Exp: 04-006216-0007-CO

Res: 2004-07532

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diecisiete horas con tres minutos del trece de julio del dos mil cuatro.-

Recurso de amparo interpuesto por WILBERTH PEREZ PEREZ, cédula de identidad número 7-084-254, vecino de San José, a favor de CECILIA ARIAS y SHIRLEY ACUÑA SOTO contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:45 horas del 25 de junio de 2004, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta, en resumen: Que las amparadas presentan severos problemas de salud, al punto de que requieren de un transplante de hígado, motivo por el cual, las autoridades médicas competentes, oportunamente recomendaron su internamiento, a efecto de brindarles los tratamientos médicos que requieren en aras de conservar sus vidas mediante mecanismos que solo los brinda la Institución recurrida. Que en la actualidad, las amparadas se encuentran hospitalizadas desde hace varios meses, en espera de que la Caja reactive el programa de transplantes de hígados, para poder así someterlas a ese programa. Que no obstante, dichas autoridades tienen suspendido ese programa desde hace más de un año, en virtud de lo cual, no se está brindando dicho servicio, cometiéndose así una negligencia en perjuicio de la vida de las amparadas. Que resulta de importancia señalar que estando en espera de la reactivación de dicho programa, ya falleció un paciente que también requería de dicho programa. Que la amparada Arias está en pleno sufrimiento de las secuelas que causa su enfermedad, sin embargo, en la entidad recurrida se le ha informado que debe esperar a que se reactive el programa de cita, lo cual, puede llevar más de tres meses, en tanto, su estado de salud, empeora día con día. Por lo expuesto, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que ello implique.

2.- Informa bajo juramento Judith Reyes Castillo, en su calidad de apoderada especial judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social (folio 010), que solicita que se acumule el presente recurso al expediente número 04-006297-0007-CO, a efecto de que se tramiten conjuntamente y se resuelvan en un mismo acto, por cuanto existe identidad de sujetos, objeto y procesos. Indica que las amparadas de este caso figuran como parte dentro del proceso que antes indicó, y que ambos recursos se encuentran en la misma etapa, lo cual cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 125 del Código Procesal Civil. Agrega que fundamenta su solicitud de acumulación en el principio de economía procesal y de celeridad. Afirma que este asunto reviste gran complejidad por abarcar la participación de distintos hospitales, todo lo cual imposibilita que la Institución recurrida pueda brindar un informe detallado de los hechos en un plazo tan reducido como el concedido en el auto de curso. Por lo anterior solicita que se le autorice a rendir el informe solicitado dentro del plazo que se conceda para contestar el expediente número 04-006297-0007-CO, dado que éste último contiene mayor cantidad de hechos y la participación de tres hospitales nacionales.

3.- En resolución dictada por el Magistrado Instructor, a las 9 horas del 5 de julio de 2004 (folio 013), se prorrogó el plazo para que la accionada rindiera el informe y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le ordenó a la Institución recurrida, tomar todas las providencias necesarias para reactivar inmediatamente el programa de transplantes de hígado.

4.- Alberto Sáenz Pacheco, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, rindió el informe ordenado (folio 014), y en lo esencial dijo, que según la epicrisis de las amparadas, elaborada por su médico tratante, el Dr. Alberto Martén Obando, Gastroenterólogo del Hospital México, se indica que las pacientes ingresaron al hospital por padecimientos distintos al problema hepático y no para ser transplantadas y además, se indica que se dieron de alta y que su estancia fue de días y no de meses; que únicamente la señora Cecilia Arias Ávila ha sido valorada por una comisión técnica y es candidata a un transplante, no así el caso de Shirley Acuña, quien no ha sido valorada por ninguna comisión y no puede considerarse candidata; que el Programa de Transplante de órganos en la Caja, inició formalmente desde 1991, con el acuerdo de Junta Directiva y se trata de un proyecto progresivo, que requiere capacitación del personal, equipamiento de las instalaciones y recurso económico entre otros aspectos, a los que se ha venido atendiendo diligentemente para garantizar procedimientos quirúrgicos de transplantes que beneficien la calidad de vida del paciente receptor; que las razones del fallecimiento del señor Ronald Rodríguez Mora, técnicamente no pueden imputarse a la accionada, que en todo momento le brindó el tratamiento médico requerido para sus padecimientos y nunca el transplante de hígado requerido; que la Caja no ha negado a las amparadas en ningún momento el transplante de hígado, pero existen limitantes técnico-médicas; que a lo anterior debe agregarse que existe un factor totalmente imprevisto, a saber, que exista un donante muerto que sea compatible con el receptor para realizar la cirugía; que el momento para efectuar una cirugía de transplante de hígado es totalmente imprevisible para la recurrida, ya que se debe esperar a que aparezca un donante muerto que sea compatible en diversos aspectos médicos con el paciente receptor; que se comprobó por la epicrisis elaborada por el médico tratante de las recurrentes, que ingresaron al Hospital México, por razones distintas a su padecimiento hepático y no con fines de ser transplantadas, resultando con ello falsos los hechos atribuidos a su representada y totalmente desproporcionada e irracional la pretensión, ya que no depende de los médicos de la Caja la obtención de un hígado en el tiempo y las condiciones que requieren las amparadas. Finalmente, solicita que se declare sin lugar el recurso, por cuanto no existe violación a los derechos fundamentales de las amparadas.

