones de los prestatarios. Son obligaciones de los prestatarios:

(...)

c) Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que les solicite, relativa a la prestación del servicio.

d) Presentar, cuando la Autoridad Reguladora lo requiera,= los registros contables de sus operaciones, conforme lo disponen esta ley y sus reglamentos. (...)

 

Igualmente, el artículo 24 dispone lo siguiente:

 

“Artículo 24.

Suministro de información. A solicitud de= la Autoridad Reguladora, las entidades reguladas suministrará= n informes, rep= ortes, datos, copias de archivos y cualquier otro medio electrónico o escrito donde se almacene inform= ació= n financiera, contable, econó= mica, estadí= stica y té= cnica relaciona= da con la prestación del servicio = pú= blico que brind= an. Para el cumplimiento exclusivo de sus funciones, la Autoridad Reguladora te= ndrá= la potestad de inspeccionar y registrar los libros legales y contables, comprobantes, informes, equipos y las instalaciones de los prestatarios.<= /i>

 

Asimismo, este Tribunal en el Voto No. 1485-02 de las 14:50 hrs. de = 13 de febrero de 2002, estimó conforme con el Derecho de la Constituci&= oacute;n la obligación de los prestadores de servicios de suministrarle a la ARESEP esa información.

VIII.- PRESUNTA APLICA= CIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 208 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  AL TRATARSE DE UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA APERTURA DE UN MONOPOLIO. Sobre este extr= emo de la consulta, estiman los Diputados y Diputadas que el ICE fue constituido como un monopolio para la prestación única y exclusiva de servicios de telecomunicaciones, siendo que el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones tiene por objetivo fundamental la apertura de ese monopo= lio. Indican que el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa impide la aplicación de un procedimiento especial a un proyecto de ley que este referido () a la venta de activos del Estado o apertura de sus monopolios (). Consideran que ese numeral del Reglamento de la Asamblea Legislativa no distingue entre monopolios de hecho y de derecho. E= ste punto de la opinión consultiva solicitada, impele a este Tribunal Constitucional a determinar sí (1) el constituyente originario, en el artículo 46 Constitucional, distinguió o no entre monopolio d= e derecho y de hecho y si exigió una ley reforzada para suprimir cualquiera de= éstos o para la apertura de un segmento del mercado, (2) si en lo que se denomina= n “servicios inalámbricos” en el artículo 121, inciso 14), sub-inciso c), de la Constitución Política, la intención del constituyente fue explotarlos de manera monopólica, (3) si el ICE fue constituido, constitucional o legalmente, como monopolio de derecho y (4) el alcance del término monopolio en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

 

1) DISTINCI&Oacu= te;N CONSTITUCIONAL ENTRE MONOPOLIO DE DERECHO Y DE HECHO Y TIPO DE LEY REQUERIDA PARA SUPRIMIR CUALQUIERA DE ÉSTOS.&= nbsp; El constituyente originario, en el artículo 46 de la Constitu= ción Política sí distingue entre monopolio de derecho y de hecho. = En efecto, les da un trato diferenciado evidente, así los Diputados de = la Asamblea Nacional Constituyente, Facio Brenes, Acosta Jiménez, Trejo= s, Arias, Esquivel y Volio Jiménez&nbs= p; hicieron referencia a la distinción entre monopolio de hecho = y de derecho (Acta No. 101, artículo 3°, Tomo II, páginas 439-444). En la lógica de ese numeral el monopolio es una situaci&oa= cute;n excepcional del mercado o la economía, por cuanto el párrafo = 1° establece como regla general la proscripción de los monopolios priva= dos, tanto que el párrafo 2° subraya que Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda = prá= ctica o tendenc= ia monopolizadora<= /i>, lo que signif= ica, a contrario sen= su, que los podere= s públicos están constitucionalmente obligados a promover la competencia en el marco de una economía de mercado. El párrafo 4° dispone q= ue <= /i>Para establecer nuevos monopolios a favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá= la aprobació= n de dos tercio= s de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, con lo cual se enfatiza la regla contenida en la   “= constitución económica” -esto es, el conjunto de valores, principios y preceptos que regulan la economía y el mercado en el texto fundament= al- de la libertad de empresa y la libre competencia y, por consiguiente, la excepción calificada del monopolio -incluso los públicos-, da= do que, se precisa de una ley reforzada y, por consiguiente, de un considerable consenso de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para establecer un monopolio público de derecho. Es claro que este párrafo 4° del artículo 46 constitucional, al admitir, excepcionalmente, un monopolio por virtud de una ley reforzada, contempla y consagra el monopolio de derecho. Para el monopolio de hecho, se encuentra dispuesto el párrafo 3° del artículo 46 al se&n= tilde;alar que <= /i>Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislació= n especial<= /i>. Consecuentemen= te, como el monopolio de hecho es una cuestión que se produce en la real= idad del mercado y la economía sin sustento normativo, de acuerdo con el constituyente originario una vez constatada la situación de hecho, c= omo mínimo, debe ser sometida a una regulación jurídica es= pecífica para la protección de los consumidores y ciertos productores en aras= de evitar distorsiones en el mercado. Cabe advertir que el constituyente originario no dispuso que la supresión de un monopolio de derecho o = uno de hecho sometido a una ley posterior deba serlo por una ley reforzada, dado que, en la constitución económica lo normal y ordinario es la libertad de empresa y la libre competencia. Distinto es cuando se trata de pasar de una situación normal y ordinaria -libre competencia- a una excepcional, esto es, cuando se pretende constituir un monopolio. La exigen= cia de una ley reforzada para constituir un monopolio de derecho se impone en cuanto esta figura limita o restringe la libertad de empresa que es la regla normal u ordinaria según el Derecho de la Constitución. Sobre= el particular es preciso enfatizar que los límites intrínsecos y extrínsecos de los derechos fundamentales son reserva de ley. En todo caso, como ya se indicó el artículo 46 constitucional no impo= ne el requisito de una ley reforzada para la supresión de monopolios, s= ean estos de hecho o de derecho o bien para la apertura de un segmento del merc= ado. Ni siquiera la aplicación del principio del paralelismo de las formas del Derecho público, puede justificar un requisito agravado para ret= ornar a las condiciones normales y ordinarias de una economía de mercado -libertad de empresa y libre competencia- que impone la constitución económica. En todo caso, de admitirse el principio del paralelismo de las competencias, sería aplicable a los monopolios públicos de derecho que son los que precisan una mayoría calificada para ser constituidos, no así a los monopolios públicos de hecho, por cuanto, el constituyente dispuso que podrían estar sujetos a un r&ea= cute;gimen legal específico dispuesto por una ley no reforzada. El artíc= ulo 46 de la Constitución Política, en sus primeros cuatro p&aacu= te;rrafos que no han sufrido variación, surge de una moción presentada = por la Fracción Social Demócrata, según se desprende del A= cta de la Asamblea Nacional Constituyente No. 101, artículo 3°, Tomo= II, páginas 439-444. Así el Diputado Facio Brenes manifestó que <= /i>(<= /i>) Estamos, desde luego, con la prohibición de los monopolios, así como de cualquier otro acto que tienda= a amenazar o a restringir la libertad de comercio, agricultura e industria<= /i> y luego agreg&= oacute; que la moción () traduce una o= pinió= n o un sentimie= nto universal que tiende cada día a generalizarse más, en contra de las prácticas o tendencias de cará= cter monopolist= a. Tan es así= que todas las Constituciones modernas han abandonado textos similares al de nuestro estat= uto derogado, para poner a cargo del Estado una acción especial en contra de los monopolios = de hecho. En ese sentido, el señor FACIO citó varias Constituciones de América, que incluyen principios similares= al de la moció= n de la fracci<= /span>ó= n Social Demó= crata. Concretamente se refirió a las Constituciones del Brasil, Paraguay, Cuba, Guatema= la, Mé= xico y Panamá= . Tambi<= i>é= n se refirió= a las nuevas Constituciones de Francia e Italia, esta última promulgada por una Asamblea en que tení= a la mayorí= a el Partido De= mó= crata Cristiano, jefeado por el actual Premier De Gasperi, Partido que constituye la má= xima garantí= a en contra de = los avances del Comunismo en el Mediterráneo, por lo que el principio es de raíz completamente democrá= tico. Agregó= que la moció= n por ellos presentada no hacía má= s que acoger ese sentimiento universal. La idea no ha sido inventada; se relaciona con necesidades muy sentidas por el país, y se enfrenta con situaciones que de hecho existen y q= ue requieren una solución inmediata. Te= rminó= diciendo que l= os inspiraba el deseo de que ese artículo de la Nueva Constitución fuera más valiente, enérgico y concreto que el de la vieja Car= ta polí= tica, para que = en el futuro pueda servir como base para resolver situaciones planteadas por l= os monopolios de hecho.  El constituyente Acosta Jimé= ;nez manifestó que La moción del Social Demócrata () concreta una aspiración universal en contra de los monopolios= , así= como viene a traducir un anhelo democrático. Finalmente el representante Arias indicó = que <= /i>(<= /i>) estaba de acu= erdo en que el paí= s debe defender= se de los monopolios que son altamente perjudiciales para la econom<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>í= a nacional. Nosotros propiamente no podemos decir que tenemos monopolios de derecho, pe= ro por circunstancias especiales existen varias empresas monopolizadoras de hecho<= /span><= /i>.

 

2) El constituyen= te originario dispuso que los servicios inalámbricos o, más concretamente, el uso y explotación del espectro radioeléctri= co o electromagnético, puede darse en un régimen de competencia y libre concurrencia, dado que, puede ser explotado por la administración pública o por particulares<= /i> esa “o&#= 8221; disyuntiva refuerza la libre competencia o concurrencia que admite el constituyente originario y la constitución económica. Ahora b= ien, lo que sí exige el constituyente originario para que un particular explote ese bien del demanio público constitucional es una ley gener= al que permita otorgar concesiones administrativas o una concesión espe= cial conferida por la Asamblea Legislativa. Ha sido, pues, el deseo del Constituyente que los particulares participen de la explotación de e= ste bien, siempre y cuando, se cumplan con las condiciones estipuladas en la pr= opia Norma Fundamental. Cabe resaltar que de la atenta lectura de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente se desprende con meridiana claridad que el Grupo Social Demócrata y la Comisión de reformas del Uni&oacu= te;n Nacional, presentaron una segunda moción -a lo que sería el a= rtículo 121, inciso 14), de la Constitución- el 10 de mayo de 1949 a las 16 horas que, en lo conducente, indicaba lo siguiente:

 

Artículo 82.- Son atribuciones de la Asamblea Legislativa:

() 11.- Decretar= la enajenació= n y aplicació= n a usos pú= blicos de los bienes propios de la Nación. Exceptuándose de esta facultad todos los ferrocarriles y muelles nacionales. Tales ferrocarriles y muelles no podrán ser enajenados ni arrendados, directa= o indirectamente, ni salir en forma alguna del dominio y control del Estado. Exceptú= anse asimismo de dicha facultad:

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del domi= nio pú= blico en el territorio de la República; <= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depó= sitos de petró= leo y cualesqui= era otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional; y

c) Los servicios inalámbricos, los cuales son de utilidad pública y monopolio = del Estado.

Los bienes referidos en los subincisos a) y b) y los servicios inalá= mbricos son inalienables y del dominio del Estado y la concesión y derecho para explotarlos só= lo pueden otorg= arse por tiempo limitado y con arreglo a las leyes reglamentarias especiales;<= /i> (lo resaltado es intencional).  Acta No. 65, ar= tículo. 4, T II, pág. 101-104.

 

Esa moción, que se inspiró en una reforma parcial al a= rtículo 73, inciso 15), de la Constitución de 1871 introducida por la Ley No= . 33 de 28 de junio de 1937 -la cual, a su vez, tuvo sustento en la Ley ordinari= a no vigente, al ser derogada sobrevenidamente por la Constitución de 194= 9, No. 34 de 10 de abril de 1920, cuyo artículo 1° dispuso que <= /i>La telegrafí= a y la telefon<= /span>í= a inalá= mbricas que son servicios de utilidad pública, se declaran monopolios del Estado (<= /i>)<= /i>-, fue desestim= ada por los Constituyentes de 1949, desechándose, por lo tanto, que los servicios inalámbricos fueran declarados monopolio del Estado y, por consiguiente, cualquier reserva pública sobre el particular. Por lo anterior, el constituyente originario, finalmente, optó por la redac= ción actual la que, evidentemente, no califica los servicios inalámbricos= de utilidad pública ni los declara monopolio del Estado. Consecuentemen= te, queda absolutamente descartado que la intención del constituyente originario haya sido que los servicios inalámbricos fueran sometidos= a un régimen monopólico público.  

      =    

3) EL ICE ES UN CONCESIONARIO Y NO FUE CONSTITUTIDO COMO UN MONOPOLIO DE DERECHO. El ICE no fue constituido constitucional o legalmente -formalmente- como monopolio de derecho. En cuanto a su régimen constitucional no se trata de una de= las instituciones autónomas creadas o reguladas por la Constitució= ;n como el caso de la CCSS, el PANI y los Bancos Comerciales del Estado. En cu= anto a su régimen legal, debe resaltarse que a través un decreto de facto o Decreto-Ley, esto es, un acto con valor de ley de carácter pre-constitucional dictado por la Junta Fundadora de la Segunda Repú= blica, se creó el ICE (Decreto-Ley No. 449 de 8 de abril de 1949).  De la lectura de las normas legale= s que conforman el régimen infraconstitucional del ICE, se desprende que e= sa institución posee una concesión legislativa especial. Lo ante= rior no supone que se haya dispuesto por ley la creación de un monopolio = de derecho. Sobre el particular, cabe resaltar que de conformidad con el art&i= acute;culo 46 constitucional la regla de la constitución económica es la libertad de empresa y la libre competencia, por lo que la excepción calificada es la creación de monopolios. En efecto, de conformidad c= on dicha norma, es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora y para establecer nuevos monopolios a favor del Estado o de las Municipalidades, se requiere la aprobación por parte de dos tercios de la totalidad de l= os miembros de la Asamblea Legislativa, lo que no se dio en el caso concreto d= el ICE. El conjunto de leyes que le conceden una concesión al ICE no establecen, expresamente, un monopolio de derecho.  El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones no tiene por objetivo la supresión de un monopoli= o de derecho que nunca ha sido dispuesto por una ley reforzada, tal y como lo im= pone la Constitución, sino que regula la forma en que se deben otorgar las concesiones, autorizaciones o permisos a los posibles particulares interesa= dos en la explotación de los servicios de telecomunicaciones. Este Tribunal Constitucional ha sostenido, anteriormente, que, efectivamente, la explotac= ión de los servicios inalámbricos no constituye un monopolio, sino que existe una concesión legislativa especial y que, a la luz de la prop= ia Norma Fundamental, los particulares pueden acceder a su explotación = de conformidad con las indicaciones de una ley general, o bien, mediante otra concesión legislativa otorgada por tiempo limitado y con arreglo a l= as condiciones y estipulaciones que establezca la propia Asamblea Legislativa.= En la sentencia No. 9542-02 de las 9:52 hrs. de 4 de octubre de 2002, este Tribunal indicó lo siguiente:

 

() Como se indic= ó= anteriormente,= los bienes demaniales están sujetos a un régimen jurídico particular en orden a su explotació= n, r<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>é= gimen que deter= mina que los particulares sólo pueden explotarlos en tanto sean concesionarios. Esta concesió= n puede ser especial en cuanto sea acordada por la Asamblea Legislativa, o por el Poder Ejecutivo de conformidad con una ley de la materia. Lo fundamental aquí= es que en virt= ud de la reserva de ley que existe en este asunto, le corresponde a la Asamblea Legislativa la fijación y regulación de las condiciones y estipulaciones para el otorgamient= o de dicha concesió= n; resultando prohibitiva la disposición constitucional que impide la prestació= n privada de servicios inalá= mbricos sin ley= o sin concesió= n especial del legislador. En nuestro ordenamiento esta decisión legislativa ha sido tomada exclusivam= ente a favor del Instituto Costarricense de Electricidad y de RACSA, y no a favo= r de los particulares, por lo cual éstos tienen prohibición para explotar estos servicios, prohib= ició= n que es de ran= go constitucional ()'

Una vez delimitado este aspecto de vital importancia para= el caso que nos ocupa, no se podr&iacu= te;a determinar, como lo alega el recurrente, la existencia en nuestro medio de = un monopolio, pues como se explicó estamos frente a bienes demaniales, = los que solo pueden ser explotados mediante concesiones, como en este caso de t= ipo legislativo. (...)  (Lo resaltado no corre= sponde al original).

