Exp: 03-003130-0007-CO

 

Res: 2003-04632

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veintidós minutos del veintisiete de mayo del dos mil tres.-

 

 

      Recurso de amparo interpuesto por Recio Cháves Jorge, portador de la cédula de identidad número 6-160-591, a favor suyo, contra el Director General de Tributación Directa.

     

Resultando:

 

      1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:24  hrs del 27 de febrero de 2003(folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra el Director General de Tributación Directa y manifiesta que desde el 16 de febrero de 1999 labora para el Ministerio de Hacienda. Por resolución N° 1142-2002 de las 9:00 hrs del 17 de diciembre del 2002, se le impuso una sanción de quince días de suspensión, resolución en la que no se le informó de los recursos procedentes, lo plazos para interponerlos y los órganos competentes para resolverlos, lo que en su criterio ha originado una grosera lesión a su derecho de defensa, al omitirse el cumplimiento de  una formalidad sustancial del ordenamiento jurídico. Solicita se anule la referida resolución y se condene al Estado al pago de los extremos legales procedentes.

     

      2.- Adrián Torrealba Navas, Director Genera de Tributación indicó en su informe que efectivamente, mediante resolución  N° 1142-2002 de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2002, se impuso al recurrente una sanción disciplinaria de quince días de suspensión, por haber incurrido en una falta de cierta gravedad. Se le atribuye haber incurrido en desviación de poder, al utilizar los bienes del Estado para su propio beneficio; situación que se presentó cuando acupaba, en forma interina, el cargo de Gerente de la Administración Tributaria de Puntarenas. La resolución indica claramente en el párrafo final del “Por tanto”: “..Contra esta resolución procede la interposición de los recursos ordinarios de ley, según lo que establece la Ley General de la Administración Pública”, consiguientemente, falta a la verdad el amparado cuando indica que no se le indicó cuáles eran los recursos que cabrían contra lo resuelto, el plazo para interponerlos y ante cuál instancia administrativa debía hacerlo, siendo que la resolución es clara al indicar que los recursos que cabrían contra la misma era los ordinarios que establece la Ley General de la Administración Pública y ello es del conocimiento  de todos los funcionarios públicos, quienes no pueden alegar ignorancia de la ley.  Considera importante señalar que el recurrente ha ocupado y ocupa puestos de alta jerarquía dentro de la estructura de la Dirección General de Tributación, y en razón de sus funciones, ha tenido que emitir resoluciones como Gerente de la Administración Tributaria, así como resolver los recursos interpuestos contra esas resoluciones, por lo que es claro que este funcionario se encuentra familiarizado con la normativa aplicable y su etapa recursiva.  Al señor Jorge Recio le fue notificada la resolución que origina este recurso el 09 de enero del 2003 y es hasta el 27 de febrero siguiente –casi dos meses después- que acude ante la Sala alegando la vulneración a su derecho de defensa lo que evidencia que el amparado intenta utilizar la vía del amparo para reabrir plazos fenecidos; cuando lo cierto es que tuvo la posibilidad de oponerse a lo resuelto en su oportunidad procesal, lo que omitió, pretendiendo ahora combatir una resolución firme. Solicita se declare sin lugar el recurso planteado.

     

      3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

     

 

      Redacta el magistrado Jinesta Lobo; y,

     

 

Considerando:

 

      I.- Objeto del Amparo:

     

      Señala el amparado que como la administración omitió indicarle, -en la resolución administrativa que le impuso una sanción-, los recursos procedentes, lo plazos para interponerlos y los órganos competentes para resolverlos, se ha lesionado su derecho de defensa, al omitirse el cumplimiento de  una formalidad sustancial del ordenamiento jurídico.

     

      II. Hechos probados. Se tiene por acreditados los siguientes hechos:

     

a) El amparado ejerció la defensa material en el procedimiento administrativo disciplinario incoado en su contra por la supuesta utilización de bienes del Estado para su propio beneficio cuando se desempeñaba, en forma interina, como Gerente de la Administración Tributaria de Puntarenas (expediente administrativo e informe de folio 09 a 11)

b)

c) El procedimiento administrativo  disciplinario culminó con el dictado de  resolución  N° 1142-2002, de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2002, en que el Director General de Tributación dispuso:  “ Sancionar al funcionario JORGE RECIO CHAVES con la imposición de una suspensión sin goce de salario  por  quince días naturales, al haber incurrido en la comisión de una falta de cierta gravedad. Esta suspensión se hará efectiva del 01 al 015 de marzo del año dos mil tres, ambas fechas inclusive. Contra esta resolución procede la interposición de los recursos ordinarios de ley, según lo establece la Ley General de la Administración Pública.-NOTIFIQUESE.” (folio 127 a 130 del expediente administrativo).

d)

      III.- Hechos no probados:

     

      Único: Se tiene por indemostrado que al amparado tuviera conocimiento de los recursos ordinarios que cabrían contra lo resuelto, el funcionario ante el cual debía interponerlos y el plazo para hacerlo.