5.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de esta Sala, a las 14:05 horas del 07 de julio de 2004 (folio 071), el recurrente solicitó que de conformidad con el artículo 41 de la Ley de esta Jurisdicción, se ordenara a la recurrida que las amparadas sean hospitalizadas inmediatamente a la espera del órgano a transplantar. Alegó que no debía tenérseles en su casa para que en caso de que apareciera un donador, “iniciar a la carrera el proceso quirúrgico”.

6.- En memorial recibido mediante fax en la Secretaría de esta Sala, a las 15:20 horas del 8 de julio de 2004 (folio 074), el Presidente Ejecutivo de la Institución accionada comunicó que la Junta Directiva de la recurrida, dictó una serie de medidas en relación con el presente asunto, mediante la resolución adoptada en el artículo 6º de la sesión número 7871 del 8 de julio de 2004.

7.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. En criterio del recurrente, las dos amparadas tienen problemas severos de salud al haberse comprobado, médicamente, que requieren de un transplante de hígado, siendo que, actualmente, se encuentran esperando la reactivación del “Programa de Transplantes de Hígados” de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual, según afirma, está suspendido desde hace más de dos años y que se les ha informado que deben esperar tres meses para su reanudación, a lo cual se debe agregar el lapso que llevan en espera. De la misma forma, estima que a las amparadas debe brindárseles los tratamientos médicos adecuados para preservar su vida y aliviar sus padecimientos. Estima infringidos los ordinales 21 de la Constitución Política y 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo se tiene por acreditado el siguiente elenco: 1) La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la Sesión No. 6552 del 5 de septiembre de 1991, artículo 28°, dispuso lo siguiente: “(…) la Junta Directiva –por unanimidad- define como política que el programa de transplante de corazón estará adscrito al Hospital México, el programa de transplante de hígado al Hospital Calderón Guardia y el programa para transplantes en niños al Hospital Nacional de Niños” (visible a folios 68 e informe a folio 15). 2) En septiembre del 2003 la Unidad de Transplante, Departamento de Cirugía, del Hospital Nacional de Niños, emitió un protocolo para el transplante hepático en adultos denominado “Necesidades Organizacionales para establecer un programa de transplantes hepático en adultos en la Caja Costarricense de Seguro Social”, con motivo de un transplante hepático exitoso practicado en el Hospital México con el apoyo del equipo del primer nosocomio indicado (visible a folios 49-67). 3) El 5 de mayo del 2004 la Subgerencia Médica de Hospitales Nacionales de la CCSS y las Direcciones Generales de los Hospitales México y Nacional de Niños celebraron una “Acta de entendimiento y compromiso sobre el transplante del paciente Señor Rodríguez Mora 1-757-863 internado en el Hospital México” para practicarle, en el Hospital México, los más pronto posible el transplante que requería (visible a folios 45-47). 4) En el acta No. 4 del 3 de junio del 2004 del Programa de Transplante Hepático en Adultos uno de los participantes (Dr. José Mainieri Hidalgo, Jefe de la Sección de Cirugía del Hospital Calderón Guardia) manifestó que “(…) el Hospital Calderón Guardia ha perdido la credibilidad en éste tipo de procedimientos al haber estado sin realizarlos durante éstos 4 o 5 años por lo tanto solicita: 1. que la Sub Gerencia junto con el HNN (Hospital Nacional de Niños) los evalúen en cuanto a la capacidad organizativa que actualmente cuenta el Hospital (…) 4. comenta el surgimiento de focos de oposición interna negativos (…)” (visible a folios 38-39). 5) La Gerencia de División Médica de la CCSS dipuso el 25 de junio del 2004 que la Dirección del Hospital Rafael Angel Calderón Guardia debía acatar lo acordado por la Junta Directiva de esa entidad el 5 de septiembre de 1991 con el apoyo brindado por el equipo de expertos del Hospital Nacional de Niños y siguiendo el protocolo que ha venido utilizando este último. 6) La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la sesión No. 7871 del 8 de julio del 2004, dispuso “1. Declarar de interés institucional, a cargo de la Gerencia de la División Médica, quien dispondrá de todos los recursos institucionales necesarios, el programa de transplantes de hígado dotándolos de los recursos necesarios dentro del marco presupuestario establecido (…) 2. Conformar un grupo director para este programa, el cual estará dirigido por los doctores Gerardo Mora Badilla y María Amalia Matamoros (líderes del grupo de transplantes del Hospital de Niños) (…) Este grupo se reunirá todas las semanas a partir de la próxima e iniciará los procedimientos para reanudar el programa de transplantes de hígado (…) 3. El grupo director decidirá cuál o cuáles hospitales participaran en la solución urgente y a mediano plazo de este problema (…) 4. El grupo director debe iniciar un proceso para establecer un programa permanente de transplantes de hígado en el centro hospitalario que reúna las mejores condiciones de organización y planta física (…) 7. Esta resolución deroga los acuerdos y disposiciones anteriores relacionados con el tema. ACUERDO FIRME.” (visible a folios 75-78). 7) Las pacientes Cecilia Arias y Shirley Acuña Soto requieren con urgencia un transplante de hígado (actas del Programa de Transplante de Hepático en Adultos Números 3 del 31 de mayo del 2004, 4 del 3 de junio del 2004 y 5 del 9 de junio del 2004, visibles a folios 37-41).-