Así las cosas, no existe un monopolio de derecho como lo interpretan los consultantes, sino que, hasta el momento, no se ha dictado = una ley general que autorice a los particulares a participar del uso y explotac= ión del espectro radioeléctrico para brindar servicios en materia de telecomunicaciones, tal y como lo permite nuestra Norma Fundamental. Cabe s= eñalar que en el plano infraconstitucional, el denominado Reglamento para la creació= n del Instituto Costarricense de Electricidad (La Gaceta No. 82 de miércoles 13 de abril= de 1949), Decreto-Ley No. 449 de 8 de abril de 1949, que es preconstitucional, simplemente, le encomendó a esa entidad el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación po= see, en especial, los recursos hidráulicos, con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa = Rica (artículo 1°), sin constituirlo como un monopolio de derecho, extremo que, en todo caso, a la luz del ordenamiento constitucional posteri= or -Constitución Política de 1949- hubiere sido absoluta y rotundamente inconstitucional de manera sobrevenida (artículo 197 constitucional), habida cuenta que el artículo 46, párrafo 4&= deg;, exigió que para establecer monopolios de derecho a favor de un ente = público se requeriría de la aprobación de dos tercios de la totalidad= de los miembros de la Asamblea Legislativa, requisito que, desde luego, nunca = se hubiera tenido por cumplido a través de un decreto de facto emitido, también, por un gobierno de facto de carácter interino. Cabe resaltar que, incluso, a la luz de ese Decreto-Ley o de facto y sus reformas posteriores, se admitió un régimen de concurrencia o libre competencia con otras empresas públicas o privadas, así el ar= tículo 10, párrafo in fine, de ese instrumento normativo disponía que los miembros del Consejo Directivo no podían estar <= /i>(<= /i>) ligados por empleo o por posesión legal a empresas o acti= vidades que por su naturaleza resulten antagónicas a los propósitos d= el Instituto o sean competidoras de éste, tenor literal que fue ratificad= o de manera idéntica por virtud de la reforma introducida a ese numeral d= el Decreto-Ley 449, mediante el Decreto-Ley No. 646 de 27 de julio de 1949; po= r su parte la Ley No. 2749 de 24 de mayo de 1961 le adicionó un pá= rrafo final al artículo 9° del Decreto-Ley No. 449 por virtud del cual= se indicó que (<= /i>) Los bonos del Instituto gozarán en todo caso = de exenciones y privilegios no inferiores a los que disfrutan o llegaren a disfrutar los emitidos por empresas eléctricas privadas de acuerdo con la ley y los contratos<= /i>. La Ley No. 21= 99 de 31 de marzo de l958, le otorgó una concesión al ICE por treinta años para Procurar el mejoramiento y la extensión de los servicios de comunicaciones te= lefó= nicas, telegrá= ficas, radiotel= efó= nicas y radio telegrá= ficas en todo el territorio nacional (artícu= lo 1°), sin constituir, en ningún momento, un monopolio de derecho. As&iacut= e;, el artículo 2° de la ley de cita, dispuso lo siguiente: <= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR'>

 

Artículo 2. Otórgase al Instituto Costarricense de Electricidad una conc= esió= n para establec= er y operar un servicio de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, su= jeto a la regulació= n del servicio = nacional de electricidad () El té= rmino de la con= cesió= n ser= á= de treinta añ= os a partir de = la fecha en que entre en vigencia esta ley.

 

Posteriormente, mediante la Ley Nº 3226 de 28 de octubre de 1963    que derog&oa= cute; expresamente la Ley No. 2199 de 31 de marzo de 1958, le agregó un in= ciso h) al artículo 2° del Decreto-ley que creo el Instituto Costarricense de Electricidad, que indica lo siguiente:

 

Artículo 2º.- Las finalidades del Instituto, hacia la consecució= n de las cuales= se dirigirá= n todos sus esfuerzos y programas de trabajo, serán las siguientes:

()

h) Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensió= n y operació= n de los servic= ios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido. (<= /i>)<= /i> (lo resaltado = es propio).

La Ley No. 3226, nuevamente, admite un régimen de libre concurrencia o competencia con otras empresas públicas o privadas, p= or cuanto en su artículo 4° se indicó que El Instituto Costarricense de Electrici= dad queda autorizado para llevar a cabo la unificación de los servicios de telecomunicacione= s, mediante acuerdo con los actuales concesionarios y operadores de servicios de la misma &iacu= te;ndole, y para adquirir los derechos de dichos concesionarios y operadores, mediante adec= uada compensació= n<= /i>. Finalmente, la = Ley No. 3293 de 18 de junio de 1964, denominada Traspasa Telecomunicaciones al ICE y é= ste se Asocia a RACSA”. En su numeral 1°, dispuso que el Instituto Costarricens= e de Electricidad explotará, a partir de la promulgación de esa le= y, los servicios de telecomunicaciones a que se refiere la Ley No. 47 de 25 de julio de 1921, por tiempo indefinido y en las condiciones ahí establ= ecidas. Cabe advertir que mediante la Ley No. 47 de 25 de julio de 1921, el Congres= o de la República de entonces, aprobó el contrato de concesi&oacut= e;n -por 25 años prorrogable por 20 años más (Cláus= ula XIX)- para construir, mantener, manejar y explotar una estación radi= ográfica  internacional -y sus accesorios- e= n San José, autorizándose a los concesionarios (Ricardo Pacheco Lar= a y José Joaquín Carranza Volio) para adquirir, construir, manten= er y manejar, en los lugares de la República que consideren convenientes,= estaciones radiográficas con todos sus accesorios para comunicarse directa o indirectamente con una o más estaciones radiográficas que pre= sten igual servicio (Cláusula I). En el artículo 2° de la Ley = No. 3293 se autorizó al ICE para constituir una sociedad anónima mixta con la Compañía Radiográfica Internacional de Co= sta Rica (RACSA), con el fin de llevar a cabo la explotación a que se refiere el artículo 1º. Las normas de análisis indican lo siguiente:

 

Artículo 1º.- El Instituto Costarricense de Electricidad explotará= , a partir de la promulgació= n de esta ley, = los servicios de telecomunicaciones a que se refiere la ley Nº 47 de 25 de ju= lio de 1921, por tiempo indefinido, en las condiciones allí establecidas.<= /span><= /i> (Lo resaltado = es propio).

 

Artículo 3º.- Se autoriza al Instituto para constituir una sociedad = anó= nima mixta con = la Compañí= ;a Radiográ= fica Internacio= nal de Costa Rica, con el fin de llevar a cabo la explotación a que se refiere el artí= culo 1º. El Instituto aportará= la mitad del capital social de la nueva empresa, representado ese aporte por los activos fijos que recibirá, seg= ú= n el art= í= culo 2º, y la concesi<= /span>ó= n indicada en el artí= culo 1º. La nueva soci= edad tendrá= un plazo de vigencia de trece años a partir de = su constitució= n.<= /i>

Si bien, en el artículo 3° de la Ley No. 3293 se dispuso = que la nueva sociedad anónima tendrá un plazo social de vigencia = de trece años a partir de su constitución, el legislador lo ha i= do prorrogando de manera paulatina. Así, mediante Ley  No. 6076 de 08 de agosto de 1977 se autorizó la prórroga del plazo social por un término de veinte años, lo cual ratificó, también, la Ley No. 701= 8 de 20 de diciembre de 1985 en su artículo 57; finalmente, la Ley No. 72= 98 de 5 de mayo de 1992, prorrogó el plazo social por 25 años m&= aacute;s. A partir del marco normativo previamente analizado, cabe concluir que la constitución del Instituto Costarricense de Electricidad se dio, originalmente, con la finalidad de fomentar el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía de la Nación y, posteriormente= , se le concedió una concesión por tiempo indefinido para explotar= los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas; sin que se desprenda de= las leyes citadas la constitución de un monopolio de derecho y se impida= la eventual participación de otros concesionarios en un régimen = de competencia, sobre todo, por cuanto el constituyente originario estableci&o= acute; en el artículo 46 constitucional como regla, en el marco de una econ= omía de mercado, la libertad de empresa y la libre competencia y en el ordinal 1= 21, inciso 14), desechó, expresamente, la posibilidad de calificar los servicios inalámbricos de utilidad pública o de declararlos monopolio del Estado, a diferencia de lo que había establecido la Constitución de 1871, después de la reforma parcial al art&ia= cute;culo 73, inciso 15), por la Ley No. 33 de 28 de junio de 1937. En suma, el ICE, = a la luz de la constitución de 1949, tiene la condición de simple concesionario, por vía de una serie de leyes especiales, sin que esa concesión legislativa excluya el régimen de concurrencia o li= bre competencia. Ahora bien, en virtud de no haberse otorgado otras concesiones= a otros operadores o prestadores del servicio -personas físicas o jur&= iacute;dicas- ha provocado que el  ICE asuma= la condición de un monopolio de hecho y no de derecho. En definitiva, c= omo no estamos frente a la apertura de un monopolio de derecho constitucional y legalmente constituido, no existe impedimento para que los legisladores hay= an optado por emplear el procedimiento previsto en el artículo 208 bis = del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En todo caso, como ya se apunt&oacut= e; es para establecer monopolios de derecho que se precisa de una ley reforzada -excepción en el marco de una economía de mercado donde imper= an como regla la libertad de empresa y la libre competencia-, pero el constituyente originario no dispuso que para la supresión de monopol= ios de derecho o de hecho o la apertura de un segmento del mercado se requiera = de una ley aprobada por mayoría calificada.

 

      =     4) SENTIDO Y ALC= ANCE DEL TÉRMINO MONOPOLIO EN EL ARTÍCULO 208 BIS DEL REGLAMENTO D= E LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. En punto a este aspecto, resulta contundentemente claro que la distinción entre monopolio de hecho y de derecho conten= ida en la Constitución (artículo 46) y puesta de manifiesto, seg&= uacute;n la cita de las actas efectuada supra, por el constituyente originario, vinc= ula a todos los poderes públicos, incluido el Legislativo, de modo que cuando el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa hace referencia a la apertura de monopolios, debe efectuarse, necesariament= e, la diferencia impuesta por el texto constitucional y la voluntad del constituyente. Una interpretación diferente supone desconocer una vi= sión sistemática, contextual e histórica del Derecho de la Constit= ución. Es la constitución de los monopolios de derecho la que precisa de una decisión calificada y reforzada del legislador ordinario, en cuanto restringe y limita la libertad de empresa y la libre competencia. A partir = de lo anterior, resulta evidente que cuando el ordinal 208 bis del Reglamento = de la Asamblea Legislativa exceptúa de los procedimientos especiales la apertura de los monopolios, se refiere a aquellos que han sido constituidos, formalmente, como monopolios de derecho y que para su constitución ameritaron una ley reforzada y, por consiguiente, un amplio y profundo deba= te y consenso político, por lo cual para suprimirlos, también, se requerirá una reflexión equivalente y similar a través= de un procedimiento legislativo ordinario. El artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa no se refiere a la apertura de los monopolios de hecho, por cuanto surgen en el mercado, no por una decisi&oac= ute;n política-legislativa deliberada y expresa, previamente adoptada en t= al sentido, sino por una serie de circunstancias de carácter fác= tico ajenas a una voluntad política manifiesta. Los monopolios de hecho, = en sentido estricto, surgen al margen de los requerimientos del Derecho de la Constitución. El sentido del artículo 208 bis es que un proye= cto de ley de apertura de un monopolio de derecho, en cuanto presupone la existencia de una ley reforzada que lo constituyó como tal cuyo fin y propósito debe ser reversado, sea sometido a un procedimiento legislativo ordinario, lo que no tiene sentido tratándose de los monopolios de hecho que surgen en el mercado por una serie de variables f&a= acute;cticas al margen del parámetro de constitucionalidad por lo que deben ser suprimidos o atenuados, incluso, por un procedimiento legislativo especial, habida cuenta del imperativo constitucional transversal de los poderes p&ua= cute;blicos de promover la libertad de empresa y la libre competencia. En suma, lo que surge fácticamente y al margen del Derecho de la Constitución= -en cuanto éste admite, únicamente, monopolios públicos de derecho establecidos por una ley reforzada- o contra constitutionem, no requiere d= e trámites y requisitos legislativos reforzados o calificados para ser eliminado o sup= rimido, eso será predicable, únicamente, de aquellas realidades jur&i= acute;dicas que surgen secundum constitutionem.     

 

  Los legisladores consultantes, como parte de la presunta imposibilidad de aplicar el art&iac= ute;culo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, al tratarse, en su crite= rio, de un proyecto de ley relacionado con la apertura de un monopolio de derech= o, estiman que ese numeral crea procedimientos legislativos especiales que pue= den provocar la reducción de ciertas garantías del procedimiento legislativo ordinario, tales como los derechos de participación y enmienda. Estiman que toda norma que limite derechos, debe ser objeto de una interpretación restrictiva y extensiva a favor del principio democr&= aacute;tico. Consecuentemente, toda materia exceptuada por el artículo 208 bis, d= ebe ser objeto de un procedimiento legislativo ordinario, en cuanto otorga mayo= res garantías y opciones de participación a los sectores de la sociedad representados en la Asamblea Legislativa y a las minorías parlamentarias. Concluyen que si el artículo 208 bis no se debe apli= car a proyectos de ley relacionados con la apertura de monopolios del Estado -s= in especificar el tipo de apertura o la clase de monopolio sobre el que versa = la excepción- no es congruente con el Derecho de la Constitución interpretar que el procedimiento especial pueda aplicarse a un proyecto de = ley de tal naturaleza, con lo cual la Asamblea Legislativa hizo una interpretac= ión extensiva y se extralimitó en sus funciones. Sobre el particular, ta= l y como se indicó en el considerando inmediato anterior, la mayor&iacut= e;a de este Tribunal Constitucional estima que el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, no versa, en sentido estricto, sobre la apertura de un monopolio de derecho, por cuanto, el ICE, de acuerdo con el marco normativo= que lo rige, lo que tiene es una concesión legislativa especial que admi= te la concurrencia o la competencia de otros sujetos de Derecho -sin que se ha= ya dado en la práctica-, que nunca se configuró, formalmente, co= mo lo exige el ordinal 46, párrafo 4°, de la Constitución Po= lítica, como un monopolio de derecho. En todo caso, como se apuntó supra, el constituyente originario no dispuso que para suprimir un monopolio de hecho= o de derecho o abrir una actividad o segmento de ésta a la econom&iacu= te;a de mercado, se precise de una ley reforzada o aprobada por mayoría calificada, toda vez, que tal circunstancia supone el retorno a la situaci&= oacute;n de normalidad u ordinaria en el marco de una economía de mercado, al restablecer la libertad de empresa y la libre competencia. Es precisamente = la situación inversa -sea la creación de un monopolio de derecho= - la que, de acuerdo con la lógica de la constitución econó= mica- impone una ley reforzada, en cuanto se restringe o limita el derecho fundam= ental a la libertad de empresa y la libre competencia. A mayor abundamiento, como= se apuntó en el considerando precedente, cuando el artículo 208 = bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa exceptúa de los procedimie= ntos legislativos especiales la apertura de monopolios, se refiere, única= y exclusivamente, a los de derecho y no a los de hecho.

