Exp: 02-006335-0007-CO

Res: 2002-08549

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veintinueve minutos del tres de setiembre del dos mil dos.-

Recurso de amparo interpuesto por MONTERO SÁNCHEZ OSCAR, portador de la cédula de identidad número 4-116-617, contra el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (CONESUP).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las nueve horas y treinta y nueve minutos del treinta y uno de julio de dos mil dos (folio 1), el recurrente manifiesta que el CONESUP no ha refrendado su título de Licenciado en la Carrera de Contaduría Pública obtenido en la Universidad San Juan de la Cruz, a pesar de que la solicitud respectiva fue formulada hace más de cinco meses y —según él aduce— cumplía con todos los requisitos de ley. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

2.- Informa bajo juramento Astrid Fischel Volio, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Educación Universitaria Privada (folio 12), que mediante oficio N° CONESUP–DE–221–2002 del nueve de mayo de dos mil dos, suscrito por el Director Ejecutivo de CONESUP, se remitió a los Asesores Institucionales, para su estudio y resolución, varios grupos de expedientes, dentro de los cuales se encuentra el del recurrente. Empero, a la fecha, esos Asesores no han emitido dictamen técnico alguno en relación con el título del accionante. Así las cosas, una vez que se emane el dictamen al que se ha hecho referencia, el CONESUP procederá a dictar la resolución que, en relación con el refrendo solicitado, proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Jinesta Lobo; y,

Considerando:

I.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos —situaciones jurídicas sustanciales— (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios). Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. No debe perderse de perspectiva que el procedimiento administrativo se define como un conjunto de actos —del órgano administrativo director, decisor y del propio gestionante— concatenados y teleológicamente vinculados o unidos que precisan de tiempo para verificarse. Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de los derechos fundamentales de éstos, una ponderación adecuada de los elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados. Precisamente por lo anterior, los procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.

II.- NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZOS RAZONABLES. En materia de procedimientos administrativos, es menester distinguir entre el de naturaleza constitutiva y el de impugnación. El primero tiene como principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva el pedimento formulado por el gestionante o parte interesada —en un sentido favorable o desfavorable—, y el segundo está diseñado para conocer de la impugnación presentada contra el acto final que fue dictado en el procedimiento constitutivo —fase recursiva—. El procedimiento constitutivo puede ser, a modo de ejemplo, los procedimientos ordinario y sumario normados en la Ley General de la Administración Pública o cualquier otro especial por razón de la materia regulado en una ley específica y que sea posible encuadrarlo dentro de las excepciones contenidas en el numeral 367, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública y en los Decretos Ejecutivos números 8979-P del 28 de agosto y 9469-P del 18 de diciembre, ambos de 1978. El procedimiento de impugnación comprende los recursos ordinarios (revocatoria, apelación y reposición) y los extraordinarios (revisión). Para sendos supuestos, y en lo que se refiere a los procedimientos administrativos comunes —ordinario, sumario y recursos—, la Ley General de la Administración Pública establece plazos dentro de los cuales la respectiva entidad pública debe resolver ya sea la petición o solicitud inicial o el recurso oportunamente interpuesto. En efecto, el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación; para la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 ibídem, dispone un plazo de un mes —a partir de su inicio— para su conclusión. En lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2°, fija un plazo de un mes. Cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, se produce un quebranto del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.

III.- En el presente asunto se encuentra plenamente acreditado que, pese a que el catorce de mayo de dos mil uno, la Universidad San Juan de la Cruz remitió ante el Consejo Nacional de Educación Universitaria Privada, tanto el título de Licenciado en Contaduría Pública, como la declaración Jurada que al efecto exige el órgano recurrido, y que, además, el veintiséis de febrero de dos mil dos presentó una copia certificada del expediente administrativo del recurrente ante CONESUP, este último ha tardado cinco meses sin conocer y resolver todavía la solicitud formulada en favor del recurrente, con lo que se ha producido una dilación indebida o retardo que ha vulnerado el derecho fundamental a una justicia administrativa —en vía administrativa— pronta y cumplida, por lo que se impone declarar con lugar el recurso.

Por tanto:

Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ORDENA a Astrid Fischel Volio, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Educación Universitaria Privada, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que en el término improrrogable de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, haga resolver lo que en derecho corresponde en relación con la solicitud de refrendo del título que interesa. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se le advierte a la señora Fischel que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución a la señora Fischel, o a quien ocupe ese puesto en su lugar, EN FORMA PERSONAL.

 

 

 

 

Luis Fernando Solano C.

Presidente

 

 

Carlos M. Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

 

 

 

Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.

 

 

 

Ernesto Jinesta L. Susana Castro A.

191\MEPH\EJL