 

III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para resolver el presente proceso se tiene por indemostrado el siguiente: UNICO.- Que la Caja Costarricense de Seguro Social y sus diversos órganos hayan implementado y ejecutado eficaz y eficientemente el programa permanente de transplante de hígado en adultos, establecido en la sesión de la Junta Directiva No. 6552 del 5 de septiembre de 1991, artículo 28.

IV.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ADMINISTRATIVAS. La Constitución Política, en su parte orgánica, recoge o enuncia algunos principios rectores de la función y organización administrativas, que como tales deben orientar, dirigir y condicionar a todas las administraciones públicas en su cotidiano quehacer. Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos –todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda organización y función administrativa. La eficacia como principio supone que las organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular.

V.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas –incluidos los asistenciales o sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° de la Ley General de la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene también esa jerarquía. Como veremos en el considerando subsiguiente nuestro texto fundamental recoge como derecho fundamental de las personas el del buen funcionamiento de los servicios públicos, consecuentemente los principios que informan los servicios públicos en cuanto hacen efectivo tal derecho tienen un rango constitucional. El ordinal 4° de la Ley General de la Administración Pública dispone claramente que “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios o beneficiarios”. La continuidad supone que la prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc.. Cualquier actuación –por acción u omisión- de los funcionarios o imprevisión de éstos en la organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público es abiertamente antijurídica. La regularidad implica que el servicio público debe prestarse o realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el primer concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con apego a las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo cambio en el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de previsión y, sobre todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda del servicio público o bien por los cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se encuentran en una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su obligatoriedad, puesto que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera que se lo requiera.

VI.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a la salud.

VII.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios, sobre todo cuando éstos sufren de padecimientos o presentan un cuadro clínico que demandan prestaciones positivas y efectivas de forma inmediata. Evidentemente, tratándose de pacientes que precisan de un transplante de hígado, cualquier retraso puede, eventualmente, comprometer seriamente su salud y su vida al ponerlas en serio riesgo y peligro. Pacientes de esta índole, no pueden sometidos a ningún trámite burocrático previo o lapso de espera, puesto que, por la naturaleza de su dolencia deben ser objeto de una atención inmediata y célere que les aumente y refuerce sus probabilidades y expectativas de vida. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

VIII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).