X.- LA FALTA DE PUBLICACIÓN DE LA MOCIÓN DE ORDEN APROBADA EN LA SESIÓN No. 94 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 VÍA ARTÍCULO 208 BIS REGLAM= ENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA -PROCEDIMIENTO ESPECIAL-.  Los legisladores consultantes cons= ideran que se ha violentado lo dispuesto en los artículos 117 y 124 de la Constitución Política, por cuanto, la moción de orden aprobada por el Plenario Legislativo en la sesión No. 94 de 15 de no= viembre de 2007, respecto a la aprobación de un procedimiento especial, nunca fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, en criterio de e= ste Tribunal Constitucional, de las normas citadas por los consultantes, no se deriva una obligación de publicar en La Gaceta el contenido del acue= rdo legislativo en cuestión. Nótese, sobre el particular, que el = artículo 117 de la Constitución Política se refiere a la publicidad de= las sesiones,  principio que no fue lesionado en el caso particular, en cuanto el procedimiento especial acorda= do consta en las actas de la Asamblea Legislativa las cuales son públic= as y de libre acceso para cualquier persona. Asimismo, el artículo 124 dispone el trámite genérico del procedimiento legislativo, indicando que ciertas potestades de la Asamblea Legislativa, como su reglamentación interna, requieren de la votación en una sola = sesión y su publicación en La Gaceta.  Ahora bien, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1= 21, inciso 22), lo que requiere publicación en La Gaceta es el reglament= o y las reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, no así, los acuerdos en que se aprueban los procedimientos especiales, como el dispuest= o en el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pues,= es un acuerdo de efectos meramente internos del órgano legislativo que = no tiene incidencia externa sobre la ciudadanía. Se reafirma que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la legitimidad del procedimiento viene dada por su aprobación por una mayoría ca= lificada, así como, la claridad y el detalle en que se regule el procedimiento= , no así, por una supuesta necesidad de publicarlo en el Diario Oficial. = En consecuencia, no se acredita el supuesto vicio alegado por los legisladores consultantes. 

XI.- SOBRE LAS CONSULTAS A LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS= . Otro de los puntos formales consultados por los legisladores es que el proyecto de ley,= que resultó de la aprobación de varias mociones de fondo, no fue consultado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Tal y como se acredita de las copias del expediente legislativo, el proyecto de l= ey en cuestión sí fue sometido a consulta de la Autoridad Regula= dora de los Servicios Públicos. En primer término, se colige que mediante oficio No. CJ-633-12-06 de 20 de diciembre = de 2006, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos consult&= oacute; al Regulador General el contenido del proyecto Ley General de Telecomunicaciones<= /i> (ver folio vis= ible a folio 117 de la copia del expediente legislativo, Tomo I). Adicionalmente= , se encuentra acreditado que, posteriormente, a la aprobación de un texto sustitutivo del proyecto, se aprobó una moción para consultar, nuevamente, al Regulador General de los Servicios Públicos, mediante= el oficio No. CE-74-05-07 de 11 de mayo de 2007 (ver folios 5731-5732 de la copia del expediente legislativo, Tomo XVI).  Por lo demás, se acredit&oa= cute; que el 23 de mayo de 2007 la Junta Directiva de la Autorid= ad Reguladora de los Servicios Públicos rindió su opinión= en relación al proyecto de ley en concreto, la cual, fue reiterada en f= echa 30 de mayo de 2007 (ver folios 6078-6106 y 6509- 65= 46 de la copia del expediente legislativo, Tomos XVII y XVIII). Los legislador= es consultantes refieren que el texto resultante de las modificaciones introdu= cidas vía mociones de fondo, no fue consultado a la ARESEP pese a que, en = su criterio, introduce cambios significativos y que, necesariamente, se deber&= iacute;a volver a recabar su opinión. Al respecto, cabe resaltar que del an&a= acute;lisis del procedimiento legislativo, se deduce con meridiana claridad, que los proyectos de ley original y el texto sustitutivo fueron, ampliamente, consultados a la ARESEP. La duda surge en relación a la aprobaci&oac= ute;n de las mociones de fondo en la Comisión Especial, conforme al proced= imiento aprobado vía artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa con posterioridad a la segunda y última consulta efectua= da a la ARESEP. Sin embargo, de la atenta lectura de las quince mociones aprobad= as, no se deduce modificación sustancial del contenido esencial del proy= ecto de ley en cuestión y, menos aún, de las funciones asignadas a= la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (ver folios 8770-8787 de la copia del expediente legislativo, tomo XXV). Nótese, adicionalmente, que la Ju= nta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se mo= stró, en términos generales, conforme con el contenido del proyecto, al se= ñalar lo siguiente:

 

(...) Es criterio de la ARESEP que en té= rminos generale= s el proyecto posee un enfoque conceptual adecuado para dotar al paí= s de un marco regulatorio coherente con la tendencia de convergencia tecnoló= gica y de merca= dos que experimenta la sociedad global. Además, las disposiciones especí= ficas del proye= cto contienen mú= ltiples aciertos que contribuyen a dotar al país de la legislación que requiere para transitar hacia la nueva etapa de apertura en los mercados de telecomunicaciones.

(...)

El proyecto de ley tiene además la virtud de establecer un instrumento para promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones: el Fondo Nacio= nal de Telecomunicaciones (FONATEL). Este fondo avanza en el cierre de la brecha digital y financiaría las externalidades de red que se generan cuando no hay suficiente cobertura de = las redes y servicios.

(...)

La especialización del ente regulador es una condición crítica del éxito de la apertura, y en el caso de las telecomunicaciones esto es particularmente importante. La creaci<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>ó= n de la SUTEL v= iene a llenar en parte esta necesidad. La especialización de la Autoridad en su conjunto en tem= as de infraestructura, competencia, servicios público y protección al usuario serviría de complemento a las tareas especí= ficas de la SUT= EL” (ver fo= lios 6078-6099 de la copia del expediente legislativo).

 

Las disconformidades del ente regulador no devienen, pues, de la imposición de obligaciones específicas en materia de telecomunicaciones, sino, más bien, porque sugieren que la funci&oac= ute;n de otorgar las concesiones en telecomunicaciones sobre la base de concursos= públicos, se le debe asignar a la ARESEP y no al Poder Ejecutivo. Así, tambi&e= acute;n, otras competencias, que, en su criterio, deberían ser transferidas a= la ARESEP para fortalecer su rol de ente regulador. Cabe advertir que desde el Voto No. 1633-93 de las 14:33 hrs. de 13 de abril de 1993, este Tribunal Constitucional ha indicado, reiteradamente (ver, entre otros, Votos Nos. 3625-1996 de las 15:18 hrs. de 16 de julio de 1996, 4717-1997 de las 16:39 = hrs. de 19 de agosto de 1997, 9137-2001 de las 14:48 hrs. de 12 de septiembre de 2001), que cualquier proyecto de ley es susceptible de ser modificado duran= te el iter parlamentario, vía el derecho de enmienda de los legisladore= s, siempre y cuando no se altere el contenido esencial o material, en cuyo cas= o se tendrán por infringidas las normas constitucionales que regulan la iniciativa en la formación de la ley, la publicidad y, desde luego, = el trámite sustancial de consulta a las instituciones autónomas = ex artículo 190 constitucional. De conformidad con lo expuesto, en crit= erio de este Tribunal Constitucional no se ha vulnerado el artículo 190 d= e la Constitución Política, pues es evidente que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos fue consultada en dos oportunid= ades sobre el contenido del proyecto de ley, siendo, por lo demás, que las mociones de fondo aprobadas en Comisión, con posterioridad a que la ARESEP se pronunciara sobre el texto sustitutivo, no modificaron o variaron sustancial o materialmente el contenido del proyecto sobre el cual se pronu= nció esa entidad y que, finalmente, fue aprobado en primer debate. De manera m&a= acute;s específica, es menester analizar en el caso concreto, si el texto sometido a votación en primer debate por parte del Plenario Legislat= ivo, difiere, sustancialmente, de los textos anteriormente consultados a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Interesa, particularmente, analizar los aspectos relacionados con la variación= de la estructura orgánica de la institución autónoma en c= uestión, así como, los relativos a su ámbito competencial (ver sobre el particular lo resuelto por este Tribunal Constitucional en la sentencia No. 2001-09137 de las 14:48 hrs. de 12 de septiembre de 2001).  Ahora bien, en primer térmi= no, es menester hacer la observación que en el en el artículo 6, inc= iso c), del texto base se dispuso la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), específicamente, como la autoridad reguladora de las telecomunicaciones, adscrita a la Autoridad Reguladora de= los Servicios Públicos. Dicha disposición se mantuvo en el inciso= 30 del artículo 6 del texto sustitutivo consultado, la cual se reitera, nuevamente, en el artículo 6, inciso 27, del texto votado en primer debate. En relación a las competencias asignadas a la ARESEP en el proyecto de ley consultado, encontramos que en el artículo 12 del te= xto base disponía lo siguiente:

 

 De las concesiones. Se requerirá concesión para la explotación de las bandas de frecuencias de uso comercial del espectro radioeléctrico que se requieran para la operació= n de redes pú= blicas de telecomunicaciones. La concesi&oacu= te;n será otorgada por la Junta Directiva de ARESEP, previo criterio t&ea= cute;cnico de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones, mediante conc= urso pú= blico que se po= drá= iniciar de ofi= cio o a solicitud de parte interesada. 

 

Posteriormente, en el texto sustitutivo se propuso el siguiente procedimiento:

 

ARTÍCULO 12.-   &nb= sp;     Procedimiento

Las concesiones= de frecuencias para la operación y explotación de redes pú= ;blicas de telecomunicaciones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por med= io de concurso público.  Dicho con= curso se regirá= por las siguie= ntes disposiciones:

1.    = ;   El procedimiento de concurso público se regirá por lo dispuesto en esta Ley, en la Ley de Contratació= n Administrativ= a, Ley Nº 7494 de 2 de m= ayo de 1995 y sus reformas, y lo que reglamentariamente se defina. Deber= á= ajustarse a los principios de eficiencia, igualdad, publicidad, libre competencia,  no discriminación y los demás que rigen en materia de contratació= n administrativ= a, así= como al princi= pio de neutralidad tecnológica.

2.    = ;   Corresponderá= al Consejo Sectorial de Telecomunicaciones, en adelante el Consejo, como ó= rgano de desconcentració= n má= xima del Minist= erio de Ambiente, Energía y Telecomunic= aciones (Minaet), realizar  las activi= dades necesarias para la realización del concurso público.

3.    = ;   Con este fin, de previo a iniciar el concurso, la Secretaría Técnica del Consejo deberá= realizar las consultas y los estudios necesarios para determinar la necesidad y factibil= idad del otorgamiento de las concesiones, incluido el estudio de impacto ambient= al. La Secretarí= a Té= cnica deberá= consultar siem= pre el criterio té= cnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones.&nb= sp;

4.    = ;   La Secretarí= a Té= cnica formará= un expediente = al cual se le incorporarán los estudios que motivaron el inicio de los procedimien= tos, así= como  original o copia de todas las actuaciones internas o externas que tengan relación con el concurso.

5.    = ;   Realizados los estudios y demostrado que la concesión se ajusta a los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Secretarí= a procederá= a elaborar el cartel del concurso, que será sometido a la aprobación del Consejo.

6.    = ;   Aprobado el cartel, el Consejo ordenará que un resumen de este, así como un extracto de las condiciones generales y de las especificaciones técnicas necesarias para identificar la banda de frecuencias objeto del concurso, deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta y en un perió= dico de circula= ció= n nacional. Con esta publicació= n se entenderá= por iniciado el concurso.

7.    = ;   El Consejo podrá= cobrar el cost= o de los estudios que realice la Secretaría Técnica. El monto respectivo deberá indicarse en el cartel y el adjudicata= rio de la concesió= n estar<= i>á= obligado a cancelar el costo de dichos estudios. En caso de incumplimiento de esta obligació= n, se considera= rá= insubsistente = la adjudicació= n y se podrá= readjudicar la concesió= n.<= /i>

 

Siendo que, finalmente, se optó por un procedimiento concursal instruido por la ARESEP a través de la SUTEL, pero las concesiones s= erían otorgadas por el Poder Ejecutivo. El artículo 12 del proyecto aproba= do en primer debate reza de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 12.-  &nbs= p;       Procedimiento concursal

 Las concesi= ones de frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio d= el procedimiento de concurso público, de conformidad con la Ley de contrata= ció= n administrativ= a y su reglamento.  La Sutel instruirá el procedimiento= , previa realiz= ació= n de los estudi= os necesarios, para determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de= las concesiones, de conformidad con el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y las políticas sectoriales. 

 

Del análisis de los textos transcritos se desprende que, originalmente, se propuso conceder a la ARESE= P la competencia para instruir los procedimientos concursales y, además, otorgar las concesiones. Posteriormente, el texto sustitutivo previó= que el procedimiento iba a ser instruido por el MINAET y las concesiones ser&ia= cute;an otorgadas por el Poder Ejecutivo. Finalmente, en el texto aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo se optó, nuevamente, por reconoce= r la competencia de la instrucción del procedimiento a la ARESEP a trav&e= acute;s de la SUTEL. Del análisis anterior se concluye que en el primer texto consultado, se propuso que la ARESEP tuviera la competencia de instruir los correspondientes procedimientos concursales, tal y como, finalmente, se apr= obó. Por lo demás, cabe advertir que la Autoridad Reguladora de los Servi= cios Públicos recalcó su criterio en relación a la forma en= que se debería realizar el otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones. Al efecto, sugirió que para fortalecer la funci&= oacute;n de regulación, se le debía asignar a la ARESEP la competencia= de asignar las concesiones, sobre la base de los concursos públicos. De modo tal, que la Asamblea Legislativa ya cuenta con el criterio de la Autor= idad Reguladora en lo tocante al tema que nos ocupa y, más bien, atendien= do a sus criterios se optó por la versión original de la norma, sea que el procedimiento concursal sea instruido por la ARESEP. Bajo esa tesitu= ra, se entiende la aprobación de la moción No. 339-137 (03-81-CE) tramitada en la Comisión Especial (ver informe de mociones a folios 8768-8787 de la copia del expediente legislativo, Tomo XXV). En efecto, de conformidad con el procedimiento concursal definido, se introdujeron mocion= es para que las ofertas se presentaran ante la SUTEL, pues, como se analiz&oac= ute;, le corresponde a ésta la instrucción del procedimiento concur= sal y, además, se reguló lo atinente en relación a la sele= cción del concesionario y la adjudicación. En consecuencia, los artí= ;culos 15 y 16 del proyecto aprobado en primer debate, introducidos por la moci&oa= cute;n de análisis, disponen lo siguiente:

 

ARTÍCULO 15.-  &nbs= p;       Presentació= n de ofertas

 Las ofertas se presentarán a= nte la Sutel, conforme a lo= s té= rminos establec= idos en el cartel. La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente, tanto al ordenamiento jurídico costarricense como a las reglas generales y particul= ares del concurso.<= /i>

 

ARTÍCULO 16.-  &nbs= p;          Selección del concesionario y adjudicaci= ó= n

(...) 

Las ofertas elegibles serán evaluadas por la Sutel, a la que le corresponderá= recomendar al Poder Ejecutivo si la adjudicación procede o no.