     

      IV.- Alcances del artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública. En lo referente a las medios de comunicación de los actos administrativos  -notificación y publicación- debe entenderse que el numeral 245 de la Ley General de la Administración Pública es una norma aplicable a todos los procedimientos especiales por razón de la materia que omitan normar el contenido de la comunicación. El artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública, es una norma de gran trascendencia que tiene sustento en varios principios, algunos, incluso, de profunda raigambre constitucional  como el derecho de defensa que es garantía integrante del debido proceso (artículos 39 y 41 de la Constitución Política), puesto que, si al administrado, en los procedimientos administrativos, no se le exige el patrocinio letrado (artículo 220 de la Ley General de la Administración Pública) lo mínimo que puede hacer la administración pública, en aras de hacer efectivas las garantías mencionadas, es indicarle los recursos procedentes, el órgano que los resolverá y los plazos para interponerlos, sin que la Sala pueda admitir, en este campo, una distinción –ocupar alto cargo dentro de la organización administrativa- que la ley no hace. Conviene resaltar que el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública constituye una proyección o concreción específica de uno de los más relevantes principios rectores del procedimiento administrativo como lo es el informalismo en favor del administrado, el que se encuentra regulado, de forma general, en el ordinal 224 de ese mismo cuerpo normativo. El artículo 335 de la Ley General de la Administración Pública preceptúa, con meridiana claridad, que la comunicación, sea publicación o notificación debe contener lo necesario de acuerdo con el artículo 245 –aunque debe advertirse que la ley hace referencia al ordinal 249, lo que constituye un yerro legislativo, puesto que, esa norma está referida a los requisitos de la citación y no de la notificación o publicación-.

     

      V.- De las lesiones al orden constitucional. En aplicación de los principios de gratuidad (artículo 328 ibídem) e informalismo a favor del administrado (artículo 224 ibídem) que rigen el procedimiento administrativo, el legislador dispuso que el administrado podrá ejercer, optativamente, una defensa material o técnica ante la administración pública (artículo 220 ibídem), lo que significa que sólo en casos excepcionales o extremos -por su complejidad y repercusiones socioeconómicas-, la administración pública puede exigirle patrocinio letrado (defensa técnica). En consecuencia, cuando el administrado ejerce una defensa material, es decir, cuando actúa sin representación o asistido por un abogado que no tiene alguna especialidad académica o experiencia previa e idóneamente comprobada en el ámbito del Derecho Administrativo, la omisión de los recaudos del artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública produce una grosera lesión al orden constitucional. Si al administrado o al representante legal -sin formación académica o experiencia previa e idóneamente comprobada en el campo del Derecho Administrativo- simplemente se les notifica el acto administrativo, y se omite indicarles los recursos procedentes, plazos para interponerlos y órganos competentes para resolverlos, se produce una grosera indefensión al omitirse el cumplimiento de  una formalidad sustancial (artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública), lo adquiere relevancia constitucional. De acuerdo con lo que se ha venido expresando, cuando el administrado ejerza una defensa material -sin representante- o técnica –con patrocinio letrado- bajo las condiciones indicadas la omisión de los requisitos de la comunicación indicados en el artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública produce una grosera lesión al derecho defensa como garantía integrante del debido proceso y como el asunto adquiere relevancia constitucional, puede ser analizada a través del recurso de amparo.

     

      VI.- Caso concreto- En el caso bajo examen, la parte dispositiva de la resolución N° 1142-2002 de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2002, dictada por el Director General de Tributación, se limitó a indicar “Contra esta resolución procede la interposición de los recursos ordinarios de ley, según lo establece la Ley General de la Administración Pública “;  y la Sala estima que la simple indicación que contra esa resolución proceden los recursos ordinarios de ley, constituye una vulneración al derecho de defensa del amparado. Por consiguiente, el  Director General de Tributación Directa debe proceder,  dentro del  término de 24 horas contado a partir de la notificación de ésta sentencia, a adicionar la resolución N° 1142-02 de las 9:00 horas de 17 de diciembre de 2002, e   indicarle al amparado,  de manera expresa, los recursos procedentes contra la sanción que le fue impuesta,  el plazo para interponerlos y los órganos competentes para conocerlos. Se deben reponer los plazos a favor del recurrente,  a partir de la notificación de aquella adición.

 

     

Por tanto:

 

 

Se declara con lugar el recurso por violación al derecho de defensa. El  Director General de Tributación Directa debe proceder,  dentro del  término de 24 horas contado a partir de la notificación de ésta sentencia, a ADICIONAR la resolución N° 1142-2002, de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2002, indicándole al amparado, de manera expresa, los recursos procedentes contra la sanción que le fue impuesta,  el plazo para interponerlos y los órganos competentes para conocerlos. Se condena al Estado al pago de los costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se le advierte al señor Torrealba Navas que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución al señor Torrealba Navas, o a quien ocupe su cargo, EN FORMA PERSONAL, de lo que deberá dejarse constancia.

 

 

 

 

Luis Fernando Solano C.

 

Presidente

 

Carlos M. Arguedas R.     Ana Virginia Calzada M.

 

Adrián Vargas B.     Gilbert Armijo S.

 

Ernesto Jinesta L.     Alejandro Batalla B.