 

IX.- DESCOORDINACION INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACION, GESTIÓN, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE TRANSPLANTE DE HIGADOS EN ADULTOS. El punto medular en el sub judice es determinar si ha existido, por parte de la entidad de la seguridad social recurrida inercia, omisión o descoordinación para la puesta en marcha o ejecución del programa de transplantes de hígado en adultos. Está fehaciente e idóneamente demostrado en autos que desde el 5 de septiembre de 1991 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social definió como una política institucional un programa de transplante de hígado en adultos, siendo que el mismo fue, explícitamente, adscrito al Hospital Calderón Guardia (Sesión No. 6552 del 5 de septiembre de 1991, artículo 28). Asimismo, consta en autos que una de las críticas de los propios miembros de Programa de Transplante Hepático en Adultos, lo fue la pérdida de credibilidad en este tipo de procedimientos del Hospital Calderón Guardia y que “ha estado sin realizarlos durante éstos 4 o 5 años”, tanto que, incluso, se solicitó evaluar la capacidad organizativa actual de ese nosocomio (Acta No. 4 del 3 de junio del 2004, visible a folios 38-39). Existen otros elementos de convicción que le permiten a este Tribunal concluir que, efectivamente, ha existido una descoordinación institucional en el manejo y ejecución del programa de transplantes de hígado en adultos, tanto es así que el protocolo elaborado por el equipo de especialistas del Hospital Nacional de Niños en septiembre del 2003, según se desprende de su resumen ejecutivo (visible a folio 51), fue elaborado con motivo de un transplante exitoso a una paciente en el Hospital México, de otra parte, consta que la subgerencia médica de la CCSS y las direcciones generales de los hospitales Nacional de Niños y México, rubricaron, el 5 de mayo del 2004 una “acta de entendimiento y compromiso” para practicarle al paciente Ronald Rodríguez Mora ese procedimiento quirúrgico, circunstancias todas que ponen en evidencia una clara falta de coordinación, puesto que, por acuerdo de la Junta Directiva de la entidad recurrida del 5 de septiembre de 1991 el programa había sido adscrito el Hospital Calderón Guardia y no al México. Finalmente, después de haber sido adoptada la medida cautelar por el Magistrado instructor y ponente de ordenarle a la Caja Costarricense de Seguro Social “TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA REACTIVAR INMEDIATAMENTE EL PROGRAMA DE TRANSPLANTES DE HIGADO” de las 9 horas del 5 de julio del 2004 (notificada ese mismo día), el Presidente Ejecutivo de la entidad le comunicó, por fax del 8 de julio (visible a folios 74-75), a esta Sala que la Junta Directiva en la Sesión No. 7881 del 8 de julio, artículo 6°, adoptó un acuerdo en los siguientes términos: “1. Declarar de interés institucional, a cargo de la Gerencia de la División Médica, quien dispondrá de todos los recursos institucionales necesarios, el programa de transplantes de hígado dotándolos de los recursos necesarios dentro del marco presupuestario establecido (…) 2. Conformar un grupo director para este programa, el cual estará dirigido por los doctores Gerardo Mora Badilla y María Amalia Matamoros (líderes del grupo de transplantes del Hospital de Niños) (…) Este grupo se reunirá todas las semanas a partir de la próxima e iniciará los procedimientos para reanudar el programa de transplantes de hígado (…) 3. El grupo director decidirá cuál o cuáles hospitales participaran en la solución urgente y a mediano plazo de este problema (…) 4. El grupo director debe iniciar un proceso para establecer un programa permanente de transplantes de hígado en el centro hospitalario que reúna las mejores condiciones de organización y planta física (…) 7. Esta resolución deroga los acuerdos y disposiciones anteriores relacionados con el tema. ACUERDO FIRME.”. Este acuerdo de Junta Directiva constituye un reconocimiento tácito e indirecto de la descoordinación institucional existente en lo que atañe a la puesta en marcha y ejecución del programa de transplantes de hígado en adultos, puesto que, se conforma un nuevo grupo director, asignándosele la tarea de decidir cuál o cuáles hospitales participarán en la solución urgente y a mediano plazo del problema, con lo cual se reconoce la falta de definición, después de más de doce años, del o de los hospitales encargados del mismo, asimismo, se dispuso “iniciar un proceso para establecer un programa permanente de transplantes de hígado en el centro hospitalario que reúna las mejores condiciones de organización y planta física”, con lo cual se admite que el programa ha sido discontinuo o episódico y administrado de acuerdo con verdaderas situaciones de urgencia crítica. Finalmente, el referido acuerdo dispuso derogar los acuerdos y disposiciones anteriores referidos al tema del programa de transplantes, con lo cual queda en evidencia la incapacidad institucional para implementar y ejecutar un programa que fue instituido más de doce años atrás.