 

Ahora bien, en relación a = la concesión directa, el texto base disponía lo siguiente:

 

ARTÍCULO 19.-  &nbs= p;       Concesiones sin concurso pú= blico. <= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>

Cuando una frecuencia o banda de frecuencias no requiera = de asignació= n exclusiva par= a su ó= ptima utilizaci= ó= n, la concesió= n correspondien= te podrá= ser otorgada en forma directa, sin necesidad de concurso público, y de conformidad con la fecha de presentació= n de las solicitudes correspondientes.  En este caso las solicitudes deben respetar los límites establecidos en el art<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>í= culo 11 de esta Ley. Analizada una solicitud por la Junta Directiva de Aresep, y previo criterio té= cnico de la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones, esta deberá= ser publicada = en el diario oficial La Gaceta y en un periódico de circulación nacional, a efecto que puedan oponerse todos aquellos que tengan algún interés fundamentado y legítimo y puedan resultar perjudicados con el otorgamiento d= e la concesió= n.  Las oposiciones= serán resueltas por la Junta Directiva de Aresep en un plazo de quince día= s hábiles.<= /i>

 

Posteriormente, el texto sustitut= ivo delegaba las funciones en el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones. Finalmente, luego de la aprobación de la moción ya indicada, = las funciones de instrucción del procedimiento retornaron a la ARESEP, quedando el texto de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 19.- = ;        Concesión directa

 Cuando se t= rate de frecuencias requeridas para la operación de redes privadas y de las que no requieran asignación exclusiva par= a su ó= ptima utilizaci= ó= n, las concesio= nes será= n otorgadas por= el Poder Ejecutivo en forma directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el interesado.  La Sutel instruirá el procedimiento de otorgamient= o de la concesión.

 

Finalmente, la moción de c= ita introdujo una modificación para que las autorizaciones sean otorgadas por la SUTEL, cuando, anteriormente, se delegaban en el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones. El numeral introducido indica lo siguiente:

 

ARTÍCULO 23.-  &nbs= p;       Autorizaciones

 

Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que:

 

a)    = ;   Operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro radioelé= ctrico.<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>

 

b)    = ;  Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de redes pú= blicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación o explotación. El titular de la red pú= blica que se utilice para este fin, deberá tener la concesión o autorización correspondiente.

 

c)    = ;   Operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso del espectro radi= oelé= ctrico. =

 

La autorizaci&o= acute;n será otorgada por la Sutel previa solicitud del interesado; un extracto de esa solicitud deberá ser publicado = en el diario oficial La Gaceta y en un periódico de circulación nacional.  De no presentarse ninguna objeció= n en un plazo de diez dí= as h<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>á= biles, contado desde la ú= ltima publicaci= ó= n, la Sutel deb= erá= resolver acerc= a de la solicitud en un plazo no mayor de dos meses, para ello deberá= tener en consideració= n los principio= s de transparencia y no discriminación.  En la re= solució= n correspondien= te, la Sutel fijará= al solicitante= las condiciones de la autorización.  Mediante resolució= n razonada, la Sutel podrá= denegar la autorizació= n solicitada cu= ando se determine que esta no se ajusta a los objetivos y las metas definidos en= el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.

 

Si bien, anteriormente, esa competencia no estaba prevista a favor de la ARESEP a través de la SUTEL, lo cierto es que la modificación introducida vía mocio= nes, es consecuencia de las propias sugerencias de la Autoridad Reguladora, pues= , en su opinión se indicó, en lo conducente, lo siguiente: =

 

Se sugiere modificar los artículos del texto sustitutivo en los cuales se asign= a la gestión de las autorizaciones y permisos de operadores de telecomunicaciones al Poder Ejecutivo, en el sentido de que esas funciones = sean asignadas a la SUTEL (ver folio 6095 de la copia del expediente legislativo. =

 

Así las cosas, evidentemen= te, al aprobar una moción que modificó el proyecto de ley en el sentido sugerido por la propia institución autónoma, no resul= ta necesario solicitarle una nueva opinión a la ARESEP (ver en el mismo sentido la sentencia de este Tribunal Constitucional No. 2003-14251 de las 11:52 hrs. de 5 de diciembre de 2003).&nbs= p; Del análisis de las mociones de fondo aprobadas en Comisi&oac= ute;n sucesivamente, no se deriva una modificación sustancial a la estruct= ura orgánica o de las competencias de la ARESEP. De lo anterior se concl= uye, que no era necesario solicitar una nueva opinión a la ARESEP en rela= ción al texto modificado mediante el ejercicio del derecho de enmienda de los legisladores. En consecuencia, se debe desestimar este agravio al no encontrarse ningún vicio sustancial del procedimiento legislativo. <= /span>

XII.- EN RELACIÓ= ;N A LAS VEINTE SESIONES PREVISTAS EN EL ACUERDO LEGISLATIVO ADOPTADO A LA LUZ D= EL ARTÍCULO 208 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  De otra parte, los legisladores consultantes cuestionan que en el trámite legislativo empleado se vi= olentaron los principios de pluralismo político y democrático, as&iacut= e; como, el derecho de enmienda y el derecho a justificar las mociones presentadas. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, el propio Directorio Legislativo infringió el procedimiento especial creado ex artí= ;culo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Cuestionan que pese a qu= e la Presidencia de la Asamblea estaba en condiciones de suspender el conocimien= to del expediente hasta la emisión de la resolución de admisibil= idad de mociones, no utilizó esa facultad. De manera que las dos sesiones destinadas a recibir mociones de reiteración en Plenario, se contabilizaron como parte del plazo perentorio de veinte sesiones fijado pa= ra la discusión efectiva y votación del proyecto. Lo anterior, p= ese a que en esas dos sesiones no se entró a conocer, en efecto, el fond= o ni a discutir su contenido. Lo anterior provocó que se quedaran 176 mociones de reiteración sin discusión alguna. En sínte= sis, cuestionan la forma en que se contabilizaron las veinte sesiones destinadas= a discutir por el fondo el proyecto de ley.&= nbsp; De previo a analizar el agravio formulado por los legisladores consultantes, conviene repasar, nuevamente, el contenido de la moció= n de orden, vía artículo 208 bis, que creó el procedimiento especial aplicado al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que dispuso lo siguiente:

 

1)     El trámi= te en Plenario iniciaría con una explicación general del texto p= or parte de los dictaminadores. Para cada dictamen, los firmantes podrí= an hacer uso de la palabra hasta por un plazo que, individualmente o en conjun= to, no excediera de diez minutos. Concluida la explicación de los dict&a= acute;menes iniciaría la discusión del proyecto;

2)     Las mociones de fondo serían de recibo, únicamente, durante las dos primeras sesiones de discusión del proyecto. En la segunda de esas sesiones l= os Diputados podrían presentar mociones hasta la hora en que finalizara, siendo que la Presidencia las daría a conocer a los Diputados por el medio que considerara más oportuno;

3)     La Presidencia = de la Asamblea Legislativa determinaría la admisibilidad de las mocione= s de fondo según las reglas dispuestas en esa moción;

4)     Vencido el plazo para la presentación de mociones de fondo, la Presidencia de la Asam= blea determinaría la admisibilidad de las mociones conforme con las reglas establecidas. En la resolución realizaría la agrupació= n de las mociones que deberían discutirse en un mismo acto. Se dispuso qu= e la Presidencia podría suspender el conocimiento del expediente hasta la emisión de la resolución respectiva. Igualmente, la Presidenc= ia daría a conocer a los diputados tales mociones por el medio que considerara más oportuno;

5)     Una vez firme la resolución emitida por la Presidencia sobre la admisibilidad, las mociones de fondo pasarían a conocimiento de la Comisión Dictaminadora de forma inmediata. La Comisión debería rendir = un informe al Plenario dentro de los ocho días naturales siguientes a la recepción de las mociones;

6)     Para cumplir co= n el plazo establecido, la Comisión tendría por habilitados los d&= iacute;as inhábiles con el objeto de conocer las referidas mociones;

7)     Vencido el plazo para rendir el informe, si quedaran mociones pendientes de conocimiento, se tendría por ampliado automáticamente el plazo para rendir el informe, las mociones pendientes se tendrían por discutidas y proced= ería la Comisión a votar una por una. Las mociones de revisión que debieran conocerse durante la prórroga tampoco serían discuti= das. Las mociones conocidas durante la última sesión deberí= an revisarse en esa misma sesión, de manera tal que todo lo actuado que= daría en firme en esa sesión;

8)     Las mociones de reiteración serían de recibo en dos sesiones que se contabili= zarían desde el momento en el cual la Presidencia comunicara al Plenario que se re= cibió el Informe de la Comisión Dictaminadora sobre las mociones de fondo. Estas mociones las podrían presentar los Diputados hasta la hora en = que finalizara la segunda sesión. Con el fin de recibir mociones, y de tratarse esa segunda sesión de una sesión ordinaria, la Presidencia de la Asamblea Legislativa podría extender la finalizaci= ón de la misma después de la hora citada. La Presidencia daría a conocer las mociones admitidas a los Diputados por el medio más oportuno;

9)     La Presidencia = de la Asamblea Legislativa determinaría la admisibilidad de las mocione= s de reiteración según las reglas dispuestas en esa moción;=

10)  Vencido el plazo para la presentación de mociones de reiteración, la Presidenc= ia determinaría la admisibilidad de las mociones de conformidad con las reglas establecidas. En la misma resolución realizaría la agrupación de las mociones que deberían conocerse en un mismo acto. Se dispuso que la Presidencia podría suspender el conocimiento= del expediente hasta la emisión de la resolución respectiva. Igualmente, la Presidencia daría a conocer a los Diputados tales mociones por el medio que considerara más oportuno;

11)  Las mociones de reiteración serían conocidas en el Plenario siguiendo el orden ascendente del articulado. En el caso que se reiteraran mociones rechazadas= en Comisión y que no hubieran sido discutidas, tendrían priorida= d al ser conocidas por el Plenario sobre las mociones que sí recibieron discusión en Comisión;

12)  Las mociones de reiteración se calificaron como de orden, por lo que sus proponentes tendrían un plazo que de manera individual o conjunta no superara los cinco minutos. De ser aprobada, el Plenario se tendría por convertid= o en Comisión General para conocer la moción de fondo adjunta, par= a la cual, podrían hacer uso de la palabra todos los Diputados que as&iac= ute; lo solicitaran hasta por un plazo de cinco minutos cada uno;

13)   En relación a la discusi&oac= ute;n y aprobación del proyecto se dispuso que finalizado el conocimiento = de mociones de reiteración continuaría la discusión por el fondo, para lo cual, cada Diputado podría hacer uso de la palabra po= r un plazo de 15 minutos en primer debate y de 10 minutos en segundo debate;

14)   Una vez recibido el informe de moci= ones de fondo tramitado por la Comisión Dictaminadora, el Plenario Legislativo dispondría de veinte sesiones para conocer las mociones = de reiteración y discutir por el fondo el proyecto de Ley;

15)   Si vencidas las sesiones quedaran pendientes de conocimiento mociones de reiteración o mociones de fon= do adjuntas a reiteraciones aprobadas, la Presidencia destinaría las sesiones subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas sesiones, las mociones se someterían a vot= ación sin discusión alguna. Las mociones de revisión que debieran conocerse durante esta prórroga tampoco serían discutidas;

16)   Finalizado el conocimiento de las mociones, la Presidencia otorgaría la palabra para la discusió= ;n por el fondo a los Diputados que así lo solicitaran por un plazo de hasta diez minutos tanto en primero como en segundo debate. En todo caso, s= e dispuso que la Presidencia daría por discutido el proyecto a más tard= ar a las 23:30 horas de la sesión subsiguiente al inicio de la discusi&oa= cute;n por el fondo y sometería a votación el proyecto. No obstante = la Presidencia podría dar por discutido el proyecto en el momento en que ningún Diputado solicitare el uso de la palabra.

 

En criterio de los consultantes, existe un vicio en el procedimiento legislativo en relación al punto 14 trascrito, pues, en su criterio, resulta ilegítima la forma en que se contabilizaron las veinte sesio= nes para la discusión por el fondo del proyecto de ley ante el Plenario Legislativo. Sin embargo, este Tribunal Constitucional no encuentra el supu= esto vicio apuntado por los legisladores. Nótese, que la moción aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, disp= uso que <= /i>b.- Una vez recibido el informe de mociones de fondo tramitado por la Comisi<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>ó= n Dictaminadora= , el Plenario Legislativo dispondrá de veinte sesiones para conocer las mociones de reiterac= ió= n y discutir po= r el fondo el proyecto de Ley.” Ahora bien, del detallado análisis del expediente legislativo en cuestión, se desprende que, efectivamente, la primera sesión para discusión por el fondo en el Plenario luego de ha= ber remitido el expediente ante la Comisión Especial, fue la  No. 019 de 14 de diciembre de 2007, en la cual, se inició la discusión con la lectura del informe de mociones de fondo y se contabilizó como la primera sesi&o= acute;n para la presentación de mociones de reiteración. Posteriormen= te, sí encuentra este Tribunal Constitucional que la sesión ordin= aria No. 111 de 17 de diciembre de 2007 se contabiliz&= oacute; como la segunda sesión de discusión por el fondo del proyecto, pese a que, inmediatamente, se suspendió la discusión con el objeto de confeccionar la resolución de admisibilidad de las mocione= s de reiteración. En esa tesitura, pese a lo interpretado por los consultantes, la Presidencia del Directorio sí suspendió la discusión con el objeto de analizar la admisibilidad de las mociones= de reiteración presentadas. Ahora bien, tenemos que en las dieciocho sesiones subsiguientes se continuó con la discusión por el fo= ndo del proyecto, contabilizándose las siguientes: , 114 de 20 de diciembre de 2007, 20 de 7 de enero, 021 de 8 de ener= o, , 26 de 15 de enero, 121 de 15 de ene= ro, , 125 de 22 de enero, 129 de 29 de ene= ro, , 131 de 31 de enero, 029 de 4 de febr= ero, , 03 de 6 de febrero, 135 de 7 de febr= ero, y 136 de 11 de febrero, todas del 2008. Adicionalmente, = se acreditó que en la resolución No. 2007-2L-016 de 11 de febrer= o de 2008, la Presidencia de la Asamblea Legislativa reconoció que durant= e el periodo de veinte sesiones, el conocimiento y discusión de las mocio= nes de reiteración se había visto truncado en razón de var= ios motivos. Por lo anterior, sostuvo que, en atención a los principios = de prudencia, buena fe, razonabilidad y proporcionalidad y en aras de garantiz= ar y fortalecer el ejercicio del derecho al uso de la palabra de los Diputados, = se extendía la discusión del proyecto de ley No. 16.398 por una = sesión más (ver folios 13258 y 13328 de la copia del expediente legislativo, Tomo XLII). En consecuencia, interpreta este Tribunal Constitucional que la segunda parte de la sesión ordinaria No. , vino a reponer la discusión por el fondo = que se perdió en la sesión ordinaria No. 111 de 17 de diciembre de 2007, en la cual, no hubo discusión por el fondo por las razones ya apuntadas. En consecuencia, sí se contabilizan las veinte sesiones establecidas para conocer las mociones de reiteración y discutir por= el fondo el proyecto de ley, tal y como se estableció en el procedimien= to establecido en el acuerdo indicado. Lo anterior, independientemente, de la cantidad de horas y minutos precisos que se hayan dedicado a la discusi&oac= ute;n o bien, la cantidad de las mociones votadas, pues lo cierto es que en las respectivas sesiones se conoció y se discutió por el fondo el proyecto de ley en cuestión. Lo anterior, máxime, si se toma = en consideración que el procedimiento legislativo ha estado precedido p= or una amplia y profunda discusión en la Comisión Especial establecida para esos efectos. Ahora bien, no resultó ilegíti= mo que las mociones pendientes se hayan votado sin discusión alguna, pu= es así había sido reglado, oportunamente, al indicar la moci&oac= ute;n de orden lo siguiente Si vencidas las sesiones quedaran pendientes de conocimie= nto mociones de reiteración o mociones de fondo adjuntas a reiteraciones aprobadas,= la Presidencia destinará las sesiones subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. <= /span>Durante estas sesiones, las mociones se someterán a votación sin discusión alguna. Las mociones de revisió= n que deban conocerse durante esta prórroga tampoco serán discutidas.”. En consecuencia, no fue ilegítimo = que en la sesión extraordinaria No. 032 de 12 de feb= rero de 2008 se desecharan 163 mociones de reiteración sin discusió= ;n alguna, pues, ese fue el procedimiento especial, previamente, pactado por u= na mayoría calificada del Plenario Legislativo. En otro orden de ideas,= se desprende la disconformidad de los legisladores consultantes con la pr&aacu= te;ctica del Poder Ejecutivo de alterar el orden del día a través de la convocatoria y retiro de proyectos de ley. Sin embargo, este Tribunal Constitucional se ha manifestado, anteriormente, sobre esa práctica. Sobre el particular, en sentencia No. 2006-06732 de las 14:47 hrs. de 17 de mayo de 2006, con redacción del Magistrado ponente, se resolvi&oacut= e; lo siguiente:

 

() Como se señ= aló= anteriormente,= la reserva dispuesta en el artículo 118 de la Constitución Política implica que la Asamblea Legislativ= a só= lo puede legisl= ar sobre los proyectos de ley incluidos en el decreto de convocatoria y, a la = vez, se le ha reservado al Ejecutivo la determinación de la importancia y conveniencia de l= os proyectos que se incluyen en dicho decreto, posibilidad que como se<= i>ñ= aló= es flexible y atiende a las prioridades e intereses del Gobierno. Incluso, esta Sala ha avalado la posibilidad que mediante decreto ejecutivo se desconvoquen todos= los proyectos sometidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa, pues es un contrasentido que  atenta cont= ra el principio de razonabilidad, que el Ejecutivo no pueda desconvocar lo que ha= ya sido incluido en el respectivo decreto. Sobre el particular, este Tribunal resolvió= lo siguiente: =

'De conformidad con lo que establecen los artí= culos 116 y 118= de la Constitució= n Pol= í= tica, la Asambl= ea Legislativa se reunirá cada año el día primero de mayo, aún cuando no haya sido convocada y sus sesiones ordinarias durará= n seis meses, divididas en dos períodos, del prime= ro de mayo al treinta y uno de julio y del primero de setiembre al treinta de noviembre. El Poder Ejecutivo, por su parte, podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias, en las que no se conocerá de materias distintas a las expresadas= en el decreto de convocatoria, excepto que se trate del nombramiento de funcionarios que corresponda hacer a la Asamblea, o de las reformas legales= que fueren indispensables al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. = Es claro que en el caso bajo estudio, el retiro de los proyectos de ley por pa= rte del Ejecutivo no implica que deba producirse el cierre de sesiones extraordinarias, por cuanto, nada impide que se vuelva a producir otra convocatoria, por encontrarse dentro del período constitucionalmente dispuesto para ello. (<= /i>)'  Sentencia 057-98 de las 15:36 hrs.= del 7 de enero de 1998.

La dirección política del Gobierno precisa de la concreció= n de las decisiones, al determinar cuáles son los objetivos por lograr. En ese sentido, si el decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias constituye un acto p= olí= tico y, en consecuencia, discrecional del Poder Ejecutivo, se puede concluir que el ó= rgano dispone de amplias facultades para agregar o retirar proyectos de ley en atenci= ó= n a los interes= es nacionales y a las razones de oportunidad y conveniencia.

(...)

Ahora bien, los diputados consultantes consideran que el Poder Ejecutivo hizo un manejo indiscriminado y no razonable de las convocatorias y desconvocatorias a sesiones extraordinarias. Asimismo, por = esa misma razó= n, consideran q= ue se inobservaron los principios de razonabilidad, proporcionalidad, publicid= ad y seguridad jurí= dica. Sin embar= go, este Tribunal Constitucional no encuentra lesión a los principios indicados porque, precisamente, la facultad del Poder Ejecutivo consiste en la posibilidad de indicar qué= proyectos de l= ey se pueden conocer durante el periodo de sesiones extraordinarias.   La Constitució= n Pol= í= tica permite al Poder Ejecutivo convocar a la Asamblea o no hacerlo, y en el primero de los casos es para la deliberación de los proyectos que aquél proponga.  De modo que puede, de conformidad = con sus prioridades gubernamentales, no convocar a la Asamblea, suspender las sesiones o modificar, en atención a sus intereses, los términos de la convocatoria.  Como ya se indicó, las prioridades del Gobierno pueden m= utar con el transcurso del tiempo y si éstas se modifican, también puede variar los proyectos para cuyo conocimiento y deliberación convoca a la Asamblea Legislativa. Cualquier rigidez so= bre el particular puede afectar la satisfacción de los intereses generales y la neces= idad de regular determinados aspectos de la vida nacional. Debe insistirse en qu= e el Poder Ejecutivo no está limitado para desconvocar proyectos de ley durante las sesiones extraordinarias y goza de discrecionalidad relativa en el manejo d= e la agenda parlamentaria, motivo que lleva a este Tribunal a desestimar los agravios presentados por los consultantes. (...)=  

  

En consecuencia, no resulta contrario al Derecho de la Constituci&oa= cute;n, que el Poder Ejecutivo altere el orden del día en sesiones extraordinarias, pues, dispone, libremente, de la facultad de proponer los proyectos de ley que se tramitarán, así como, la posibilidad = de retirar los que considere, sin que ello implique violación a disposi= ción o procedimiento legislativo alguno.

      =     . En otro orden de ideas, los consultantes cuestio= nan que no se conocieron ni se votaron en el Plenario Legislativo doce mociones= de reiteración debidamente presentadas y admitidas por la Presidencia d= el Directorio. Sobre el particular, de la cronología del procedimiento legislativo y de las propias manifestaciones del Presidente del Directorio = de la Asamblea Legislativa, se encuentra debidamente acreditado que las mocion= es de reiteración numeradas 560-1, 485-1, 550-1, 549-1, 547-1, 546-1, 548-1, 565-1, 545-1, 555-1, 558-1, 554-1, 557-1, 566-1 presentadas por la Diputada Zamora Chaves no fueron sometidas a votación en el Plenario Legislativo, tal y como correspondía. (ver folios 13888-13916 de la copia del expediente legislativo, Tomo XLIV). En efecto, ya se señal= ó supra que una vez superadas las veinte sesiones previstas para discutir por el fondo el proye= cto de ley en cuestión, se destinarían las sesiones subsiguientes para el conocimiento de las mociones pendientes, las que serían sometidas a votación sin discusión alguna, así como, l= as mociones de revisión correspondientes. Sin embargo, pese a que fueron admitidas, no se sometieron a votación las mociones indicadas. En criterio de este Tribunal Constitucional, llevan razón los legislado= res consultantes, pues se configuró un vicio sustancial en el procedimie= nto legislativo que lesionó el derecho de enmienda y de participaci&oacu= te;n de la legisladora Zamora Chaves. Nótese, que este Tribunal ha indica= do que las lesiones al principio democrático, implican infracciones sustanciales al trámite legislativo y una de las principales manifestaciones del referido principio, es el derecho de enmienda y de participación, regulado en el Reglamento de la Asamblea Legislativa = al regular las llamadas mociones de fondo y forma. El derecho de enmienda se ha concebido como un medio para participar en el proceso de formación d= e la ley, que hace posible influir en el contenido definitivo de ésta, lo= que se ha obviado en el caso concreto al omitirse someterse a votación el grupo de mociones de reiteración de la Diputada Zamora Chaves. En el= sub examine, el propio Presidente del Directorio Legislativo manifestó ante esta Sala lo siguiente:

 

(...) Con profunda preocupación me permito informarle que, en razó= n del recibo en= la Secretarí= a del Directori= o de copia del recibido de consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley No. 16.398, 'Ley General de Telecomunicaciones', esta Presidencia se enteró de la existenc= ia de un posible vicio sustancial de procedimiento. En concreto, catorce mocio= nes de reiteració= n, todas de la legisladora Leda Zamora Chaves, si bien fueron debidamente presentadas y admitidas por esta Presidencia, no se pusieron en conocimiento y votació= n del Pleno. An= te gestió= n de esta Presidencia, el Director de la Secretaría del Directorio verificó= que esta omisi= ó= n se debió= a que al momen= to de ordenar las mociones para ponerlas en conocimiento de la Mesa Directiva,= el funcionario encargado omitió aplicar el texto expreso de la resolució= n de Presidencia No. 2007-2L-013, y en su lugar hizo uso de un cuadro 'excel' de trabajo preparado por unos asesores para ordenar los cientos de mociones pendientes= y que é= l interpretó= err<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>ó= neamente (...)<= /span><= /i> (ver folios 94-95).

 

En consecuencia, ante el reconocimiento expreso del vicio sustancial= por el propio Presidente de la Asamblea Legislativa y siendo que se acredit&oac= ute; que las mociones de reiteración No. 560-1, 485-1, 550-1, 549-1, 547-= 1, 546-1, 548-1, 565-1, 545-1, 555-1, 558-1, 554-1, 557-1, 566-1 presentadas p= or la Diputada Zamora Chaves no fueron sometidas a votación ante el Plenario Legislativo, se constata un vicio esencial en el procedimiento legislativo.

   &= nbsp;      XIV.- . Los legislado= res consultantes refieren que el Presidente de la Comisión Especial impi= dió que se pudieran conocer y discutir varias enmiendas presentadas por varios diputados referidas a los artículos finales de proyecto de ley, las cuales contenían, en su criterio, aspectos esenciales que fueron poco debatidos durante el trámite del proyecto de ley. De forma tal que el Presidente de la Comisión ordenó que las mociones pendientes fueran votadas en bloque sin discusión alguna y sin lectura del contenido de la moción. Asimismo, cuestionan que el Presidente de la Comisión le negó el uso de la palabra y el derecho a apelar al diputado Rafael Elías Madrigal y procedió a levantar la sesi&= oacute;n. Consideran que esa disposición infringió el principio de igualdad. Cabe resaltar, nuevamente, que según el trámite especial previsto a la luz de la aprobación de una moción de orden vía artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se dispuso lo siguiente: “Una vez firme la resolució= n emitida por la Presidencia sobre la admisibilidad, las mociones de fondo pasará= n a conocimient= o de la Comisió= n Dictaminadora= de forma inmediata, la cual deberá rendir un informe al Plenario dentro de los ocho dí= as naturales siguientes a la recepción de las mociones.  Más adelante se= ñala lo siguiente: <= /i>Vencido el plazo para rendir el informe, si quedaran mociones pendientes de conocimiento, se tendrá= por ampliado a= utomá= ticamente el pl= azo para rendir el informe, las mociones pendientes se tendrá= n por discutida= s y procederá= la Comisió= n a votar una p= or una. Las mociones de revisión que deb= an conocerse durante la prórroga tampoco serán discutidas= . Las mociones conocidas durante la última sesión deberán revisarse en esa misma sesión, de manera tal que todo lo actuado qu= edará= en firme en esa sesió= n.<= /i>. Ahora bien, de= la lectura de la Sesión No. 91 de la Comisión Especial, realizad= a el 12 de diciembre de 2007 se desprende que en esa fecha, sea, cuando se cumplieron los ocho días naturales correspondientes, se termin&oacut= e; la discusión de todas las mociones de fondo pendientes y, de seguido= , se continuó con la votación de las mociones de revisión, = que no debían ser discutidas nuevamente. Se determinó, inclusive,= que se concluyó la votación de todas las mociones de fondo y de revisión, pero la Comisión accedió a realizar un receso pues se manifestó la intención de algunos legisladores de presentar más mociones de revisión. Efectivamente, se recibie= ron dos mociones de revisión más, las que se sometieron a votaci&= oacute;n por parte de la Comisión. Luego, se otorgó la palabra al Dipu= tado Solís Bolaños, quien se manifestó en relación al contenido del proyecto y, posteriormente, se dio por finalizada la sesi&oac= ute;n. No consta de modo alguno, que se haya restringido o negado el uso de la pal= abra al diputado Rafael Elías Madrigal, ni que se haya levantado en forma irregular la última sesión de la comisión dictaminador= a. En consecuencia, del atento examen de las actas de la sesión en cues= tión, no se acredita ninguno de los vicios apuntados por los legisladores consultantes. 

   &= nbsp;      XV.- .  Los diputados consultantes cuestio= nan que en la Sesión Extraordinaria No. 33 de 14 de febrero de 2008, el Presidente del Directorio procedió a dar por discutido el proyecto de ley No. 16.398, en contravención a lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, cuestionan q= ue no le preguntó al pleno si se había discutido el proyecto y, = por ende, no brindó el plazo prudencial para darlo por discutido. Lo anterior, en su criterio, produjo una denegación arbitraria del uso = de la palabra de la diputada Andrea Morales Díaz. Sobre el particular, = se acredita que en el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 33 de 13 de febrero de 2008, hubo amplia participación de los diputados en relac= ión al proyecto de ley en consulta. A folio 14198 consta que el Presidente del Directorio anunció al plenario que se había agotado la lista = de oradores que se estaban refiriendo al fondo del proyecto. Posteriormente, solicitó la palabra el Diputado Rafael Elías Madrigal Brenes = y se le concedieron dos minutos para su exposición. Posteriormente, el Presidente del Directorio acreditó que ningún otro Diputado h= abía solicitado el uso de la palabra y, en consecuencia, se tuvo por cerrada la discusión. El malestar de la diputada, Morales Díaz, surge porque, en su criterio, no se le permitió hacer uso de la palabra an= te el Plenario para referirse al fondo del proyecto de ley. Sin embargo, en cr= iterio de este Tribunal Constitucional es claro que la intención del Presid= ente del Directorio fue dar por discutido el proyecto, en razón que ning&= uacute;n otro diputado había solicitado, oportunamente, referirse al proyecto= . Lo anterior, a la luz de la tramitación del proyecto de ley de conformi= dad con el procedimiento especial ex artículo 208 bis del Reglamento de = la Asamblea Legislativa. Nótese, que el acuerdo aprobado por una mayor&= iacute;a calificada de la Asamblea indicó lo siguiente No obstante la Presidencia podr<= i>á= dar por discut= ido el proyecto en el momento en que ningún Diputado solicite el uso de la palabra<= /i> (ver folio 8282= de la copia del expediente legislativo, tomo XXIII). Así las cosas, la actuación del Presidente del Plenario se ajustó al procedimie= nto previsto. En consecuencia, no se observa ningún vicio sustancial que haya vulnerado, respecto a este extremo, el procedimiento legislativo.

      =       SOBRE EL RECHAZO UNILATERAL DEL RE= CURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. Como último punto por la forma, los legisladores consultantes refieren que el Presidente del Directo= rio denegó, en forma arbitraria, el derecho a la apelación de la propia Diputada Morales Díaz y el legislador Salazar Rojas, quienes apelaron la decisión del Presidente de dar por discutido el proyecto= de ley. Pese a lo que se indicó en el considerando anterior en relaci&o= acute;n a la legitimidad del procedimiento empleado para dar por cerrada la discusi= ón del proyecto, conviene analizar por aparte el tema de la inadmisibilidad de= la apelación presentada. Del análisis del acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa por una mayoría calificada para aplicar un procedimiento especial, no se desprende una norma específica que reg= ule la tramitación de los recursos de apelación. En razón = de lo anterior, lo propio es analizar la actuación impugnada a la luz d= e lo dispuesto en forma genérica por el Reglamento de la Asamblea Legislativa. El artículo 156 del Reglamento de la Asamblea Legislati= va dispone lo siguiente:

 

ARTICULO 156.  Apelación

    &= nbsp;     El diputado tiene derecho a apelar de las resoluciones del Presidente de la Asamblea, inmediatamente después de emitidas, en cuyo caso la votación se recibirá después de la intervención del apelante y de la defensa que haga= el Presidente acerca de su resolución.

