Exp: 03-001024-0007-CO

Res: 2003-02559

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con tres minutos del veinticinco de marzo del dos mil tres.-

Recurso de amparo interpuesto por MARVIN GONZÁLEZ ARAYA, portador de la cédula de identidad número 1-506-128, contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:49 horas del 4 de febrero de este año (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Manifiesta que el 18 de junio del año anterior, le solicitó al Director de Recursos Humanos del ministerio recurrido que se le pagaran los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta su reinstalación. El 1° de noviembre del año pasado, planteó una gestión en igual sentido ante el Director de Asuntos Legales de esa misma entidad. Reclama que han transcurrido más de 7 meses -en el caso de la primera gestión- y 2 meses -en el segundo supuesto- desde que presentó las solicitudes indicadas, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. Estima esta omisión contraria a lo dispuesto en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política y, por consiguiente, solicita se declare con lugar el recurso.

2.- Informa bajo juramento CHRISTIAN MÉNDEZ BLANCO, en su condición de DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (folio 12), que la resolución de la gestión del petente corresponde a la Dirección de Asuntos legales de esa entidad. Por ello, solicita se desestime el recurso planteado, en lo que a él atañe.

3.- Informa bajo juramento JOAQUÍN SOTO MORA, en su condición de DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (folio 13), que el 10 de julio del año anterior, el recurrente planteó un reclamo administrativo para que se le cancelaran los salarios dejados de percibir desde el 1° de noviembre de 2001 al 19 de junio del año pasado. Tal gestión fue presentada en el departamento a su cargo el 1° de noviembre del año anterior. Al respecto, por resolución número 383-03 DM de las 13:00 horas del 6 de febrero del año en curso, se decidió tal asunto, lo cual no le pudo ser comunicado al interesado porque el fax indicado por éste no dio tono. En virtud de lo expuesto, solicita se declare sin lugar este recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Jinesta Lobo; y,

Considerando:

I.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos —situaciones jurídicas sustanciales— (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos —del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante— concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibídem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.

II.- NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada —en un sentido favorable o desfavorable—, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo —fase recursiva—. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979–P del 28 de agosto y 9469–P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes —ordinario, sumario y recursos—, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibídem, dispone un plazo de un mes —a partir de su inicio— para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.

III.- SOBRE EL FONDO. En este caso, ha quedado demostrado que el 18 de junio del año anterior (folio 09), el recurrente planteó ante la Dirección de Recursos Humanos del ente recurrido un reclamo administrativo para el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la de su reinstalación, gestión que reiteró ante la Dirección de Asuntos Legales de tal entidad el 1° de noviembre del año pasado. Al respecto, el amparado considera la falta de contestación a tales gestiones violatoria de su derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. En su defensa, el Director de Recursos Humanos afirma que la Dirección de Asuntos Legales es la encargada de resolver tal tipo de solicitud. Por su parte, el Director de Asuntos Legales manifiesta que no fue sino hasta el 1° de noviembre del año pasado, que el reclamo del petente fue presentado ante tal oficina, cuestión que resolvió a través de la resolución número 383-03 DM de las 13:00 horas del 6 de febrero del año en curso. Para efectos de establecer si el ministerio accionado resolvió la gestión del afectado en un plazo razonable, primero se debe determinar en qué momento la recibió. En este sentido, la Sala tiene por demostrado que el reclamo del recurrente fue presentado el 18 de junio del año anterior. A partir de ese día, la Dirección de Recursos Humanos estuvo en la obligación de trasladar el asunto a la oficina competente y así hacérselo informar al interesado. En efecto, el principio de coordinación obliga al Estado a que sus dependencias adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones con el propósito que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado. En este sentido, aún cuando el planteamiento inicial de un reclamo fuese planteado por el amparado en una oficina sin competencia para resolverlo, esto no exonera a tal dependencia de su obligación de recibir tal gestión, trasladarla a la unidad responsable de su resolución e informarle lo ocurrido al petente. Una actuación contraria dejaría al administrado en una situación de incerteza jurídica e indefensión, pues no tendría conocimiento alguno sobre la tramitación dada a su gestión ni sabría a cuál departamento dirigirse para tener razón sobre el estado de su asunto y así poder demandar la respuesta debida. Con base en lo expuesto y considerando que por resolución número 383-03 DM de las 13:00 horas del 6 de febrero del año en curso, se resolvió el reclamo alegado, este Tribunal constata que el ministerio accionado tardó más de 7 meses en resolver tal asunto, lo que constituye una evidente mora administrativa. La tardanza acaecida no es justificada por las autoridades informantes con ningún tipo de argumento, debido a lo cual la misma se tiene por violatoria del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, contemplado en el artículo 41 constitucional. Ahora bien, dado que el orden constitucional fue restablecido por el ministerio –a través de su pronunciamiento en relación con lo reclamado por el amparado– mientras estaba en curso este recurso, se tiene que declarar con lugar el amparo para efectos de indemnización y costas, según lo regulado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 

Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52 párrafo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, únicamente a los efectos de condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

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Luis Fernando Solano C.

Presidente

 

 

Luis Paulino Mora M. Carlos M. Arguedas R.

 

 

 

Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

 

 

 

Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.