X.- INFRACCION DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE EFICACIA Y EFICIENCIA Y DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA Y SALUD DE LOS PACIENTES ADULTOS EN ESPERA DE UN TRANSPLANTE DE HIGADO. La constatación de la descoordinación institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social en la administración y gestión adecuadas de un programa de transplantes de hígados en adultos (recursos humanos debidamente capacitados, infraestructura adecuada, instrumental tecnológico idóneo, medicamentos apropiados), vulnera flagrantemente los principios constitucionales de la eficacia, eficiencia, continuidad y regularidad en la prestación de los servicios públicos, puesto que, esa institución a lo largo de doce años no ha sabido ejecutar e implementar racional y certeramente un programa de una modalidad terapéutica de primer orden para garantizarle a los pacientes o asegurados ( usuarios del servicio público) que presenten una hepatopatía terminal un tratamiento adecuado, con los estándares y resultados necesarios para asegurarles y garantizarles el goce y disfrute de derechos fundamentales básicos de éstos tales como la vida, la calidad y aumento de las expectativas de ésta, la salud e integridad física. De igual forma, los derechos fundamentales indicados de los pacientes y la garantía al buen funcionamiento de la seguridad social, hacen absolutamente indispensable reducir razonablemente a su mínima expresión la lista de espera para obtener un transplante de hígado. Cuando se hace referencia a la mínima expresión este Tribunal se refiere a que el único factor que puede, razonablemente, retrasar esta modalidad terapéutica es la disponibilidad de un donante cadavérico.

XI.- ATENCION CONTINUA DE LAS AMPARADAS. Las amparadas, Cecilia Arias y Shirley Acuña Soto, según se desprende de las propias actas del Programa de Transplante Hepático en Adultos (actas No. 3 del 31 de mayo del 2004, visible a folios 40-41, No. 4 del 3 de junio del 2004, visible a folios 38-39 y 5 del 9 de junio del 2004, visible a folio 37), requieren con urgencia de una cirugía de transplante de hígado, razón por la cual, la Caja Costarricense de Seguro Social y sus diversas instancias deben tomar las providencias necesarias a efecto de brindarles, en tanto no se practique esa modalidad terapéutica, la atención médica inmediata y adecuada tanto externa como interna cuando así lo exijan las condiciones de salud de éstas y las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y técnica médicas para asegurarles su vida, calidad, y expectativa de éstas, salud e integridad física.

XII.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto se impone declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto, con las órdenes y consecuencias legales indicadas en la parte dispositiva.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de amparo. Se le ordena al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Dr. Alberto Sáenz Pacheco, o a quien ocupe el cargo lo siguiente: a) Reiniciar inmediatamente el programa de transplante de hígado en adultos; b) tomar todas las providencias administrativas necesarias para gestionarlo, implementarlo y ejecutarlo de forma permanente, eficaz, eficiente, continua y regular garantizándole a los pacientes que presentan una hepatopatía terminal sus derechos fundamentales a la vida, aumento de la calidad y expectativa de ésta, salud e integridad física; c) reducir a su mínima expresión la lista de espera de los pacientes adultos que deben ser objeto de un transplante de hígado y d) brindarle a las amparadas Cecilia Arias y Shirley Acuña Soto, hasta tanto no se les practique la modalidad terapéutica de transplante de hígado, si así lo ameritan, la atención médica inmediata y adecuada tanto ambulatoria o interna cuando así lo exijan las condiciones de salud de éstas y las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y técnica médicas para asegurarles su vida, aumento de la calidad y expectativa de ésta, salud e integridad física. Se le advierte al Dr. Alberto Sáenz Pacheco o quien ocupe su cargo que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense al pago de las costas, daños y perjuicios que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo Contencioso Administrativo. Notifíquese esta sentencia al Dr. Alberto Sáenz Pacheco en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social o a quién en su lugar ejerza el cargo en forma personal. COMUNIQUESE A TODAS LAS PARTES.

 

 

 

Luis Fernando Solano C.

Presidente

 

 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

 

 

 

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

 

 

 

Fernando Cruz C. Susana Castro A.

EJL/vcg