    &= nbsp;     La apelació= n prosperará= por mayorí= a de los votos = de los diputados presentes.  Tant= o el apelante como el Presidente podrán hacer uso de la palabra por un término improrrogable de hasta treinta minutos.

    &= nbsp;     Una vez terminada la intervención de ambas partes, la Asamblea votará el asunto en discusió= n.”<= /i>

 

En relación al agravio que se examina se demostró que, efectivamente, el recurso de apelación interpuesto por la legislador= a no fue sometido a votación por parte del Plenario, tal y como lo prev&e= acute; la norma de cita, sino que, fue desestimado en forma unilateral por parte d= el Presidente del Directorio, al estimar que la apelación era improcede= nte. A folio 14202 consta la apelación presentada por la diputada Morales= Díaz y el diputado Salazar Rojas que dice Con fundamento en el artículo 156 del Reglamento de la Asamblea Legislativa apelo la decisión de la Presidencia de la Asamblea Legislativa de dar por discutido el Proyecto de Ley número 16.398 sin haberse agotado la lista de oradores y po= r no haber dado el tiempo prudencial exigido por el Reglamento de la Asamblea Legislativa<= /i>.  Por su parte, el Presidente del Directorio indicó No acepto esta apelación, esta apelación no es de recibo, el proyecto ya se ha= bí= a dado por discutido cuando se apuntó la diputada Andrea Morales, por favor, dé= jeme terminar y, por lo tanto, no acepto la apelación. Seguidamente,= en la referida sesión se sometió a votación una moci&oacu= te;n de orden para que la votación fuera nominal y fue desestimada. Posteriormente, se votó por el fondo el proyecto de ley y nunca se sometió a consideración del Plenario la apelación presentada (ver folios 14202-14224 de la copia del expediente legislativo). Este Tribunal Constitucional, con redacción del Magistrado ponente, = se ha referido a la denegación arbitraria del derecho a la apelaci&oacu= te;n, lo cual, constituye un vicio esencial del procedimiento legislativo. En sentencia No. 2007-2901 de las 17:30 hrs. de 28 de febrero de 2008, se disp= uso lo siguiente:

 

 <= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>“<= /i>VII.- DENEGACI&= Oacute;N ARBITRARIA DEL DERECHO DE APELACIÓN DE LOS DIPUTADOS AFECTADOS POR LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA QUE RECHAZÓ AUTOMÁTICAMEN= TE MOCIONES DE FONDO. Exponen los consultantes que en la Sesió= n de Comisió= n No. 6 del 29 = de enero del 2007 dos Diputados presentaron recurso de apelació= n contra la resolució= n que dispuso tramitar en bloque las mociones de fondo presentadas por é= stos al Plenari= o y rechazar otras, siendo que la Presidencia se negó a admitir la presentació= n de los recurs= os de apelació= n. Estima este Tribunal Constitucional que tal extremo del iter legislativo sí= constituye, a todas luces, un claro y evidente vicio sustancial, puesto que, como se ha s= eñ= alado reiteradamente en esta sentencia un instrumento fundamental para actuar y potenciar el derecho de enmienda de los Diputados y de respeto de las minor= í= as -como manifestaciones del principio democrático-, lo constituye la posibilidad de recurrir las decisiones de la presidencia de la Comisión dictaminadora, tal y como lo dispone = el artí= culo 5, inciso = f) -aplicable al trámite en plenari= o, artí= culo 6, inciso = d)- del procedimiento especial aquí consultado, medio de impugnación cuya procedencia le corresponde determinar a la Comisión dictaminadora para que luego se pronuncie el Plenario. = Pese a que el procedimiento especial dispuesto contempla, expresamente, el derec= ho de apelació= n de los Diputa= dos de las resoluciones de la presidencia de la Comisión y del Plenario (artí= culos 5, inciso= f, y 6, inciso m), es lo cierto que, incluso, en los procedimientos legislativ= os ordinarios, el derecho a recurrir de las resoluciones del presidente de una comisió= n, cuando se es= time que existen irregularidades o disconformidades con el ordenamiento jurí= dico, es un deb= er de los Diputados miembros de aquella, según lo establece el artí= culo 5, inciso = 6), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, principio que se reitera, para e= l trá= mite ante el Plenario, en el ordinal 156 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Bajo esta inteligencia, el derecho a recurrir de los Diputados de las resoluciones de la presidencia de la Comisión o del Plenario para lograr una eventual rectificación de lo dispuesto es u= n trámite de carácter sustancial, cuya inobservancia o infracción provo= ca, ineluctablemente, un vicio de la misma naturaleza. Sobre este ext= remo de la consulta, se indica que en la Sesión Ordinaria No. 6 de 29 de enero de 200= 7 de la <= /i>Comisió= n especial que estudiará= y dictaminará= todos los proyectos de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa<= /i>, los Diputados Merino del Rí= o y Madrigal Br= enes interpusieron sendos recursos de apelación contra la resolució= n de la Preside= ncia de la Comisió= n que decidió= tramitar en bl= oque las mociones de fondo presentadas por esos legisladores en el Plenario y tenerlas por desechadas en su gran mayoría. Señalan los consultantes que la Presidenta= de la Comisió= n se neg= ó= a admitir los recursos de apelación y darles el t= rá= mite respectivo= . En efecto, segú= n se desprende = del acta de la Sesión Ordinaria No.= 6 de la Comisió= n Especial refe= rida (visible a folios 438-525 del Tomo II del Expediente Legislativo No. 16521)= , al dar inicio é= sta, la Preside= ncia hizo referencia a las 63 mociones de fondo recibidas en el Plenario y expus= o el procedimiento legislativo pertinente para tramitarlas, para lo cual aludió= al art<= i>í= culo 6, incisos= c) y h), de la moción de orden apro= bada en la Sesió= n del Plenario Legislativo No. 137 de 22 de enero de 2007 -procedimiento especial dispuesto conforme al artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa para proceder a la reforma del ordina= l 41 bis-, en el sentido que () Los Diputados solo podrá= n presentar una moció= n por inciso del proyecto<= /i> y que <= i><= /i>Cuando un Diput= ado presente má= s de una moció= n por un mismo inciso, la presidencia tramitará únicamente la que fue presentada de primero teniendo por rechazada las restantes<= /i>, as<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>í= como las facultades de la Presidencia, contenidas en el artículo 5, incisos a) y b), para ordenarla= s en orden ascendente del articulado y agruparlas cuando tengan í= ntima conexidad, identidad en el contenido,  se= an razonablemente equivalentes o reiteración de otras ya resueltas definitivamente= por la Comisió= n.  Acto seguido, la Presidenta de la = comisió= n le solicitó= a los Diputados proponentes de las mociones que indicarán cuál moción se tendría por presentada y cuá= les por retirad= as, ante la norma que establece que sólo cabe una moción por inciso. Asimismo, señaló la Presidencia que en caso de no indicarse cu<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>á= l moció= n se tendrí= a por presentad= a, tramitarí= a la que se hub= iere propuesto de primero, según el sello de recibido y la numeración brindada por la Secretarí= a del Directori= o y, por ú= ltimo, advirti<= /span>ó= que las rechaz= adas podrí= an ser presenta= das ante el Plenario, vía moció= n de reiteraci<= /span>ó= n (folios 442-4= 43, Tomo II del Expediente Legislativo No. 16521).

Después de señalar, por cada inciso, las mociones que tení= a cada Diputado= o Diputada, el legislador Merino del Río manifestó expresamente  <= /i>Yo apelo esa resolució= n de la Preside= ncia de esta Comisió= n, la President= e de esta Comisió= n no est= á= autorizada para calificar las mociones de fondo que presenta cada diputado, eso es una atri= bució= n que le corresponde al Presidente de la Asamblea Legislativa. Usted no tiene competencia para agrupar o declarar improcedentes las mociones presentadas = por nosotros (<= /i>)<= /i> (visible a fol= io 444 Tomo II del Expediente Legislativo No. 16521) y añadió Insisto, quiero que se me reciba la apelació= n correspondien= te, pues siento y no acepto esta clasificación que usted está haciendo, y no acepto retirar en esta Comisió= n ninguna de las mociones que este diputado ha presentado (visible a folio 446 loc. cit.). Ulteriormente, el Diputado Merino del Río manifestó He presentado una moción de apelación, quisiera saber si usted la va a reci= bir o no, señ= ora Presidenta<= /span><= /i> (visible a fol= io 450 loc. cit.), ante lo cual la Presidenta le señaló lo siguiente No señor Diputado, no la recibo (visible a folio 451 loc. cit.). Finalmente, el Diputado Merino del Río le requirió a la Presidenta de la Comisión () una reconside= ració= n de su decisi<= /span>ó= n de no aceptar= me esta apelació= n, porque de lo contrario, yo no podría volver a intervenir en esta Comisión, ni defender ni una sola de mis mocio= nes (<= /i>)<= /i> (visible a fol= io 452 loc. cit.), para lo cual argumentó que sus mociones no versaban sobre un mismo inciso por lo que no eran idé= nticas, puesto = que, se trataba de adiciones, razón por la cual no se podían emplear los criterios de selecció= n y agrupamiento predefinidos en el procedimiento especial (visible a folio 454 loc. cit.).<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>   Del mismo modo, el Diputado Madrigal Brenes  extern= ó= lo siguiente <= /span><= /i>Apelo su decisi= ó= n (<= /i>) y le rogarí= a que me permit= a un receso de unos tres minutos para completarla y plantearla por escrito<= /i> (visible a fol= io 446 loc. ult. cit.), siendo que, ulteriormente, le indicó= a la Presidenta que <= /i>(<= /i>) deber<= i>í= a en aras de que todos quedemos claros, de cuáles son los argumentos para rechazar el recurso de apelac= ió= n que yo he planteado verbalmente, debería usted de emitir una resolución para que al menos sepamos los demá= s diputados, cu= á= l es el razonamiento, porque me parece que hemos señalado razones de fondo en relaci= ó= n con la aplica= ció= n del artí= culo quinto (<= /i>) usted con esa decisió= n que está= tomando, está= afectando mis derechos como diputado y yo le ruego me reciba mi recurso de apelaci= ó= n o me indique especí= ficamente en ra= zó= n de que usted = me la está= rechazando<= /i> (visible a fol= io 456 loc. cit.). El argumento o razonamiento empleado por la Presidenta de la Comisió= n para rechazar= los recursos de apelación interpuestos = por los Diputados Merino del Río y Madrigal Brenes, fue señalar que actuaba ceñida estrictamente al procedimiento espe= cial predefinido o a la legalidad y que, en la aplicación de las normas de aqué= l, no existe ninguna interpretación de su parte s= ino una aplicació= n literal (visi= ble a folios 449-450, 456-457 loc. cit.). Los argumentos manifestados por la Presidenta de la Comisión para el rechazo ad portas de las apelaciones interpuest= as por los Diputados ya mencionados, en criterio de este Tribunal Constitucion= al, no resultan atendibles, por cuanto, uno de ellos -Merino del Rí= o- planteó= una cuestió= n que, efectivamente, no estaba prevista en las regulaciones del procedimiento especial, concretamente, la relativa a las mociones de fondo planteadas ant= e el Plenario tendientes a adicionar los incisos y no a modificarlos, enmendarlo= s o suprimirlos. Este extremo, al configurarse en una laguna del procedimiento especial, dispuesto y aprobado en su momento por una mayorí= a calificada del Plenario, requería, necesariamen= te, que las apelaciones fueran conocidas y resueltas a tenor del trá= mite dispuesto = en el artí= culo 5, inciso = f) de la moció= n de orden apro= bada en la Sesió= n del Plenario = No. 137 de 22 de enero de 2007 -procedimiento especial para la reforma parcial = del artí= culo 41 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa-. Es menester señalar que, independientemente que la ape= lació= n interpuesta p= or algú= n Diputado sea manifiestamente improcedente o impertinente, lo cierto del caso es que, tan= to en los procedimientos ordinarios como en el especial que es objeto de aná= lisis, se prev<= /span>é= ese derecho pa= ra los legisladores, siendo que la Presidencia de la Comisió= n debe apegarse= al trá= mite pautado y = no dictar una resolución de rechazo de plano o ad portas, puesto que, incluso, esta facultad no le fue concedida a= la Presidencia de la Comisión en el supracitado artículo 5°, inciso f), nótese que a tenor de esa norma le corresponde a la Comisión determinar, por mayoría de votos, si resulta admisible la ape= lació= n -previa intervenció= n de apelante y defensa de la Presidencia- para que, finalmente, sea conocida y resuelta po= r el Plenario. Indubitablemente, el rechazo ad portas de las apelaciones interpuestas, con fundamento en el argumento del estricto apego al procedimiento especial y la ausencia de interpretaciones por parte de la Presidencia, quebrantó flagrantemente el principio democrático y los derechos derivados de é= ste tales como = la representació= n, participaci<= /span>ó= n pol= í= tica, derecho de enmienda y respeto de las minorías y se configura, a todas luces, como un vicio sustancial del procedimiento, al haberse omitido el trámite previamente pautado en el artí= culo 5°, inciso f), del procedimiento especial. De otra parte, llama poderosamente la atenci= ó= n que, en ocasiones, la Presidencia de la Comisión invocó y respaldó algunas de sus decisiones en el artículo 5° -Trámite en Comisión-, haciendo uso de la remisi= ó= n expresa conte= nida en el artí= culo 6, inciso = d), del procedimiento especial y, en lo referente a las apelaciones, hizo caso omiso de lo expresamente señalado en el artículo 5, inciso f).

(...)

Por las razones expuestas en el Considerando VII de esta Sentencia -para el caso de lo resu= elto por la Presidencia de la Comisión dictaminadora-, este Tribunal Constitucional considera que el rechazo ad portas de los recursos de apelac= ión interpuestos por varios Diputados y Diputadas constituye un inequívo= co vicio sustancial del trámite o procedimiento legislativo especial, p= or cuanto, como ya se señaló, la apelación es un valioso = instrumento de impugnación para hacer efectivo y actuar el derecho de enmienda de los Diputados y garantizar la participación política  y libre de los grupos minoritarios= en la toma de una decisión legislativa fundamental. A contrapelo d= e lo expresamente dispuesto en el artículo 6, inciso m), del procedimiento especial previamente aprobado y pautado, la Presidencia del Plenario rechazó de plano los recursos de apelació= n interpuestos, pese a que se planteaban agravios y argumentos de relevancia tales como la = inaplicació= n de la parte f= inal del inciso e) de ese numeral, habida cuenta que las mociones de reiteració= n propuestas versaban sobre extremos no previstos, puesto que, pretendí= an adicionar al= guna norma conexa y congruente con la iniciativa discutida. El inciso m) del art= í= culo 6° es sumamente c= laro al garantizarle a los Diputados la posibilidad de apelar las resoluciones d= el Presidente de la Asamblea, cuando se estimen irregulares o ilegí= timas, siendo q= ue la potestad de pronunciarse sobre su procedencia o inadmisibilidad recae en= el Pleno y no en el Presidente, de modo que es a ese órgano colegiado al que le compete determinar su procedencia o pertinencia, para que, finalmente, el recurso s= ea conocido y resuelto, también, por el Pleno. Consecuentemente, los argumentos vertidos por el Presidente de la Asamblea para rechazar ad portas las apelaciones -a= pego estricto a las normas del procedimiento especial, sin interpretació= n alguna- resul= tan, a todas luces, jurídicamente improcedentes e inválidos.<= /i> (Lo resaltado = no corresponde al original).

 

En consecuencia, al existir una laguna normativa en el acuerdo que p= autó el procedimiento especial, en lo tocante a la tramitación de los recursos de apelación, lo procedente era seguir el trámite previsto en forma genérica en el Reglamento de la Asamblea Legislati= va. Sin embargo, en el caso concreto se demostró que si bien se present&= oacute; el recurso de apelación y se le concedió la palabra a la legisladora, lo cierto es que su disconformidad no se sometió a valo= ración por parte del Pleno de la Asamblea. Así las cosas, se lesionó= el derecho a la apelación de la diputada referida, pues no result&oacut= e; legítimo que el Presidente del Directorio rechazara en forma unilate= ral el recurso de apelación presentado, con lo cual se produjo un vicio esencial del procedimiento legislativo.&nb= sp;

 

 

XVII.- EN RELACI&Oacut= e;N CON LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Como<= span style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast= -font-family: "Times New Roman";color:windowtext;mso-ansi-language:ES-CR;mso-no-proof:yes= '> primer agravio = por el fondo los legisladores consultantes refieren que el proyecto de ley apro= bado en primer debate violenta el principio de reserva de ley en la regulaci&oac= ute;n de los derechos fundamentales. Señalan que el proyecto crea una habilitación genérica al Poder Ejecutivo para regular la comunicación de los particulares y produce una deslegalizació= n de materias reservadas a la ley. El artículo 28 de la Constitució= ;n Política dispone lo siguiente:

 

Artículo 28.

Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifesta= ció= n de sus opinio= nes ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden pú= blico, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.

No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda polí= tica por clé= rigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.<= /i>

 

La jurisprudencia emanada por este Tribunal Constitucional ha sido reiterada en manifestar que el ar­tícu­lo 28 de la Cons­= ti­tu­ción Po­lí­ti­ca consagra tres va­lo­res fun­da&s= hy;men­ta­les del Es­ta­do de De­re­cho cos­ta­rri­cen­se= : a) el prin­ci­pio de li­ber­tad que en su vertiente positiva i= m­pli­ca el de­re­cho de los particulares a ha­cer to­do a­que&s= hy;llo que la ley no pro­hí­ba y, en la ne­ga­ti­va, la= pro­hi­bi­ción de in­quie­tar­los o per­se­guir­los por la ma­= ni­fes­ta­ción de sus o­pi­nio­nes o por ac­to al­gu­no que no in&= shy;frin­ja la ley; b) el prin­ci­pio de re­ser­va de ley, en vir­t= ud del cual el ré­gi­men de los de­re­chos y li­ber= ­ta­des fun­da­men­ta­les só­lo pue­de ser re­gu= ­la­do por ley en sen­ti­do for­mal y ma­te­rial, no por re&sh= y;gla­men­tos u o­tros ac­tos nor­ma­ti­vos de ran­go in­fe&s= hy;rior y c) el sis­te­ma de la li­ber­tad, con­for­me el c= ual las ac­cio­nes pri­va­das que no da­ñen la mo&sh= y;ral, el or­den pú­bli­co o las bue­nas cos­tum­br= es y que no per­ju­di­quen a ter­ce­ros es­tán fu= e­ra de la ac­ción, in­clu­so, de la ley. Las consecuencias de este régimen han sido desarrolladas por este Tribunal Constitucional= , así, por ejemplo, en la sentencia No. 3550-1992 de las 16:00 hrs. de 24 de no&sh= y;viem­bre de 1992, al señalar lo siguiente:

 

(...) XIV - Por o­tra par­te, tan­to el prin­ci­= pio co­mo el sis­te­ma de la li­ber­tad im­po­nen u= ­na se­rie de con­se­cuen­cias for­ma­les y ma­te&s= hy;ria­les directamen­te a­pli­ca­bles al ca­so en es­tu­d= io, vin­cu­la­das to­das e­llas al 'prin­ci­pio ge&= shy;ne­ral de le­ga­li­dad', que es su con­tra­par­ti­da n= e­ce­sa­ria, con­sa­gra­do y re­co­gi­do es­pe­cial­= men­te en los ar­tí­cu­los= 11 de la Cons­ti­tu­ción y de la Ley Ge­ne­ral de la Ad­mi­nis&s= hy;tra­ció= n Pú= ­bli­ca= , a­sí= :

'Ar­tícu­lo 11 (Cons­= ;ti­tu­ción Po­lí­ti­ca)

Los fun­cio­na­rios pú­bli­cos son sim­ples de­po­si&s= hy;ta­rios de la au­to­ri­dad y no pue­den a­rro­gar­se fa= ­cul­ta­des que la ley no les con­ce­de. De­ben pres­tar ju­ra­= ;men­to de ob­ser­var y cum­plir es­ta Cons­ti­tu­ció= n y las le­= yes. La ac­ció= n pa­ra e&s= hy;xi­gir­les la res­pon­sa­bi­li­dad pe­nal de sus ac­tos es= pú= ­bli­ca= ';

'Ar­tícu­lo 11 (Ley G&sh= y;ral. de la Ad­món. Pú­bli­ca)

1. La Ad­mi­nis­tra­ció= n Pú= ­bli­ca= ac­tua­rá= so­me­= ti­da al or­de­na­mien­to ju­rí­di­co y só­lo po­dr&aacu= te; re­a­li­zar a­que­llos ac­tos o pres­tar a­= que­llos ser­vi­cios pú­bli­cos que au­to­ri­ce d= i­cho or­de­na­mien­to, se­gún la es­ca­la je­rár­qui­ca de sus fuen­tes.

2. Se con­si­de­ra­rá= au­to­= ri­za­do el ac­to re&= shy;gla­do ex­pre­sa­men­te por nor­ma es­cri­ta, al me&sh= y;nos en cuan­to a mo­ti­vo o con­te­ni­do= , aun­que s= e­a en for­ma im­pre­ci­sa';prin­ci­pio de le­ga&sh= y;li­dad con­di­cio­na­do, a su vez, en relación con el ré­gi­men de las li­ber­t= a­des y de­re­chos fun­da­men­ta­les, por el de 're­s= er­va de ley', de­ri­va­do de a­quél, se­gún el cual, conforme a la mis­ma Ley= Ge­ne­ral:

'Artículo 19

“1. El ré­gi­men ju­rí­di­co de los = de­re­chos cons­ti­tu­cio­na­les es­ta­rá re­se= r­va­do a la ley, sin per­j= u­cio de los re­gla­men­tos e­je­cu­ti­vos co­rre= s­pon­dien­tes.

“2. Que­dan pro­hi­bi­dos = los re­gla­men­tos au­tó­no­mos en es­ta ma­te­ria'.

XV - Lo an­te­rior da lu­gar a = cua­tro co­ro­la­rios de la ma­yor im­por­tan­cia pa&sh= y;ra la co­rrec­ta con­si­de­ra­ción de la pre­sen­te ac­ció= n de in­con= s­ti­tu­cio­na­li­dad, a sa­ber:

a) &= nbsp;    En pri­mer lu­gar, el prin­ci­pio mis­mo de 're­ser­va de ley', del cual re&s= hy;sul­ta que so­la­men­te me­dian­te ley for­mal, e­ma&s= hy;na­da del Po­der Le­gis­la­ti­vo por el pro­ce­di­= ;mien­to pre­vis­to en la Cons­ti­tu­ción pa­ra la e­mi­sió= n de las le­= ;yes, es po­si­ble re­gu­lar y, en su ca­so, res­trin­= ;gir los de­re­chos y li­ber­ta­des fun­da­men­t= a­les -to­do, por su­pues­to, en la me­di­da en que la na­= ;tu­ra­le­za y ré= ­gi­men= de é= s­tos lo pe= r­mi­ta, y den­tro de las li­mi­ta­cio­nes cons­ti­tu&sh= y;cio­na­les a­pli­ca­bles-;

b) &= nbsp;    En se­gun­do, que só­lo los re­gla­men­tos e­je­cu&sh= y;ti­vos de e­sas le­yes pue­den de­sa­rro­llar los pre­cep­tos de <= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>é= s­tas, en&s= hy;ten­dié= n­do­se= que no pue­de= n in­cre­men­tar las res­tric­cio­nes es­ta­ble­ci­das ni cre&sh= y;ar las no es­ta­ble­ci­das por e­llas, y que de­ben re= s­pe­tar ri­gu­ro­sa­men­te su 'con­te­ni­do e­s= en­cial'; y

c) &= nbsp;     En ter­ce­ro, que ni a­un en los re­gla­men­tos e­= je­cu­ti­vos, mu­cho me­nos en los au­tó­no­mos u o­tras nor­mas o ac­tos de = ran­go in­fe­rior, po­drí­a vá­li­da­men­te la ley de­le­gar la de­ter= ­mi­na­ción de re­gu­la­cio­nes o res­tric­cio­nes que s&oa= cute;­lo e­lla es­tá ha­bi­li­ta­da a im­po­n= er (…)

d) &= nbsp;    Finalmente, que to­da ac&= shy;ti­vi­dad ad­mi­nis­tra­ti­va en es­ta ma­te­ria es n= e­ce­sa­ria­men­te re­gla­da, sin po­der o­tor­gar­se a la Ad­mi&= shy;nis­tra­ció= n po­tes&sh= y;ta­des dis­cre­cio­na­les, por­que és­tas im­pli­ca­rí= ­an ob­= via­men­te un a­ban­do­no de la pro­pia re­ser­va de ley. (...= )<= /i>

 

En consecuencia, so­la­men­te me­dian­te ley for= ­mal, e­ma­na­da del Po­der Le­gis­la­ti­vo por el pro­ce­di­mien­to pre­vis­to en la Cons­ti­= tu­ción pa­ra su e­mi­sión, es po­si­ble re­gu­l= ar y, en su ca­so, res­trin­gir los de­re­chos y li­be= r­ta­des fun­da­men­ta­les; sin embargo, es lícito que los re= ­gla­men­tos e­je­cu­ti­vos de e­sas le­yes de­sa­rro&sh= y;llen sus pre­cep­tos, siempre y cuando no incrementen las res­tric&s= hy;cio­nes es­ta­ble­ci­das ni impongan otras nuevas. En el caso concr= eto, observa este Tribunal que el agravio formulado por los legisladores consultantes es absolutamente abstracto, por cuanto, no especifican a cu&aa= cute;les derechos fundamentales se refieren o cuáles, en su criterio, no reci= ben una regulación suficiente. En esa tesitura, conviene realizar un rep= aso de los contenidos del proyecto Ley General de Telecomunicaciones” para determinar si llevan razón los consultantes. En primer términ= o, debe resaltarse que, precisamente, uno de los objetivos de la ley tal y com= o se detalla en el artículo 2° es garantizar el derecho de los habitantes= a obtener servicios de telecomunicaciones, en los términos establecidos en esta ley<= i><= /i>. Asimismo, uno= de los principios rectores en el que se sustenta la normativa es el = <= /i>Beneficio del usuario<= /i> que se define = de la siguiente manera en el numeral 3°, inciso c), del proyecto de ley: <= /span>

 

Beneficio del usuario: establecimiento de garantí= as y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de ma= nera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elecció= n y a un trato equitativo y no discriminatorio

 

Asimismo, dicho numeral en el inc= iso j) dispone que uno de los principios rectores es la privacidad de la inform= ación de los clientes, la cual, se procura tutelar a la luz de lo dispuesto en el= artículo 24 de la Constitución Política y del derecho a la autodetermi= nación informativa desarrollado por la jurisprudencia constitucional de la siguien= te forma:

 

Privacidad de la información: obligación de los operadores y proveedores, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, así= como proteger = la confidencialidad de la información que obtengan de sus clientes, o de otros operadores, con ocasió= n de la suscrip= ció= n de los servic= ios, salvo que estos autoricen, de manera expresa, la cesión de la información a otros entes, públicos o privados.

 

Asimismo, en relación a la prestación efectiva y oportuna de los servicios de telecomunicacione= s, el artículo 6 consagra una definición de acceso universal que involucra los derechos de los usuarios:&nb= sp;

 

Acceso universal: derecho efectivo al acceso de servicios= de telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso colectivo a costo asequible y a = una distancia razonable respecto de los domicilios, con independencia de la localizació= n geogr<= i>á= fica y condici<= /span>ó= n socioeconó= mica del usuari= o, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.

 

Más específicamente= , el Título II del proyecto se denomina, precisamente,  Régimen de Garantías Fundamentales, en el que se enfatizan los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad en relación a la prestac= ión del servicio de telecomunicaciones. Así, por ejemplo, el artí= culo 32, inciso c), dispone lo siguiente:

 

Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, població= n ind= í= gena, escuelas y colegios pú= blicos, así= como centros de salud pú= blicos.<= i><= /i>

 

Asimismo, el Capítulo II se denomina “Régimen de protección a la intimidad y Derechos del Usuario Final” cuya finalidad es desarrollar el régimen de privacidad y de protecci&oacu= te;n de los derechos e intereses de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Así, retoma el tema de la protección de la privacidad de los clientes, así como la tutela a su derecho a la autodeterminación informativa, que, hasta la fecha, no había recibido una regulación específica, sino que su amparo se hab= ía dado por vía jurisprudencial a través de los pronunciamientos= de este Tribunal Constitucional. Los artículos 42 y 43 regulan lo siguiente:

 

ARTÍCULO 42.- = ;        Privacidad de las comunicaciones y protección de datos personales. 

 Los operado= res de redes pú= blicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al pú= blico, <= b>deberán garantizar el secreto de las comunicacione= s, el derecho a la intimidad y la protección de los datos de cará= ;cter personal de los abonados y usuarios finales, mediante la implementaci&oacut= e;n de los sistemas y las medidas técnicas y administrativas necesarias<= /span>.  Estas medidas de protecció= n ser= á= n fijadas reglamentariamente por el Poder Ejecutivo.

 Los operado= res y proveedores deberán adoptar las medidas té= cnicas y administrativas idóneas para garantizar la seguridad de las redes y sus servicios. En caso de que el operador conozca un riesgo identificable en la seguridad de la red, deberá= informar a la Sutel y a los usuarios finales sobre dicho riesgo.

Los operadores y proveedores deberán garantizar que las comunicaciones y l= os datos de trá= fico asociados a ellas, no será= n escuchadas, gravadas, almacenadas, intervenidas ni vigiladas por terceros sin su consentimiento, salvo cuando se cuente con la autorizació= n judicial correspondiente, de conformidad con la ley.

 

ARTÍCULO 43.-  Datos de tráfico y localización

Los datos de tráfico y de localización relacionados con los usuarios finales que sean tratados= y almacenados bajo la responsabilidad de un operador o proveedor, deberá= n eliminarse o hacerse anó= nimos cuando no sean necesarios para efectos de la transmisión de una comunicación o para la prestació= n de un servici= o.

Los datos de tráfico necesarios para efectos de la facturació= n de abonados y= los pagos de las interconexiones, podrán ser tratados hasta la expiración del plazo durante el cual pueda impugnarse, legalmente, la factura o exigirse el pago.

Los datos de localización podrán tratarse solamente si se hacen anó= nimos o previo consentimiento de los abonados o usuarios, en la medida y por el tiempo necesario para la prestación de un servicio.

 

En criterio de este Tribunal Constitucional, el hecho que se delegue= en el Poder Ejecutivo la determinación de las medidas técnicas y administrativas necesarias para asegurar el secreto de las comunicaciones, = el derecho a la intimidad y la protección de los datos de caráct= er personal de los abonados y usuarios finales, no infringe el Derecho de la Constitución, pues, es evidente que la consagración de los derechos viene establecida por una ley y el desarrollo de esas normas y los detalles operativos, en especial, las medidas técnicas y administrat= ivas para asegurar su tutela, puede estar librado a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. En consecuencia, este Tribunal Constitucional entiende que= no existe inconstitucionalidad, siempre y cuando, se entienda que lo que desarrollaran las normas reglamentarias son cuestiones meramente operativas= .  Adicionalmente, el artículo= 45 del proyecto de ley consultado enumera una serie de derechos de los usuarios finales de las telecomunicaciones, previendo, incluso, que le corresponder&= aacute; a la Superintendencia de Telecomunicaciones la vigilancia para que los operadores y los proveedores de servicios ofrezcan a los usuarios finales c= on discapacidad, acceso a los servicios regulados en la ley en condiciones que= no les resulten discriminatorias. Se procede a detallar la lista de los derech= os que se consagran para los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público:

 

1)    Solicitar y recibir información veraz, expedi= ta y adecuada sobre la prestación de los servicios regulados en esta Ley y el r= é= gimen de protec= ció= n del usuario final.

2)    = ;  Elegir y cambiar libremente al proveedor de servicio.

3)    = ;  Autorizar previamente el cambio de proveedor de servicio.

4)    = ;  Recibir un trato equitativo, igualitario y de buena fe de los proveedores de servic= ios.

5)    = ;  Recibir el servicio en forma continua, equitativa, así como tener acceso a las mejoras que el proveedor implemente, para ello pagará el precio correspondiente.

6)    = ;  Acceder gratuitamente a los servicios de emergencia, cuando se trate de servicios de telefoní= a o similares.<= /span>

7)    = ;  Recibir oportunamente la factura mensual del servicio, en la forma y por el medio en que se garantice su privacidad.

8)    = ;  Poder elegir entre facturas desglosadas o no desglosadas de los servicios consumi= dos.

9)    = ;  Recibir una facturació= n exacta, veraz= y que refleje el consumo realizado para el período correspondiente, para lo cual dicha facturació= n deber<= i>á= elaborarse a partir de una medición efectiva.

10)    Recibir una facturació= n exacta, clara= y veraz en cuanto a cargos por mora y desconexión.

11)    Obtener la pronta corrección de los errore= s de facturació= n.

12)    Elegir el medio de pago de los servicios recibidos.

13)    Recibir servicios de calidad en los términos estipulados previamente y pactados con el proveedo= r, a precios asequibles.

14)    Conocer los indicadores de calidad y rendimiento de los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.

15)    Disponer gratuitamente de una guía telefónica nacional y de un servicio nacional de informació= n de voz, sobre= su contenido.

16)    Solicitar la exclusió= n, sin costo alguno, de las guías de abonados disponibles al público, ya sean impresas o electrónicas.  Los abonados podrá= n decidir cuá= les datos personales se incluyen, así como comprobarlos, corregirlos o suprimirlos.

17)    Mantener los nú= meros de telé= fono sin menosc= abar la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando cambie entre proveedores de servicio similares.

 18)   Usar igual nú= mero de dí= gitos para acce= der a un servicio similar de telecomunicaciones, independientemente del proveed= or del servicio que haya elegido el usuario final.

 19)   Ser informado por el proveedo= r, oportunamente, cuando se produzca un cambio de los precios, las tarifas o l= os planes contratados previamente.

 20)   Ser informado claramente sobr= e los plazos de vigencia de las ofertas.

 21)   No ser facturado por un servi= cio que el usuario final no ha solicitado.

 22)   Obtener respuesta efectiva a = las solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán ser presentadas por el usuario por el medio de su escogencia.

 23)   Ser informado oportunamente d= e la desconexió= n de los servic= ios.

 24)   Obtener una compensaci= ó= n por la interr= upció= n del servicio = por faltas atribuibles al proveedor.

 25)   Solicitar la detenció= n del desví= o autom<= i>á= tico de llamada= s a su terminal por parte de un tercero, sin costo alguno.

 26)   Impedir, mediante un procedim= iento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la presentaci<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>ó= n de la identificació= n de su lí= nea al usuario = que le realice una llamada.

 27)   Impedir, mediante un procedim= iento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes, así= como rechazar = las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada.

 28)   Acceder a la informaci= ó= n en idioma esp= añ= ol.

 29)   Los demás que se establezcan en el ordenamiento= jurí= dico vigente.<= /i>

 

A la luz del análisis minucioso del contenido del proyecto de ley, se desprende que no existe tal infracción al principio de reser= va de ley en relación a la regulación de los derechos fundamenta= les, pues es claro que su contenido procura consagrar a nivel legislativo una se= rie de derechos que deben ser asegurados por los proveedores de los servicios p= úblicos de telecomunicaciones.

 

XVIII.- SUPUESTA NEGAC= IÓN DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE CONTRATACIÓN PRIVADA. Con relaci&oac= ute;n a este extremo cabe aclarar que en el proyecto de ley, aprobado en primer debate, que es consultado el ordinal que regula los “Acuerdos de acce= so e interconexión” lo es el 60 y no el 66. Se aduce por los consultantes que la norma propuesta resulta contraria a los ordinales, 28, = 45 y 46 de la Constitución, en cuanto se le otorgan potestades a la SUTEL para sustituir la voluntad de los sujetos de Derecho privado. En criterio de este Tribunal Constitucional la norma propuesta no infringe el Derecho de la Constitución, dadas las competencias o atribuciones conferidas a la SUTEL como órgano de la ARESEP encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, el cual incluye, desde luego, el extremo relativo al r&= eacute;gimen de acceso e interconexión, incluso, entre sujetos de Derecho privado. Resulta plenamente congruente con el Derecho de la Constitución que = el órgano encargado de tan delicada labor se imponga del contenido y los alcances de tales negociaciones privadas entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones, pudiendo adicionar, eliminar o modificar las clá= usulas contractuales necesarias para conformar el acuerdo con el marco de regulaci= ón pública establecido en el proyecto de ley. Es menester agregar que de acuerdo con el artículo 4° del proyecto de ley consultado, se propone que ese cuerpo legislativo tenga carácter de orden pú= blico, esto es, que se trata de ius cogens o derecho irrenunciable y de aplicación obligatoria sobre cualquier estipulación contractual en contrario, incluso para los operadores privados que explotan redes de telecomunicacion= es. Sobre el particular, nótese, incluso, que el numeral 28 de la Consti= tución Política dispone que las acciones privadas están fuera de la = acción de la ley, en tanto no lesionen el orden público. Las potestades que tiene la SUTEL de conocer el contenido de los acuerdos de acceso e intercon= exión -incluso entre los operadores privados que explotan redes de telecomunicaci= ones a través una concesión o autorización-, de modificarlo= s, definirlos provisionalmente y  publicitarlos, resultan absolutamente congruentes con el acceso universal que pretende el proyecto de ley con el propósito de lograr= los fines de la universalidad o democratización, solidaridad, transparen= cia y beneficio al usuario en el acceso a los servicios de telecomunicaciones p= or todas las personas, principios rectores que se propone cumplir el proyecto = de ley y que, resultan, conformes con el Derecho de la Constitución.

 

XIX.- PRESUNTA INFRACC= IÓN AL DEBER DE CONTRIBUIR CON LOS GASTOS PÚBLICOS. En opini&oacut= e;n de los consultantes el artículo 2, inciso h), del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en cuanto dispone que uno de sus objetivos es incentivar la inversión en el sector de telecomunicaciones mediante = un marco jurídico que no fomente el establecimiento de tributos<= /i>, resulta inconstitucional en cuanto contraría las normas constitucionales que establecen la potestad tributaria y el deber de contribuir con los gastos p= úblicos (artículos 18, 50, 74, 121, inciso 13, 140, inciso 7), al promover q= ue las empresas de telecomunicaciones no contribuyan con la carga tributaria, = lo cual constituye un privilegio arbitrario y una discriminación abusiv= a. Sobre este extremo de la consulta, debe señalarse que el artí= culo 2, inciso h), enuncia un objetivo o fin que es evitar establecer una carga tributaria considerable que desestimule la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones. Se trata de un lineamiento que habr&aacut= e; de ser desarrollado por la legislación y regulación que se establezca sobre el particular que puede tenerse como una medida o pol&iacu= te;tica de fomento de la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones y que, por consiguiente, resulta congruente con el art&i= acute;culo 50 de la Constitución que le impone a los poderes públicos el deber de estimular la producción en el marco de una economía concertada. No puede estimarse que ese derrotero legislativo suponga una exoneración general, arbitraria y discriminatoria para un sector de empresas que intervendrán en el mercado de las telecomunicaciones. De otra parte, debe tomarse en consideración que para lograr el acceso y servicio universales y la solidaridad a través del FONATEL (art&iacu= te;culos 32 y 35), los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y l= os proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público deberán pagar una contribución especial parafiscal (art&iacut= e;culo 39 del proyecto), justificada en el beneficio individualizable para é= ;stos por la maximización en el uso de las redes públicas y el incremento de usuarios de servicios y que recae sobre los ingresos brutos devengados. Debe tomarse en consideración que esa contribución especial parafiscal es una especie de la figura genérica de los tributos, con lo cual no puede estimarse que esas empresas operadoras o proveedoras se encuentran sustraídas del deber constitucional de contribuir con los gastos públicos.

      =     En criterio de los consultantes,= el proyecto de ley infringe los principios de un adecuado reparto de la riquez= a, la justicia social y la solidaridad con lo que resulta contrariada la cl&aa= cute;usula del Estado social de Derecho, al ser afectados los sectores socialmente desprotegidos o en desventaja, al convertir las telecomunicaciones en una mercancía y despojar ese segmento del carácter de servicio p&= uacute;blico. En  opinión de este Tri= bunal Constitucional el proyecto de ley consultado no infringe los principios de = la justicia social, la solidaridad, el adecuado reparto de la riqueza y la protección de los grupos en desventaja o vulnerables, por el contrar= io, a lo largo de su contenido se encuentra la reafirmación de tales pri= ncipios y valores constitucionales. En efecto, el artículo 2°, en sus incisos b) y c), indica que, entre sus objetivos se encuentran, respectivamente, los siguientes Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de telecomunicaciones y Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad = de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran<= /i>. De otra parte, entre los principios rectores del proyecto de ley figuran la universalidad = en el acceso, la solidaridad, precios asequibles, no discriminación y t= rato equitativo de los usuarios, así el artículo 3°, señ= ;ala lo siguiente:

“ARTÍCULO 3.-  Principios rectores

 La presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores:

a)    Universalidad: prestació= n de un mí= nimo de servici= os de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del pa= í= s, sin discrimi= nació= n alguna en condiciones adecuadas de calidad y precio.

b)   Solidaridad:establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real= de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especial= es a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones = vulnerables.

c)    Beneficio del usuario: establecimiento de garantí= as y derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de ma= nera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad de elecció= n y a un trato equitativo y no discriminatorio.

()<= /i>

En el numeral 6, relativo a las definiciones, se precisan conceptos directamente vinculados a la justicia y solidaridad sociales, para actuarlo= s en aras de realizar la cláusula del Estado social de Derecho, así= ; se define el acceso universal como el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaci= ones disponibles al público en genera= l, de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto de = los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones<= /i>, la agenda de solidaridad digital como el  <= /span><= /i>conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a garantizar el desarrol= lo humano de las poblaciones económicamente vulnerables, proporcionándoles acceso a las TICs<= /i> y el servicio universal como derecho al acce= so a un servicio de telecomunicaciones disponible al público que se presta en cada domicilio, = con una calidad determinada y a un precio razonable y asequible para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica y condición socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en = el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones. El artíc= ulo 22, párrafo 1, inciso c), al regular las causales de resolució= ;n de las concesiones, prevé como tal el Incumplimiento en el pago de la contrib= ució= n al Fondo Naci= onal de Telecomunicaciones y de las obligaciones  impuestas de acceso, servicio univ= ersal y solidaridad<= /i>. El artí= culo 25, párrafo b), inciso 3), dispone que las autorizaciones caducan po= r <= /i>Negarse a contribuir al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), as<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>í= como el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones de acceso, servicio universal y solidaridad que le hayan sido impuestas. El Título II del proyecto= de ley denominado Ré= gimen de garant= í= as fundamentale= s<= /i>, tiene el Cap&= iacute;tulo I intitulado “ACCESO UNIVERSAL, SERVICIO UNIVERSAL Y SOLIDARIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES<= /i>, los art&iacut= e;culos 31, 32, 33 y 34 disponen lo siguiente:

“(…)

ARTÍCULO 31.- = ; Servicio, acceso universal y solidaridad

El presente capítulo establece los mecanismos de financiamiento, asignaci= ó= n, administraci= ó= n y control de = los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad.  A la Sutel, le corresponde garantizar que los operadores y proveedores cumpla= n lo establecido en este capítulo y lo que reglamentariamente se establezca.

ARTÍCULO 32.- = ; Objetivos del acceso universal, servicio universal y solidaridad=

 Los objetivos fundamentales del r= é= gimen de acceso universal, servicio universal y solidaridad son los siguientes:

a)    Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del paí= s donde el cost= o de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable.

b)    Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y= a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del paí= s que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos.

c)     Dotar de servicio= s de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, pers= onas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud pú= blicos.<= span lang=3DES style=3D'font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:windowtext'>

d)    Reducir la brecha digit= al, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de = la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectivi= dad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acc= eso y servicios de banda ancha.

 ARTÍCULO 33.- Desarrollo de objetivos de acce= so universal, servicio universal y solidaridad

 Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, definir las metas y las prioridades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en el artículo anterior.  Con este fin, dicho Plan deberá contener una agenda digital, como un elemento estraté= gico para la generació= n de oportunida= des, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de= la sociedad de la información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital.

          = La Sutel establecerá las obligacion= es; y tambié= n definirá= y ejecutará= los proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.

ARTÍCULO 34.- = ; Creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones

Créase el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), como instrumento de administraci<= /span>ó= n de los recurs= os destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en esta Ley, así= como de las me= tas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.

(<= /i>)<= /i>

Como ya se apuntó, el artículo 39 crea una contribuci&= oacute;n especial parafiscal a cargo de los operadores y proveedores para financiar = el FONATEL y cumplir así con  los objetivos y fines de acceso y servicios universales y solidarida= d, siendo que el párrafo in fine del ordinal propuesto estipula que la recaudación de la contribución especial parafiscal no podr&aa= cute; tener <= /i>(<= /i>) un destino aj= eno a la financiación de los proyec= tos de acceso, servicio universal y solidaridad que se ejecuten con cargo a Fonatel, que constituyen la razón de ser de esta contribución parafiscal . Dentro de las obligaciones de = los operadores y proveedores, figuran entre otras, la siguiente (artículo 49, inciso 2°): Cumplir las obligaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad que les correspondan, de conformidad con esta Ley.=   Finalmente, el Transitorio VI prevé que el primer Plan nacion= al de desarrollo de las telecomunicaciones debe contener un mínimo de m= etas y prioridades sobre acceso y servicios universales y solidaridad que ser&aa= cute; el siguiente:

“1)    Servicio universal.

 a) &= nbsp; Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicació= n fija. La cone= xió= n debe ofrecer = al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telef= ó= nicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.

 b) &= nbsp; Que todos los usuarios finales puedan contar con acceso a Internet de banda anc= ha, posibilitando, a mediano plazo, el uso de tecnologías inalámbricas en las comunidades donde los co= stos para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura es elevada.

 c) &= nbsp;  Que se ponga a disposición de los abonad= os al servicio telefónico una guí= a telef<= i>ó= nica y se actualice, como mínimo, una vez a= l añ= o. Asimismo, qu= e se ponga a disposición de todos los usuarios finales, un servicio de información general sobre números de abonados. Todos los abonados al servicio telefó= nico disponible= al pú= blico tendrá= n derecho a fig= urar en dicha guí= a y conforme a = las normas que regulan la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad.